El Estado mexicano admitió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que no realizó un diagnóstico previo sobre el sistema de justicia al elaborar la reforma judicial, que ha sido criticada como un “ejemplo de constitucionalismo abusivo”.
Durante la audiencia, José Antonio Montero, representante del gobierno, justificó la reforma señalando que era necesaria debido a que los jueces “han faltado a su deber de impartir justicia”.
Según Montero, "esta reforma era necesaria para recobrar la confianza ciudadana en los tribunales y en general en el sistema de justicia, toda vez que en México los jueces han faltado a su deber de impartir justicia, han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes, han dictado sentencias sin perspectiva de género, han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo de los poderes judiciales federal y de los estados”.
Al ser cuestionado por los comisionados sobre la falta de un diagnóstico y por qué solo se modificó el Poder Judicial y no todo el sistema de justicia, Montero admitió que no hubo un análisis previo.
“No existe un diagnóstico. Sin embargo, desde el 2017 hay análisis, hay diagnósticos, hay artículos que establecen la necesidad de reformar al Poder Judicial”, señaló.
🚨⚠️EXTRA EXTRA: “𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐃𝐈𝐀𝐆𝐍𝐎́𝐒𝐓𝐈𝐂𝐎”
— Ernesto Guerra | #ÚltimaLegislativa🗳️ (@ErnestoGuerra_) November 12, 2024
“𝐍𝐎 𝐇𝐀𝐘 𝐃𝐈𝐀𝐆𝐍𝐎́𝐒𝐓𝐈𝐂𝐎” para hacer la reforma judicial, no hubo diagnóstico LO ADMITE el represntante del Estado Mexicano que mandaron ante la @CIDH
Gracias a este goey se admite lo que se sabía: fue… pic.twitter.com/uM6Dyh1iIi
El comisionado Carlos Bernal Pulido, tras escuchar las intervenciones de diversas organizaciones y el Estado mexicano, comparó esta reforma con tendencias autoritarias en otros países.
“Esto es un ejemplo de manual de abuso del constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo. Se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero y yo creo que el caso de México es de libro”, afirmó.
Bernal también advirtió que reformas constitucionales aprobadas sin un adecuado periodo de deliberación requieren de un control más estricto por parte de una Corte constitucional, algo que no es posible en México debido a la renuncia de los ministros.
“En un país donde hay un constitucionalismo robusto, la única esperanza es una Corte constitucional que declare que esa reforma es inconstitucional, aquí pues no se puede porque los magistrados (ministros) ya renunciaron así que ¿quién defiende a las personas que representaban al Poder Judicial?”, expresó.
Además, cuestionó la verdadera motivación detrás de la elección popular de jueces, señalando: “Un gobierno que arrasa en las urnas para la Presidencia de la República, que arrasa en las urnas para todos los cargos de elección popular, ¿no es un poco sospechoso que también quiera que sean de elección popular los jueces?”.
Las comisionadas Andrea Pochak y María Claudia Pulido pidieron al Estado mexicano aclarar cómo garantizará que el crimen organizado y los intereses políticos no influyan en la elección judicial.
Pochak también recordó que la CIDH no puede intervenir directamente en el caso hasta que se agoten todos los recursos legales nacionales.
“La Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, esta reforma judicial, por supuesto sabemos que nuestra intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano, tiene un sistema contradictorio y contencioso que puede utilizarse cuando se hayan agotado todos los recursos internos y eventualmente la Comisión va a intervenir de otra manera”, explicó.
Por su parte, en entrevista con Proceso, la magistrada María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, celebró que el gobierno mexicano haya reconocido que no existió un diagnóstico previo para la reforma.
“Nos parece muy benéfico que por fin el Estado mexicano haya aceptado algo que hemos estado diciendo desde el principio, que esta reforma no tiene un diagnóstico y entonces, obviamente, si no hay un diagnóstico pues menos puede haber una solución sensata porque no saben qué era lo que tenían que corregir, entonces pues evidentemente no se corrige nada”, comentó.
“Creo que el hecho de que el Estado mexicano hoy haya reconocido por fin que no tiene un diagnóstico la reforma implica que la propia reforma no es solución a nada y eso pues es un buen posicionamiento también para el tema de la recuperación de la democracia en México”, agregó.
