Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), incluidos jueces y magistrados, decidieron este viernes prolongar el paro de sus funciones jurisdiccionales hasta el 2 de octubre.
Consideran que no existen condiciones adecuadas para concluir su manifestación contra la reforma judicial.
En una circular emitida por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), se informó que "no hay condiciones para levantar la suspensión de plazos y términos en los juicios" mientras continúan las protestas. Esta decisión fue tomada tras una mesa de diálogo con los manifestantes.
El CJF había anunciado el miércoles que reanudaría labores el próximo lunes, después de casi un mes en el que solo atendió "asuntos urgentes" en rechazo a la reforma que propone elegir jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte por voto popular. Sin embargo, los trabajadores se opusieron a esta medida, lo que llevó a la instalación de la mesa de diálogo.
El CJF argumentó que su decisión busca "salvaguardar la seguridad jurídica y generar certidumbre a los usuarios del sistema de justicia federal". Sin embargo, algunos consejeros, como Bernardo Bátiz Vázquez, Eva Verónica De Gyvás Zarate y Celia Maya García, rechazaron esta postura.
Además, se decidió por unanimidad establecer mesas de trabajo para discutir la implementación de la reforma judicial publicada por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.
El CJF también aseguró que analizará las medidas necesarias para proteger los derechos laborales de todos los trabajadores judiciales.
Por su parte, la Suprema Corte está tramitando siete consultas para que los 11 ministros se pronuncien sobre la posibilidad de suspender la aplicación de la reforma judicial.
Se busca que el Pleno de este Alto Tribunal evalúe la constitucionalidad del decreto que extingue la carrera judicial y destituye a todos los jueces y magistrados federales.
En este contexto, el presidente López Obrador ha defendido que “no hay fundamento legal” para detener su iniciativa, aunque algunos juzgados han concedido amparos para impedir su implementación.
