Jueces y magistrados de los Tribunales Laborales Federales y los Plenos Regionales han señalado que la reforma judicial propuesta en la Cámara de Diputados podría violar las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En una carta enviada a las Mesas Directivas de las Cámaras de Diputados y Senadores, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió que la reforma, que incluye la elección de jueces por voto popular, podría amenazar la relación comercial entre los tres países.

La Jufed expresó que el despido masivo de casi 1,600 jueces federales para implementar la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador pondría en riesgo la estabilidad comercial trilateral.

Además, alertaron que una justicia debilitada podría incrementar los costos y la incertidumbre en el cumplimiento de compromisos internacionales, como los del T-MEC.

Documento entregado hoy a las Cámaras de Diputados y Senadores en el que juzgadoras y juzgadores, integrantes del #PJF, expresan su desacuerdo con la iniciativa de reforma judicial en los términos presentados por el titular del Ejecutivo Federal, pues incumple distintos… pic.twitter.com/Tofd17wyut

— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) September 2, 2024

La asociación también enfatizó que la elección popular de jueces podría permitir la influencia del crimen organizado en el Poder Judicial, comprometiendo la seguridad nacional.

Solicitaron a todas las fuerzas políticas, incluyendo a Morena y sus aliados, que consideren otras alternativas de reforma para asegurar el progreso democrático y económico de México.

Desde la entrada en vigor del T-MEC en enero de 2019, se ha trabajado en la creación de tribunales laborales independientes. La reforma actual podría obstaculizar este avance y afectar la profesionalización de la justicia laboral.

La Jufed destacó que la reforma propuesta infringe el anexo 23 del T-MEC y los capítulos 14 y 27, que abordan inversiones y políticas anticorrupción, al comprometer la independencia de los tribunales especializados en materia laboral y otros órganos jurisdiccionales involucrados en litigios con inversionistas extranjeros.