La directora general adjunta de Censos Económicos y Agropecuarios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Susana Pérez Cadena, dejó al descubierto un secreto durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. Según sus declaraciones, el INEGI tuvo que pagar al crimen organizado para permitir que su personal ingresara a zonas controladas y llevar a cabo las encuestas del Censo Agropecuario 2022.
De acuerdo con Pérez Cadena, el crimen organizado estableció condiciones para permitir la entrada del personal del INEGI, entre ellas, contratar solo a personas conocidas por la población local. Esto implicó diversas estrategias, incluyendo el pago de cifras pequeñas para tener acceso a esas áreas.
La funcionaria también mencionó que, como parte de estas medidas, se contrató personal de las propias zonas para garantizar que conocieran bien a la comunidad y fueran conocidos por ella, aunque esto podría haber implicado riesgos de delincuencia. Incluso reveló que durante el censo, una persona que trabajaba para el INEGI fue secuestrada durante varios días, lo que evidencia las dificultades y peligros que enfrentaron durante el proceso.
Tras las impactantes revelaciones, el INEGI emitió un comunicado en el que reconoció cuatro incidentes en los que se impidió el libre tránsito y 10 retenciones del personal durante el Censo Agropecuario 2022. Afirmó que se actuó de acuerdo con los protocolos establecidos y se priorizó en todo momento la seguridad e integridad física de su equipo de campo.
Señaló que en cada operativo de campo se implementaron acciones preventivas para salvaguardar la seguridad de las y los trabajadores del Inegi como:
1. Se contrata personal de la localidad con la finalidad de generar confianza en la comunidad.
2. Se capacita al personal de campo con protocolos de seguridad que siguen las mejores prácticas en la materia, y que se adaptan en cada operativo de acuerdo con las necesidades del mismo.
3. Se mantiene una estrecha comunicación con las autoridades de los tres ámbitos de gobierno para reforzar la seguridad de nuestro personal.
Este escándalo ha generado preocupación y cuestionamientos sobre la efectividad y seguridad de llevar a cabo este tipo de censos en áreas controladas por el crimen organizado. Las autoridades deberán tomar medidas para evitar situaciones similares en futuros trabajos estadísticos, protegiendo tanto la integridad de los encuestadores como la fiabilidad de los datos recopilados.
