En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado urgente este miércoles.
La petición va dirigida a las instituciones de seguridad mexicanas, con el propósito de que abran su información y contribuyan al esclarecimiento de la alarmante situación de desapariciones en el país, la cual ha afectado a más de 110,000 personas.
El comunicado emitido resalta la importancia de que las instituciones de seguridad e inteligencia se comprometan a proporcionar acceso a la información necesaria para arrojar luz sobre los sucesos relacionados con las desapariciones. La ONU-DH hace énfasis en la necesidad de encontrar a los desaparecidos y llevar a cabo acciones de sanción contra los responsables de estos actos.
Jesús Peña, representante adjunto de la ONU-DH en México, subrayó la importancia de ejercer controles civiles y democráticos sobre las entidades de seguridad e inteligencia. Esto es especialmente relevante ante la evidencia de que, en algunas ocasiones, estas entidades han desviado sus funciones de manera preocupante. Peña declaró que es esencial que dichos aparatos actúen dentro de los límites legales y persigan metas legítimas en su labor.
La cifra de desapariciones en México ha alcanzado niveles históricos, superando los 100,000 casos en el último año. Esta situación refleja una crisis persistente vinculada a la violencia perpetrada por grupos criminales organizados en el país.
Tanto activistas como familiares de las víctimas han denunciado que las Fuerzas Armadas y otras instituciones de seguridad han obstaculizado las investigaciones destinadas a esclarecer estos hechos. Este tipo de obstáculos también se observó en el caso emblemático de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
En un contexto adicional, la renuncia de Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la semana pasada generó controversia. Se alega que su dimisión se debió a presiones ejercidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador para alterar el registro de desapariciones. No obstante, el Gobierno ha negado tales acusaciones.
La ONU-DH reconoció los avances que México ha logrado en términos normativos e institucionales en relación con este tema. Sin embargo, recalcaron la importancia de la participación plena de las entidades de seguridad e inteligencia en estos esfuerzos, superando cualquier resistencia para colaborar con las instancias especializadas encargadas de abordar las desapariciones.
Finalmente, la agencia de las Naciones Unidas hizo un llamado a preservar la integridad de todos los archivos, registros y bases de datos fundamentales para asegurar los derechos de las víctimas. Esto fue subrayado previamente por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada durante su visita a México en noviembre de 2021.
