Los gemelos involucrados en la agresión al universitario Ernesto Calderón en la Estrella de Puebla han sido liberados de prisión y se les ha otorgado arresto domiciliario, según la decisión de la justicia local. Esta medida ha generado controversia y preocupación por parte de la defensa legal de la víctima, que planea apelar esta determinación.

Los dos jóvenes inculpados, Luis Alberto y Francisco Rodolfo, quienes se entregaron a las autoridades hace algunas semanas después de permanecer prófugos, continuarán su proceso judicial en sus hogares bajo la supervisión de la policía.

La decisión fue tomada durante una audiencia de revisión de medidas cautelares que se llevó a cabo el 22 de octubre en el Centro de Justicia Penal de Puebla. En esta audiencia, el juez a cargo argumentó que, dado que no existía un riesgo de muerte inminente, la prisión preventiva implementada desde el principio era excesiva.

Coral Zavaleta Bianquini, la abogada del joven agredido, expresó su desacuerdo con esta decisión y argumentó que va en contra de los intereses de su cliente, ya que existía el riesgo de fuga, ya que los implicados tenían domicilios diferentes.

“Duró siete horas de nuevo la audiencia, nosotros por nuestro trabajo estamos contentos porque nos fue excelente, pero es triste porque tenemos estas autoridades, vamos a combatir este resolutivo con el medio legal correspondiente, ellos mientras se van a quedar en su casa con los policías vigilándolos”, dijo la abogada.

Es importante recordar que, en total, siete personas fueron identificadas como agresores de Ernesto Calderón, y cinco de ellos aún están prófugos de la justicia. Según el fiscal Gilberto Higuera Bernal, estos prófugos han expresado su intención de llegar a un acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Puebla para entregarse de manera voluntaria.

El gobernador Sergio Salomón, al ser consultado sobre este asunto, expresó su confianza en el trabajo del Poder Judicial y reafirmó la condena al ataque sufrido por el universitario. Hizo hincapié en que este no es un tema de clases sociales y que los jóvenes involucrados continúan en proceso judicial, con una revisión de medidas cautelares en curso para determinar su situación.