El presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su compromiso y decretó como área natural protegida los terrenos de Calica, situados al sur de Playa del Carmen, propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company.
Esta medida, publicada el lunes por la noche en el Diario Oficial de la Federación, establece el área de conservación de flora y fauna Felipe Carrillo Puerto, que abarca 53,227 hectáreas en los municipios de Solidaridad, Tulum y la zona continental de Cozumel.
Con este decreto, se bloquea la posibilidad de que Calica continúe con la extracción de material pétreo, actividad que llevó a cabo durante más de 30 años y que resultó en la formación de una extensa laguna debido a la fractura del manto freático.
La nueva área de conservación incluye más de 2,000 hectáreas de Calica y el puerto de Punta Venado, el cual está concesionado por el Estado mexicano a un particular.
Además, se incorpora a la zona de conservación un segmento del tramo 5 Sur del Tren Maya, donde se han reportado daños a cuevas y cenotes por trabajos realizados por el gobierno federal, según ambientalistas locales.
López Obrador había advertido, especialmente en la segunda mitad de su mandato, su intención de detener las actividades de Calica e incluso mencionó la posibilidad de expropiar sus terrenos.
En respuesta a esta situación, Vulcan Materials Company anunció que intensificará su lucha legal contra el gobierno mexicano, argumentando que la declaratoria infringe los acuerdos comerciales entre México y Estados Unidos, incluido el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
La empresa ha iniciado un procedimiento de arbitraje en 2019 bajo las reglas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), reclamando al gobierno mexicano más de 1,500 millones de dólares por clausuras impuestas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al final del sexenio de Enrique Peña Nieto.
A estas demandas se suman clausuras adicionales realizadas en mayo de 2022, cuando el gobierno de López Obrador aplicó nuevas restricciones debido a la continua extracción de material pétreo por parte de la empresa.
Además, se han presentado múltiples demandas de amparo que han sido resueltas en contra de Calica por juzgados y tribunales federales en Quintana Roo.
