Este lunes, organizaciones civiles denunciaron que Chiapas se ha convertido en un “campo de guerra civil” debido al aumento de la violencia contra defensores de la tierra y pueblos indígenas, tras el asesinato del padre Marcelo Pérez Pérez el domingo.
En una conferencia de prensa en Ciudad de México, la actriz Julieta Egurrola leyó un pronunciamiento colectivo en el que se alerta sobre la grave situación. A poco más de dos semanas de la presidencia de Claudia Sheinbaum, los grupos señalaron que, según el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Chiapas estaba “al borde de la guerra civil” desde 2021, y hoy se encuentra inmerso en una crisis de violencia extrema.
Los habitantes de la comunidad ‘6 de octubre’ han reportado amenazas graves, que incluyen el uso de “armas de alto poder”, violaciones, quema de viviendas y el robo de pertenencias y animales.
Carlos González, del Congreso Nacional Indígena (CNI), detalló que los comuneros han sido acosados por pobladores de Palestina, respaldados por el crimen organizado, aparentemente del Cártel Jalisco Nueva Generación.
El asesinato del padre Pérez Pérez, quien fue atacado al salir de una misa en San Cristóbal de las Casas, ha intensificado la preocupación. González advirtió que “estamos en medio de una guerra que crece día a día” y que tanto Chiapas como México enfrentan una situación de conflicto.
Además, González criticó la penetración de los cárteles en las instituciones del Estado y su utilización como instrumentos para ocupar territorios, lo que permite que continúe la violencia en la frontera con Guatemala, donde muchas personas han desaparecido y las comunidades permanecen en abandono.
Los activistas responsabilizan a los megaproyectos impulsados por el Gobierno de Estados Unidos y corporaciones multinacionales, como el Tren Maya, de exacerbar la situación de violencia, afirmando que estas dinámicas comenzaron bajo la administración de Felipe Calderón y persisten hasta hoy.
Ante esta realidad, las organizaciones hicieron un llamado al Gobierno para detener la guerra y cesar la colaboración con los cárteles, pidiendo también el fin de la militarización.
Isabel Valencia, delegada de la comunidad otomí en Ciudad de México, denunció que la presidenta Sheinbaum no representa a los pueblos originarios, calificando sus promesas de “simulación”.
