Este domingo, las comisiones del Senado aprobaron en lo general la reforma del Poder Judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca permitir la elección de jueces y magistrados mediante voto popular.
La votación resultó con 25 votos a favor, respaldados por Morena, el PVEM y el PT, mientras que 12 votos en contra provinieron de la oposición.
El dictamen, que no sufrió modificaciones, pasará ahora a discusión en lo particular para su eventual votación en el Pleno este miércoles.
Entre las medidas propuestas se destaca la reducción del número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a nueve, así como el acortamiento de su mandato de 15 a 12 años.
Además, se establece que ningún exministro podrá reelegirse y que la presidencia de la SCJN será rotativa cada dos años, de acuerdo con la votación obtenida por cada candidato.
Líderes de la oposición, como el senador Marko Cortés del PAN, expresaron su rechazo, argumentando que la reforma vulnera la autonomía del Poder Judicial y genera incertidumbre jurídica y económica.
Por su parte, Claudia Edith Anaya Mota del PRI señaló que el dictamen contraviene disposiciones de la Constitución y tratados internacionales, incluyendo el T-MEC.
Desde el Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas criticó que la reforma prioriza la popularidad sobre la capacidad técnica de los jueces, comprometiendo su imparcialidad y autonomía.
En contraste, senadores del PT y PVEM defendieron la propuesta, subrayando que promueve la democracia y no afecta la carrera judicial, como han sostenido algunos críticos.
La aprobación se produce en medio de protestas, paros en la SCJN y advertencias de organismos internacionales, calificadoras y embajadas, quienes ven riesgos para la inversión privada y los tratados comerciales, en particular con Estados Unidos y Canadá.
