La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado medidas preventivas contra el presidente, Andrés Manuel López Obrador, instándolo a evitar hacer o expresar comentarios de tipo electoral.
Además, se ha solicitado a la Presidencia que elimine del registro de la conferencia mañanera del 26 de julio pasado el segmento en el que el mandatario federal aborda dichos temas.
Los consejeros del INE respaldaron la queja presentada por los partidos PAN y PRD, al considerar que estas acciones podrían comprometer los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad, y podrían llevar a conductas contrarias a la ley que deben prevenirse para no vulnerar los principios constitucionales antes del inicio del proceso electoral de 2024.
La Comisión de Quejas y Denuncias del INE consideró adecuado implementar las medidas solicitadas por el PAN y el PRD, por lo que instruyó a la Presidencia de la República a eliminar de las plataformas y redes oficiales el fragmento de la conferencia mañanera del 26 de julio, donde el presidente difundió diversas encuestas favorables a su partido, Morena.
Claudia Zavala Pérez, presidenta de la Comisión de Quejas, señaló como "delicado" el hecho de que el mandatario federal insista en tocar temas electorales y solicite comprensión de las autoridades para evitar sanciones.
En respuesta a las críticas sobre la aplicación de la ley, Zavala Pérez destacó que muchas de las normas vigentes fueron impulsadas por el propio Presidente de México. Afirmó que el INE y el Tribunal no están imponiendo deberes a los servidores públicos, sino simplemente aplicando lo que establece la Constitución y la ley. Estas reformas surgieron como resultado de la demanda de equidad que el actual presidente presentó en su momento como candidato, y fueron retomadas por la clase política en un consenso para establecer estas reglas.
La presidenta de la Comisión de Quejas enfatizó que la aplicación de medidas preventivas no implica censurar la libertad de expresión del presidente o de cualquier servidor público. Se trata simplemente de cumplir con el deber de imparcialidad inherente a un funcionario de alto rango. El deber de neutralidad busca evitar que el poder gubernamental influya en los procesos electorales, sin menoscabar la libertad de expresión de los servidores públicos, que debe ser protegida con cautela para garantizar la equidad en la contienda electoral.
Zavala Pérez, respaldada por la consejera Rita Bell, llamó a evitar generar tensiones en el sistema electoral y en la sociedad, dado que las contiendas por cargos públicos, que ya son complejas por sí mismas, podrían enfrentar un alto riesgo de reclamaciones debido a las conductas actuales.
