La jueza del Noveno Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Elizabeth Trejo ha otorgado una suspensión definitiva que impide al gobierno federal el acceso a los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).
La suspensión, concedida por Trejo Galán, tiene como objetivo evitar la disposición de los recursos mencionados en el decreto, salvaguardando así los derechos adquiridos de los miembros del PJF en materia de trabajo y seguridad social.
Asimismo, tiene como consecuencia la suspensión de todos los efectos del decreto que eliminó los fideicomisos, publicado el 27 de octubre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La jueza Trejo Galán fundamentó su decisión en la creencia de que la disposición de estos recursos podría causar daños de difícil reparación y destacó que esta medida no perjudica el interés público. La acción judicial surge como respuesta al amparo presentado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (JUFED) contra la eliminación de los fideicomisos.
Froylán Muñoz, director nacional de JUFED, confirmó la suspensión del decreto y enfatizó que esta protege tanto los fideicomisos del PJF como los de la Corte, buscando que la decisión final tenga un fundamento constitucional en lugar de ser simplemente política. Muñoz también señaló la falta de claridad por parte del Gobierno Federal en cuanto al destino de estos recursos y su utilización en beneficio de la población.
La jueza Trejo subrayó la importancia de mantener la situación actual para salvaguardar los derechos adquiridos de los trabajadores del PJF y preservar la función jurisdiccional. A pesar de la posibilidad de que el Gobierno impugne esta decisión, será un tribunal federal el encargado de determinar su ratificación o revocación.
Esta medida cautelar implica la suspensión de todas las consecuencias del decreto que eliminó los fideicomisos, incluyendo la coordinación de acciones para su extinción por parte de los órganos del Poder Judicial, lo que evita que los recursos sean destinados a programas del Plan Nacional de Desarrollo por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Es importante destacar que esta no es la única suspensión contra el uso de los fondos de los fideicomisos, ya que la semana pasada un juez en Chihuahua concedió la primera de ellas, aunque se limitó a cuatro de los 13 fideicomisos extintos.
