Por ello, la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos (Coprisem) realizará una labor de sensibilización y en este mismo año iniciará con operativos de verificación para el cumplimiento de la norma.

El titular de la Coprisem, Sergio Octavio García Álvarez, informó este miércoles que desde el año pasado se aprobó una reforma a la Ley General de Salud, en la que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad y aquél que incurra en esa acción estará cometiendo un delito y será procesado y sancionado como tal.

Por lo anterior, la autoridad de salud federal y las homólogas en la entidad iniciaron un acercamiento con las cámaras y asociaciones de tiendas de autoservicios y tiendas de conveniencia, que no podrán y no deben expender bebidas alcohólicas.

Si una persona ingresa a un establecimiento de este tipo y pide uno de esos productos, el personal deberá solicitar que muestre una identificación que compruebe la mayoría de edad.

En caso de que sea menor, “no significa que se le expulse del lugar, pero no se le venderá ni se le permitirá el consumo”.

Para dar cumplimiento a la norma vigente, la Coprisem buscará el acercamiento con las organizaciones de prestadores de servicios y el objetivo es firmar un acuerdo en el que se incluya también la participación de padres de familia. El fin es sensibilizarlos para su colaboración, pero en una siguiente etapa se hará cumplir la ley; estimó que en este año (quizá alrededor de marzo) iniciarán los operativos aleatorios de verificación y en aquellos lugares donde se detecte la venta de alcohol a menores, ya no sólo se aplicarán procesos administrativos, sino que, a partir de la reforma comentada, se remitirá al dueño o encargado del establecimiento ante el Ministerio Público, porque se trata de un delito.

Los establecimientos podrían ser sancionados tanto con multas como con sanciones penales a los encargados.

La legislación contempla penas que van de los cinco a los 500 días de salario mínimo. A los empleadores de menores se les podrá imponer prisión de tres a cinco años y los padres de familia que permitan que los menores trabajen en ese tipo de establecimientos también serán sancionados.