En la conferencia de prensa matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su firme posición contra la impunidad en el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, luego de que un juez rechazara la orden de aprehensión solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) contra un presunto segundo tirador.
“No se puede permitir la impunidad […], no hay que dejarlo pasar”, declaró López Obrador
“Ningún crimen debe quedar impune pero cuando se trata de un caso así mucho menos porque estamos hablando de la estabilidad política”, reiteró.
El mandatario también abordó la solicitud del alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, para otorgar el indulto a Mario Aburto Martínez, asesino confeso del político.
López Obrador señaló que no puede cumplir con esta petición, subrayando la importancia de continuar con la investigación y evitar que se politice el caso.
“No tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos mucho menos con propósitos politiqueros pero sí es importante de que no haya impunidad”, aseveró.
La negación de la orden de aprehensión por parte del juez generó críticas por parte del presidente, quien anunció que la FGR apelará la decisión. Además, el mandatario señaló al ex secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, de haber intervenido para rescatar al exagente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) señalado como el presunto segundo tirador.
“La fiscalía inicia una investigación y llega a la conclusión de que sí haya el segundo tirador y solicita orden de aprehensión y presenta todas las pruebas y ayer un juez rechaza la orden de aprehensión”, afirmó.
El presidente recordó que las investigaciones anteriores confirmaron la presencia de un segundo tirador, miembro del Cisen, contradiciendo la versión de un asesino solitario. A pesar de esto, Mario Aburto fue juzgado y liberado, generando críticas sobre la falta de justicia en el caso.
Finalmente, el presidente destacó que Mario Aburto enfrenta un proceso para determinar si se le juzgará conforme al Código Penal Federal o según el Código Penal de Baja California.
