El líder de los abogados penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, manifestó que en los estados de Baja California Sur y Jalisco ya se discute sobre la utilidad de este órgano jurisdiccional y si es necesaria su desaparición.

Dijo que en Morelos también debe hacerse un debate serio y con argumentos sobre la conveniencia de disolver o no el consejo, pues por lo menos para los penalistas este órgano técnico se ha convertido en ente burocrático que absorbe cerca de 50 millones de pesos de presupuesto.

Manifestó que su propuesta no es desaparecer de tajo el consejo sino generar un debate en el que expongan los argumentos de por qué sí o por qué no debe subsistir. Es decir, que se haga una evaluación de los resultados y beneficios de esta instancia.

Expresó que esta propuesta la planteó la Asociación de Abogados Penalistas desde hace dos años, pero entonces se interpretó como una cuestión personal y de confrontación con el entonces presidente del Tribunal Superior del Consejo de la Judicatura y Tribunal Superior de Justicia.

“Nuestra propuesta no surgió de un roce con determinada persona, surgió de la necesidad de debatir el tema y la muestra es que con un nuevo presidente, el doctor Falcón Vega, nosotros volvemos a insistir en el tema y su debate”, señaló.

La propuesta fue secundada por el magistrado del TSJ, Norberto Calderón Ocampo, quien consideró que es un tema que debe involucrar a todos los actores de la impartición de justicia.

Sostuvo que es el asunto es polémico y quizá genere resquemor entre algunas personas, pero lo importante es evaluar que tan útil o no es el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano a pesar de ser de carácter técnico jurídico, se le ha dado mayor importancia que al mismo pleno del TSJ.