Durante el Primer Foro Municipal contra la Trata, la activista Rosy Orozco, presidenta de la Comisión Unidos Contra la Trata, dijo que los testimonios de dos jovencitas víctimas de trata involucran en este delito a políticos, empresarios y policías de Morelos.

Es la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR la que lleva a cabo la investigación de los casos, revelados uno hace dos años y el otro hace 18 meses.

“Hay políticos, hay empresarios, hay personas de la Policía Municipal que eran clientes de estas niñas y que ellas lo señalaron de una manera puntual”, dijo la activista.

En Morelos, añadió, la legislación estatal no está armonizada con las leyes federales que combaten y castigan ese delito, por lo que Orozco urgió al gobierno estatal a hacerlo lo antes posible.

También es necesario que en Morelos se instale un albergue para víctimas de trata, pero administrado por la sociedad civil, dijo, pues al existir evidencias de que políticos del estado participan en el delito de trata, no se puede confiar en la administración pública para el manejo del mismo.

“Queremos que aquí haya un refugio. ¿Por qué es tan importante un refugio? Porque si hoy yo me voy a Jojutla y veo a una niña y pido ayuda para rescatarla ¿qué va a pasar con esta pobre niña, a dónde va a ir, quién la va a proteger, qué futuro tiene? Tiene que ser un refugio de sociedad civil porque los refugios del estado pues a la hora que sea el político, el que era el cliente, dime por favor si vamos a confiar en un refugio del estado”, dijo Orozco.

El gobierno tiene la obligación realizar acciones que hasta la fecha no ha llevado a cabo, desde un diagnóstico sobre ese delito en Morelos, la creación de una fiscalía especializada y la capacitación, para que agentes del Ministerio Público del fuero común no digan que las víctimas “se fueron con el novio”.