El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó este viernes la impresión de 602 millones de boletas para la elección de diversos cargos del Poder Judicial, que se llevará a cabo el próximo 1 de junio. Este proceso es inédito en el país y representa casi el doble de boletas que las utilizadas en la elección federal de 2024.
En una primera fase, se imprimirán las papeletas para la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Posteriormente, se procederá con las boletas para elegir magistraturas de salas regionales del TEPJF, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, magistraturas de circuito y jueces de distrito.
La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, destacó que este proceso marcará un antes y un después en la historia electoral del país, permitiendo por primera vez que la ciudadanía elija a quienes impartirán justicia. Además, señaló que esta reforma podría servir como referencia para otras naciones que aún no cuentan con un sistema similar.
El arranque de la impresión tuvo lugar en las instalaciones de Talleres Gráficos de México (TGM). Taddei subrayó que este paso es fundamental para garantizar que el electorado con credencial para votar pueda ejercer su derecho el día de la elección.
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, reconoció el trabajo del INE en la organización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 y aseguró que el país vivirá un proceso electoral exitoso.
El jueves, el INE aprobó la lista definitiva de candidaturas que aparecerán en las boletas, luego de realizar correcciones. Entre los nombres incluidos hay 64 aspirantes a la Suprema Corte y 15 para el Tribunal Electoral, además de otros cargos judiciales.
La reforma al Poder Judicial ha generado preocupación en diversos sectores sobre sus posibles impactos en la política, la economía y la independencia judicial. Incluso, la relatora especial de la ONU para la independencia de jueces y abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió el año pasado sobre las implicaciones de esta medida.
