El Gobierno de México ha anunciado su decisión de enviar una carta al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para denunciar el reciente asalto a su embajada en Ecuador por parte de las fuerzas ecuatorianas.

La canciller mexicana Alicia Bárcena afirmó que esta acción se llevará a cabo con el objetivo de presentar el caso ante la Asamblea General, el Consejo de Derechos Humanos y todos los miembros de la ONU.

Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Bárcena expresó su firme condena, declarando:

“No existe ninguna justificación para que las fuerzas de policía hayan irrumpido en la embajada de México en Ecuador ni de la dignidad del personal diplomático”.

Además de esta acción ante la ONU, México presentará una demanda ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para denunciar las acciones del gobierno ecuatoriano.

También buscará el respaldo de las cancillerías de los 32 países que conforman la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) advirtió que los actos de Ecuador constituyeron una “flagrante violación al derecho internacional” y que México tomará medidas para garantizar el respeto a sus instalaciones diplomáticas en Ecuador.

Además, las embajadas de México en Chile, Colombia y Perú están brindando servicios a los mexicanos en Ecuador y a las empresas mexicanas en territorio andino, mientras que la atención para trámites será digital o desde países vecinos.

Este incidente ha llevado a México a romper las relaciones diplomáticas con Ecuador, cerrando de manera definitiva su embajada en Quito.

Bárcena destacó el respaldo recibido por parte de países de América Latina, Europa y organismos internacionales, así como la convocatoria de algunos mandatarios latinoamericanos para abordar la situación.

Jorge Glas, vicepresidente ecuatoriano durante el mandato de Rafael Correa, fue detenido por la Policía de Ecuador en la embajada mexicana en Quito.

México le había concedido asilo político el mismo día de su detención, en medio de acusaciones por presunta malversación de fondos en el caso ‘Reconstrucción’ de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016.