El Congreso de México declaró este viernes constitucional la reforma al Poder Judicial promovida por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que propone la elección de jueces a través del voto popular. La reforma ahora solo requiere su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para entrar en vigor.

La aprobación se llevó a cabo rápidamente tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, gracias a las "supermayorías" oficialistas. En total, 23 de las 32 legislaturas locales ya han respaldado la reforma, cumpliendo con el requisito del artículo 135 constitucional.

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, fue quien anunció la aprobación, seguido por Sergio Gutiérrez Luna en la Cámara de Diputados.

La oposición, formada por los partidos PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, se ausentó en señal de protesta, calificando la medida como un retroceso para la democracia y una amenaza para la independencia del Poder Judicial, además de alertar sobre la posible intromisión de “grupos de interés”.

Simultáneamente, más de 1,200 jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación han iniciado acciones legales a nivel nacional e internacional para frenar la reforma.

Organismos como la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), junto a calificadoras como Fitch y Moody’s, han expresado su preocupación sobre el impacto que la reforma podría tener en México, incluyendo posibles paneles y arbitrajes en el marco del TMEC.

A pesar de la orden de un juez en Colima para detener su promulgación, López Obrador ha anunciado que la reforma se oficializará el 15 de septiembre, coincidiendo con las celebraciones del Día de la Independencia.

Por su parte, la senadora Ernestina Godoy afirmó que este amparo no es válido, ya que las reformas constitucionales no pueden ser impugnadas.

Hasta el momento, los estados que han aprobado la reforma incluyen Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz de Ignacio de la Llave, Yucatán, Zacatecas y la capital Ciudad de México.

En tanto, ha sido rechazada en los congresos locales de Jalisco y Querétaro.

Tras la declaratoria de la Cámara de Diputados, la reforma será enviada al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.