La Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido nuevas órdenes de aprehensión contra los ocho militares acusados en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En esta ocasión, el Ministerio Público Federal imputará a los integrantes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el delito de delincuencia organizada, según confirmaron los defensores de los acusados.
El abogado Alejandro Robledo informó que alrededor del mediodía se llevó a cabo la ejecución del mandamiento judicial contra tres de los militares que recientemente habían obtenido el beneficio de enfrentar el proceso en libertad por la acusación previa de desaparición forzada.
Aunque Robledo desconoce las causas específicas de esta nueva acusación, un testigo protegido de la FGR reveló que los militares colaboraban con el cártel Guerreros Unidos, el cual ha sido vinculado directamente con la desaparición de los 43 jóvenes.
Fuentes cercanas a la defensa de los militares indicaron que el Ministerio Público ya había solicitado en junio de 2023 una orden de aprehensión por delincuencia organizada, pero fue denegada por la jueza Raquel Duarte Cedillo.
La jueza argumentó que no existían pruebas que demostraran la relación de los acusados con el crimen organizado y que los testigos no señalaron específicamente a ninguno de ellos.
Alejandro Robledo afirmó a La Jornada que los cinco militares que no habían sido detenidos se presentaron ante el Ministerio Público y el juez que emitió la nueva orden, destacando que no tienen nada que ocultar y que esta nueva acusación se percibe como una estrategia legal para mantenerlos en cautiverio.
Los ocho militares involucrados en este caso son Gustavo Rodríguez de la Cruz, Omar Torres Marquillo, Juan Andrés Flores Lagunes, Ramiro Manzanares Sanabria, Roberto de los Santos Eduviges, Eloy Estrada Díaz, Uri Yashiel Reyes Lazos y Juan Sotelo Díaz.
Tras permanecer detenidos desde junio del año pasado en el Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, ahora han sido recluidos nuevamente en la misma prisión y están a disposición del juez para que la audiencia inicial se realice por videoconferencia.
