Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que la reforma al Poder Judicial “va”, enfatizando que se trata de una reforma constitucional ya aprobada.

La mandataria aseguró que “se cambió la Constitución porque así lo quiso el pueblo”, por lo que, aunque “hay algunos que no les gusta”, la reforma fue una voluntad expresada en las urnas”: “la mayoría del pueblo lo decidió”.

Sheinbaum señaló que, tras cumplir con los procedimientos de aprobación, “no podrán pararla” a pesar de los recursos presentados por miembros del Poder Judicial y otros actores políticos.

"No hay ni amparos, ni análisis que ocho ministros puedan poner sobre la mesa para parar esta reforma", añadió.

-"La #ReformaAlPoderJudicial va; no hay amparo que la detenga", dice #ClaudiaSheinbaum

-Patricia Aguayo, vocera de trabajadores del Poder Judicial, le responde: "No es abogada, mejor que opine sobre sus actividades de presidenta" pic.twitter.com/Vmw2wfNKQ0

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 8, 2024

Las declaraciones de la presidenta surgen después de que se anunciara que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está procesando una controversia constitucional presentada por el gobierno de Guanajuato en contra de la reforma judicial, impulsada por el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El caso ha sido asignado a un integrante de la Suprema Corte para evaluar el escrito y formular un proyecto de resolución que será debatido en el pleno del máximo tribunal.

El oficio de la sección de trámites señala que la demanda se refiere a “la aprobación-expedición, promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de septiembre de 2024, del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de reforma del Poder Judicial”.

Este proceso se suma a la serie de recursos presentados ante el pleno de la SCJN con el objetivo de frenar la reforma que permitirá la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular a partir de 2025.