Luis Rodríguez Bucio, subsecretario de Seguridad, presentó hoy en su informe de ‘Cero Impunidad’ dos casos de suspensiones judiciales en contra de la reforma al Poder Judicial propuesta por el Ejecutivo y que será revisada por la nueva legislatura.

El primero de los casos involucra a la jueza Quinta de Distrito en el Estado de Morelos, Martha Eugenia Magaña. El 30 de agosto, Magaña concedió una suspensión de oficio a varios jueces federales que habían interpuesto un amparo contra la reforma.

La jueza argumentó que la reforma podría causar daños de “imposible reparación”. Esta suspensión impide que el proyecto de dictamen, aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales el 26 de agosto, tenga efectos hasta que se resuelva el amparo.

Bucio indicó que esto podría retrasar la discusión y votación del proyecto en la nueva Cámara de Diputados, instalada el 1 de septiembre. Magaña ha recibido apoyo de trabajadores judiciales en Morelos y justificó su acción como una protesta contra los ataques a la independencia judicial.

El segundo caso corresponde al Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en Chiapas, Felipe Consuelo Soto. También el 30 de agosto, Soto otorgó una suspensión de oficio en favor de otros jueces que promovieron un amparo contra la misma reforma.

En este caso, la suspensión busca evitar que el Congreso de la Unión envíe el dictamen a las Legislaturas estatales y de la Ciudad de México hasta que se resuelva la suspensión definitiva. Soto advirtió que si se continúa con el proceso legislativo, el amparo podría quedar sin efecto debido a la imposibilidad de reparar los daños causados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a estos jueces en su conferencia mañanera del lunes, acusándolos de “intromisión facciosa” y considerando sus fallos como ilegales e inconstitucionales. López Obrador cuestionó la validez de las suspensiones y alegó que representan una violación a la división de poderes y al equilibrio legislativo.