La Fiscalía de la Ciudad de México solicitó registros de comunicaciones privadas a Telcel, pertenecientes a políticos y funcionarios públicos, según reveló The New York Times en una nota escrita por María Abi-Habid, Natalie Kitroeff y Emiliano Rodríguez Mega.
Según documentos legales revisados por el periódico, esta solicitud de datos se ha extendido desde el año 2021 hasta principios de este año, generando preocupación en la esfera política.
La fiscalía solicitó la información relacionada con investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Sin embargo, el diario informa que la fiscalía negó tener tales investigaciones y “negó categóricamente” haber solicitado datos de funcionarios y políticos.
Sin embargo, los documentos indican que la fiscalía capitalina ha llevado a cabo esta solicitud de manera legal. La noticia tomó un giro sorprendente cuando el alcalde panista de Benito Juárez, Santiago Taboada, reveló que él mismo estaba bajo vigilancia, lo que desencadenó una serie de procesos legales.
En el curso de estas investigaciones, Taboada confirmó que su nombre aparece en 14 solicitudes de la fiscalía, supuestamente relacionadas con casos de secuestro.
Además de Taboada, los funcionarios espiados incluyen a prominentes miembros de Morena, como Higinio Martínez Miranda, actual jefe de gabinete de Delfina Gómez en el gobierno del Estado de México, y Horacio Duarte, actual secretario de Gobierno de Estado de México.
El escándalo también se extiende a políticos de la oposición, como Lilly Téllez, la senadora panista que buscó la candidatura presidencial de la oposición, y Alessandra Rojo de la Vega, del Partido Verde Ecologista.
Incluso dos personas del Poder Judicial se encuentran entre los afectados: Dolores Igareda, secretaria de Estudio y Cuenta de la ponencia de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, y Ricardo Amezcua, consejero de la Judicatura Federal.
