Este martes, diputados del bloque opositor iniciaron un proceso legal de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la reciente reforma que estableció el Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Los líderes parlamentarios de los partidos opositores Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados alegaron que, con esta modificación legal, el partido en el poder busca apropiarse de fondos destinados a ciudadanos mayores de 70 años.
La reforma, aprobada en abril por la mayoría gobernante en el Congreso, dispone que los montos de cuentas inactivas administradas por las Afores sean redirigidos al nuevo Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Esta disposición, que implica el uso de casi 40,000 millones de pesos, tiene como objetivo asegurar pensiones de hasta casi 17,000 pesos para aquellos que empezaron a trabajar en el sector formal desde 1997.
Sin embargo, los representantes de la oposición calificaron la medida como “un robo a los mexicanos”, al vulnerar la propiedad y el patrimonio privado, además de señalar que el país enfrenta una situación de bancarrota.
“Se presentó la acción de inconstitucionalidad ante la SCJN y nosotros esperamos un procedimiento rápido para evitar que Morena se quede con 40 mil millones de pesos de cuentas inactivas de personas mayores de 70 años”, declaró Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI.
Por su parte, Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, mencionó que en sus argumentos ante el máximo tribunal del país se apunta que se violan los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución mexicana, referentes al derecho de los mexicanos de la propiedad privada y la restricción de confiscar bienes.
“Fueron los argumentos que nosotros estamos empleando en donde estamos absolutamente convencidos de que la Suprema Corte de Justicia habrá de fallar, no a favor de la oposición, sino de las miles de personas que quizá ni siquiera saben que les acaban de sustraer sus recursos”, explicó.
Finalmente, se solicitó la suspensión de la normativa, aunque la acción de inconstitucionalidad no garantiza automáticamente tal medida.
