Ernestina Godoy, Consejera Jurídica del Poder Ejecutivo del Poder Judicial, presentó aspectos clave de la iniciativa de reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Estas reformas están dirigidas a la elección de los integrantes del Poder Judicial.

Godoy explicó que el Instituto Nacional Electoral (INE) será responsable de establecer las normas para las campañas de los aspirantes. Estos no podrán adquirir publicidad en medios de comunicación, como radio y televisión.

Además, el INE determinará los mecanismos de supervisión para asegurar que los aspirantes no reciban financiamiento de otras fuentes y definirá los montos que pueden gastar personalmente. También se encargará de fiscalizar el gasto realizado.

Asimismo, el INE establecerá el modelo de boleta electoral y garantizará que los partidos políticos no participen en las campañas. Los candidatos tendrán prohibido entregar utilitarios, permitiéndoles únicamente distribuir trípticos con información sobre sus propuestas y visión.

En cuanto al cronograma, Godoy indicó que el 16 de octubre se emitirá la convocatoria general para la elección. A partir de esa fecha, cada uno de los tres poderes de la Unión deberá definir su comité de evaluación de candidatos a ministros, magistrados y jueces, que deberá estar instalado para el 31 de octubre.

Este comité será responsable de evaluar a los candidatos y verificar el cumplimiento de requisitos.

La inscripción de aspirantes comenzará el 24 de noviembre y concluirá el 15 de diciembre, fecha en la cual se presentará la evaluación de los candidatos.

El 4 de febrero, los comités de evaluación determinarán a los finalistas, y al día siguiente se llevará a cabo la insaculación pública para seleccionar a los candidatos.

Los listados definitivos se establecerán el 7 de febrero y deberán ser remitidos al INE a más tardar el 12 de febrero, para que este organismo proceda con la organización electoral.

Godoy subrayó que, según la reforma judicial, los estados deberán ajustar sus respectivas constituciones para facilitar la elección de magistrados y jueces estatales.

Aunque la reforma constitucional estipula que cada entidad decidirá si elige la mitad de los cargos en 2025 y el resto en 2027, o si todos los cargos se eligen en 2027, los institutos electorales locales también deben organizar las elecciones en sus respectivas jurisdicciones.