La distribución de 1.7 millones de libros de texto a las escuelas del estado de Coahuila fue detenida y los ejemplares están resguardados en una bodega de la Secretaría de Educación del Estado. Esto se debe a los amparos presentados por la Unión Nacional de Padres de Familia, quienes cuestionan el material académico y piden la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El titular de la dependencia, Francisco Saracho Navarro, anunció que, además de detener la distribución, la Secretaría imprimirá material de apoyo para áreas como español, matemáticas, lectura, escritura y razonamiento lógico, que se redujeron en los planes del gobierno federal.
La Secretaría asegura que actuará conforme a la ley y escuchando las opiniones de la comunidad educativa. Utilizarán recursos jurídicos para revisar el procedimiento y buscar la participación de especialistas en educación, docentes y padres de familia para garantizar la calidad de los planes de estudio y materiales educativos.
El gobierno estatal espera los resolutivos de la audiencia constitucional y se compromete a acatarlos. También se están buscando soluciones técnicas para mantener la calidad de la educación, involucrando a maestros, especialistas y padres de familia.
Entre las observaciones, se destaca la falta del libro "La entidad donde vivo" de tercer grado de primaria, que trata sobre la historia de Coahuila y sus municipios. El estado planea elaborar 56 mil libros de texto para cubrir esta carencia.
En cuanto a la educación sexual, la Secretaría está analizando cómo abordar el tema con la asesoría de expertos y padres de familia, ya que consideran que algunos temas son demasiado explícitos para edades tempranas.
Por otra parte, la legisladora panista Mayra Lucila Valdés González respalda las acciones de la Unión Nacional de Padres de Familia y presentará un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para apoyar sus demandas.
La distribución de libros de texto en Coahuila se encuentra en pausa debido a controversias sobre el material educativo. La Secretaría de Educación buscará resolver los problemas legales y de contenido con la participación de expertos y padres de familia.
