Un total de 1,100 jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación (PJF) han solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) intervenir urgentemente para suspender de manera provisional la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma propone que los juzgadores locales y federales sean electos por voto popular, pero con filtros previos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

En una conferencia de prensa, el magistrado federal Juan José Olvera López detalló que la solicitud a la CIDH se basa en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH).

Este artículo permite solicitar al Estado mexicano un informe sobre el proceso legislativo de la reforma y su posible impacto en los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Olvera López indicó que la CIDH debería evaluar la opción de suspender temporalmente la reforma para permitir una revisión exhaustiva de su compatibilidad con los derechos humanos. Esta revisión se realizaría con la participación conjunta de los jueces y magistrados afectados.

El magistrado advirtió que la reforma judicial concentra el poder en una sola persona, bajo el pretexto de democratizar la justicia. Según él, esto representa un “golpe de estado” disfrazado que amenaza con concentrar el poder y vulnerar los principios democráticos.

Además, la solicitud incluye un análisis de la posible vulneración del principio de independencia judicial, ya que la reforma podría infringir este principio. También se critica el despido masivo de jueces, lo que se considera un acto ilícito que afecta el acceso a la justicia y la independencia judicial.

La petición aboga por una misión de observación de la CIDH para asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y para elaborar informes con entrevistas a los jueces y magistrados afectados.

Por último, los jueces y magistrados consideran que la reforma no busca mejorar el sistema de justicia, sino que pretende capturar y someter el Poder Judicial a una sola fuerza política, lo que podría resultar en un “golpe de Estado técnico” y una “dictadura de facto” en México.