El Congreso del estado no etiquetó recursos para solventar la pensión del magistrado en retiro, reclama el Pleno del TJA.

El Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) promovió una controversia constitucional para impugnar el decreto jubilatorio del magistrado en retiro Orlando Aguilar Lozano, que fue expedido por el Congreso del estado sin etiquetar recursos exprofeso.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio trámite a la controversia constitucional 105/2018, en la que el TJA solicitó la invalidez del decreto número 2609, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5593, el 18 de abril de 2018, a través del cual el Poder Legislativo de Morelos determinó otorgar pensión por cesantía en edad avanzada a Aguilar Lozano con cargo al presupuesto destinado al Tribunal.

También demandó la invalidez de los artículos 24, fracción XV; 56; 57, último párrafo; 47, último párrafo, 59 y 66 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, reformados mediante decreto número 218, el cual fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5056, el 17de enero de 2013.

Esencialmente, el Pleno del TJA determinó combatir el decreto jubilatorio en el que se ordenó el pago de una pensión al 90% del último salario que el magistrado en retiro recibió como juzgador en activo, porque el Congreso no etiquetó recursos para que el TJA pudiera solventar el pago.

Un magistrado gana poco más de 100 mil pesos; tomando en cuenta el porcentaje de la pensión aprobada por el Congreso, el TJA tendría que pagar al año al magistrado en retiro casi un millón 400 mil pesos, que comprende 12 mensualidades, más tres más por concepto de aguinaldo.

Aun cuando el TJA solicitó recursos adicionales tanto al Poder Legislativo como a la Secretaría de Hacienda estatal para pagar a Aguilar Lozano su pensión, ninguna de las dos instancias autorizó una ampliación presupuestal.

Y es que tanto el Congreso como el gobierno de Morelos se encuentran bajo presión de la SCJN, que recientemente lanzó un ultimátum para dar cumplimiento a casi 50 controversias constitucionales en las que se ordenó etiquetar recursos para el pago de pensiones de trabajadores jubilados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que, incluso, llevan más de dos meses en plantón afuera del Palacio de Justicia en espera que lleguen sus pagos.

Según el TSJ, el Congreso aprobó los decretos de jubilación, pero tampoco le proporcionó presupuesto para solventar las pensiones de los trabajadores judiciales.

Se espera que en breve la SCJN determine la admisión o no de la controversia constitucional promovida por el TJA y, en su caso, si procede la aplicación de una medida cautelar.