En una reciente declaración, el Gobierno de México confirmó que los servidores de Presidencia fueron víctimas de un hackeo originado en España, utilizando las credenciales de un exfuncionario público. La filtración afectó exclusivamente a 263 periodistas que asisten a las conferencias matutinas, conocidas como “mañaneras”.
La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, anunció en una conferencia de prensa que se llevará a cabo un juicio penal contra los responsables del ciberataque. Además, se ofrecerá a los afectados el mecanismo de protección gubernamental destinado a comunicadores.
Estos anuncios siguieron a la revelación de la consultora de seguridad SILKIN, que informó sobre la filtración de una base de datos del Sistema de Acreditación de Prensa de Presidencia en foros clandestinos. La información expuesta incluye detalles personales de más de 300 periodistas, como pasaportes, identificaciones, RFC, direcciones y teléfonos.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero del Gobierno, enfatizó en una rueda de prensa que no se trató de una simple filtración, sino de una sustracción ilegal de información contenida en un sitio gubernamental. La acción se realizó mediante la cuenta y contraseña de un funcionario ya fuera de la Administración pública.
Ramírez precisó que la información extraída afectó a 263 periodistas, aunque la base de datos involucraba a 309 personas. Entre los datos comprometidos se encontraban 186 credenciales de elector con direcciones completas, 63 pasaportes, dos hojas curriculares, una licencia de Estados Unidos, una CURP y 10 documentos emitidos por el Instituto de Migración para periodistas extranjeros.
El coordinador de Estrategia Digital Nacional, Emiliano Calderón, confirmó que la vulneración provino de España a través de la cuenta de un exfuncionario que dejó su cargo hace casi dos años. Calderón aseguró que se está cooperando con las autoridades españolas en la investigación.
Calderón explicó que no hubo alertas en los sistemas de protección, ya que se utilizó una cuenta gubernamental no dada de baja en una plataforma de preproducción. Aunque aseguró que el aparato gubernamental cuenta con mecanismos de monitoreo y protección en la red.
El portal desde el cual se sustrajeron los datos fue dado de baja el 26 de enero. El presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que el hackeo podría estar vinculado a una "red de opositores a la transformación", refiriéndose a líderes de partidos de oposición en México. Sin embargo, Ramírez aclaró que esta fue una opinión personal y que la responsabilidad se determinará después de la investigación.
Ante estos eventos, la organización Artículo 19, defensora de la libertad de prensa, advirtió sobre la vulneración no solo de la dignidad e intimidad de los periodistas afectados, sino también de su seguridad física, especialmente en un país como México, donde la violencia contra la prensa es una preocupación constante.