La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuatro votos a favor y uno en contra, ha abierto las puertas a la legalización de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro. La histórica decisión supone un paso de gigante para un país que durante años ha combatido a sangre y fuego el narcotráfico. Nuevamente, como ya ocurriera con el matrimonio gay, han sido los jueces los que han tomado la iniciativa frente a una opinión pública mayoritariamente en contra y unos partidos titubeantes.
En este caso, los magistrados han primado la libertad personal sobre los daños a la salud. Y aunque el fallo circunscribe la autorización para el consumo, cultivo y posesión a los pleiteantes, en la práctica pone en marcha el mecanismo para una legalización más amplia.
“No estamos ante una cuestión penal, sino de modelo de vida y libertad de la persona”, afirmó la magistrada Olga Sánchez Cordero. Un giro copernicano en el que han sido determinantes los avances registrados en Estados Unidos, pero también una estrategia jurídica diseñada para este fin.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por cuatro votos a favor y uno en contra, ha abierto las puertas a la legalización de la marihuana con fines lúdicos y sin ánimo de lucro. La histórica decisión supone un paso de gigante para un país que durante años ha combatido a sangre y fuego el narcotráfico. Nuevamente, como ya ocurriera con el matrimonio gay, han sido los jueces los que han tomado la iniciativa frente a una opinión pública mayoritariamente en contra y unos partidos titubeantes.
En este caso, los magistrados han primado la libertad personal sobre los daños a la salud. Y aunque el fallo circunscribe la autorización para el consumo, cultivo y posesión a los pleiteantes, en la práctica pone en marcha el mecanismo para una legalización más amplia. “No estamos ante una cuestión penal, sino de modelo de vida y libertad de la persona”, afirmó la magistrada Olga Sánchez Cordero. Un giro copernicano en el que han sido determinantes los avances registrados en Estados Unidos, pero también una estrategia jurídica diseñada para este fin. | elPaís