El bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó, como se esperaba, la autorización para que los servidores públicos promocionen las elecciones judiciales del próximo 1 de junio, tal como lo solicitaron la presidenta Claudia Sheinbaum, cinco gobernadores de Morena, el propio partido en el poder, así como las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes buscan permanecer en sus cargos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En la sesión del miércoles, la Sala Superior debatió sobre la decisión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), que había prohibido a los servidores públicos, las instituciones públicas y los entes gubernamentales promover el proceso electoral. Este acuerdo provocó fuertes críticas desde la llamada Cuarta Transformación y una serie de impugnaciones.
El bloque mayoritario, compuesto por tres magistrados cercanos a Morena y encabezado por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso (cuyo padre ha sido asesor de la ministra Esquivel), desechó el acuerdo del INE.
Por otro lado, los dos magistrados disidentes, Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón, defendieron la postura del INE, pero su resolución fue rechazada por sus colegas.
El INE había basado su decisión en la reforma judicial impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada por Morena, que establece que "los partidos políticos y las personas servidores públicos no podrán realizar ningún acto de proselitismo o manifestarse públicamente a favor o en contra de candidatura alguna" y que "queda prohibido el uso de recursos públicos para fines de promoción y propaganda relacionados con los procesos de elección de personas integrantes del Poder Judicial".
🔴 #ÚltimaHora El Tribunal Electoral avaló que la Presidencia, legisladores, gobernadores y servidores públicos puedan promover el voto y la participación ciudadana del proceso electoral judicial, pero sin impulsar a candidaturas en particular. pic.twitter.com/W0xgJQQbYM
— Emeequis (@emeequis) April 9, 2025
El bloque mayoritario de la Sala Superior, a través de una resolución presentada por Felipe de la Mata Pizaña, planteó que, aunque la ley podría respaldar al INE, "la elección de personas juzgadoras tiene una naturaleza distinta a las elecciones tradicionales de partidos políticos y reglas, por cierto, bastante diferentes".
De La Mata justificó su decisión argumentando que, "como los poderes de la unión fueron quienes postularon a las candidaturas a los distintos cargos de elección popular para el Poder Judicial Federal, por lo que, sí forman parte de este proceso electoral", permitiendo así la participación de los Poderes de la Unión para promover el voto y fomentar la participación ciudadana.
Por su parte, la magistrada Soto utilizó la ironía para criticar la postura del INE.
“Les voy a decir un secreto: va a haber elecciones el próximo 1 de junio de este año, pero no se lo digan a nadie (…) nadie puede decirlo, solo el INE”, expresó, antes de defender al bloque mayoritario ante las acusaciones de ser favorable a Morena.
“Por ahí escuchaba que decían: ‘¿Cómo le va a hacer el Tribunal para darle la vuelta a la Constitución?’ No, no le estamos dando la vuelta a la constitución. No es opción democrática hacer una campaña en contra de la participación ciudadana y de acudir a las urnas”.
Los magistrados disidentes, Otálora y Rodríguez Mondragón, insistieron en que el INE tenía razón.
Otálora destacó que "es la misma ley electoral que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos para actos tanto de promoción como de propaganda, actividades que el propio legislador distingue, pero abarca en una misma prohibición".
Rodríguez, por su parte, defendió la legalidad del acuerdo del INE, argumentando que "la prohibición que acordó el INE tiene una fuente legal y constitucional"
"El modelo aprobado para la elección de personas juzgadoras consideró la participación de los tres Poderes de la Unión en la etapa, y exclusivamente en esa etapa, de postulación de candidaturas", señaló.
Con esta resolución, todos los servidores públicos, incluyendo la presidenta Sheinbaum, podrán promocionar la elección judicial, pero deberán seguir ciertas restricciones: no podrán llamar a votar a favor o en contra de ninguna candidatura.
“Solo se puede hacer la promoción con fines didácticos o educativos para esclarecer la forma en la que se podrá emitir el sufragio para cada uno de los cargos, tratándose de spots o propaganda en internet no se puede señalar el poder u órgano que emite la comunicación”, recalcó De La Mata.
