En el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alberto Pérez Dayán, Loretta Ortiz y Margarita Ríos, han expresado sus opiniones sobre una propuesta de reforma judicial que busca permitir que los mexicanos voten para designar jueces y ministros.
En un destacado foro titulado "El Derecho a la información, la importancia de la transparencia," los ministros abordaron este controvertido tema, con dos de ellos expresando su apoyo al esquema de designación actualmente en vigor, tal como lo establece la Constitución. La opinión a favor de mantener el sistema actual fue expresada por las dos ministras designadas en el último sexenio, Ortiz Ahfl y Ríos Farjart.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha adelantado su intención de enviar una reforma al Congreso antes de que concluya su mandato, con el propósito de permitir que "el pueblo elija a ministros."
En el seminario, la ministra Loretta Ortiz defendió su propuesta de sentencia para evitar "obligar" al Senado de la República a nombrar a comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). Ortiz argumentó que la ley no establece plazos rígidos para realizar estos nombramientos y que la labor de los ministros se limita a interpretar la Constitución, sin asumir el rol de legisladores.
Por su parte, la ministra Margarita Ríos Farjart subrayó que la función de la Corte es garantizar que las instituciones sigan funcionando. Aunque la ley no fija plazos específicos para nombrar comisionados del INAI, Ríos enfatizó que estos nombramientos deben realizarse en un plazo razonable.
El ministro Alberto Pérez Dayán afirmó que en la Corte se ha impuesto la visión de que el Senado tiene la responsabilidad de efectuar los nombramientos para asegurar la operatividad de las instituciones. Dayán reiteró su posición, expresada en el mismo foro el año pasado, de que el Poder Judicial debe hacer cumplir sus sentencias utilizando todos los medios posibles, incluso la amenaza o la destitución de funcionarios, con el fin de garantizar su ejecución efectiva.
