La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dirigida por Rosa Icela Rodríguez, informó que hasta la fecha, 23 aspirantes a la gubernatura y presidencia en México han solicitado medidas de protección.
Los nombres de candidatos y servicios que reciben se mantendrán ocultos, en acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), detalló la secretaria este martes durante su conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Rodríguez especificó que, de las solicitudes recibidas hasta el pasado lunes, tres corresponden a aspirantes presidenciales, tres para gobiernos estatales, siete para el Senado y diez para diputaciones federales.
A partir de este martes, se ha confirmado la otorgación de protección a siete de ellos, mientras que las restantes 14 están en proceso. La funcionaria señaló que han enfrentado dificultades para contactar a ocho solicitantes, por lo que aún no se han implementado las medidas de seguridad.
Es importante destacar que, según Rodríguez, el Gobierno Federal es responsable de brindar protección a los candidatos que compiten para gubernaturas y presidencia, así como al Congreso de la Unión. Sin embargo, precisó que para presidentes municipales y otros cargos locales, la responsabilidad recae en las autoridades locales.
La SSPC ha delineado un plan de protección en colaboración con la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Gobernación (Segob). De acuerdo con este plan, el INE recibirá las solicitudes en primera instancia, y la SSPC comunicará al INE la disponibilidad del servicio, para que el Instituto informe a los partidos políticos y candidatos.
En un contexto preocupante, Data Cívica en México ha registrado, desde julio hasta febrero, once homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos. Esta cifra aumenta a 22 si se incluyen funcionarios públicos y familiares de los políticos asesinados.
El último caso reportado es el asesinato de un aspirante en Atoyac de Álvarez durante el pasado fin de semana, intensificando la gravedad de la violencia político-electoral en el país.
