La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, como parte de la “Operación Atarraya”, han sido clausurados y asegurados un total de 505 bares y “chelerías” clandestinas. Este operativo busca reducir puntos de venta de droga, trata de personas y extorsiones.
De acuerdo con la fiscalía mexiquense, los días 10 y 11 de enero se aseguraron 288 bares y “chelerías” que operaban sin permisos para la venta de alcohol.
“Los pasados días 10 y 11 de enero fueron asegurados un total de 288 bares y “chelerías” carentes de permisos para ejercer la venta de alcohol, 29 de los cuales fueron intervenidos mediante cateos ante los indicios de que en dichos lugares se ejercían hechos ilícitos”.
La segunda etapa de la operación fue ejecutada con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía estatal, abarcando simultáneamente 47 municipios.
Entre ellos se encuentran Amanalco, Atenco, Atizapán de Zaragoza, Atlacomulco, Chalco, Chiautla, Chicoloapan, Chimalhuacán, Coacalco, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Donato Guerra, Ecatepec, Huehuetoca, Ixtapaluca, Ixtapan de la Sal, Ixtlahuaca, Jocotitlán, La Paz y Melchor Ocampo.
La Fiscalía destacó que estas acciones tienen como objetivo “intervenir establecimientos utilizados por grupos delictivos para el fomento, consumo o trasiego de sustancias ilícitas, así como para evitar actividades relacionadas con la comisión de otros hechos delictivos”.
En particular, se busca combatir delitos como la trata de personas, la extorsión y el lavado de dinero, los cuales financian a organizaciones criminales como “La Familia Michoacana”.
En 29 establecimientos intervenidos mediante cateos, se detectaron posibles “conductas constitutivas de delito”, lo que permitió la detención de 10 personas, así como el decomiso de diversas dosis de droga y armas de fuego. Las carpetas de investigación correspondientes están siendo integradas por el Ministerio Público.
En los otros 259 casos, las autoridades realizaron inspecciones administrativas y corroboraron que los negocios no contaban con los permisos necesarios, lo que derivó en su suspensión y clausura.
Con esta segunda fase, los 288 negocios clausurados se suman a los 217 de la primera etapa, totalizando 505 establecimientos asegurados en el marco de la “Operación Atarraya”.
