Dirigentes de organizaciones transportistas insisten en el llamado a terminar con el servicio irregular y la anarquía propiciados por la anterior administración.

Dirigentes de distintas organizaciones de transportistas, tanto de taxis como de colectivos, particularmente de las regiones oriente y surponiente de la entidad, insistieron en que es urgente instalar una mesa de diálogo con las autoridades para poder –conjuntamente- buscar remedio a la anarquía que continúa vigente en ese sector.

Permisionarios como Víctor Mata Alarcón, Víctor Lara Alarcón, Aurelio Carmona, Jesús Arizmendi y Ricardo Morales, de la Sección 15 de la Federación de Trabajadores de Morelos (FTM), coincidieron en que el estado de cosas que guarda el sistema de transporte público en la entidad es de descomposición y desorden.

“Muy en particular, se deben investigar hechos como los ocurridos en Huitzilac, donde a un compañero le quemaron su unidad y se presume de presencia de grupos de la delincuencia en los hechos”, recordó Mata Alarcón. Al respecto, señaló que aún no se deslindan responsabilidades del caso, porque el tema está en manos de las instancias gubernamentales competentes.

Pero Lara Alarcón y Aurelio Carmona insistieron en que la Secretaría de Movilidad y Transporte deberá aplicar una limpia en serio, ante la presencia de miles de unidades irregulares que siguen trabajando, en un mayor número, en la parte oriente de la entidad porque las condiciones se facilitan para ello; hay menos vigilancia policiaca y de inspección de parte de la dependencia.

Ricardo Morales consideró por ello es importante que se instale una mesa en la que estén representados funcionarios de algunas dependencias y representantes de organizaciones legalmente constituidas para analizar la problemática general que priva al respecto.

Todos se dijeron preocupados por lo que pasa y sostuvieron que el Congreso del estado deberá promover algunas iniciativas en materia con el apoyo del gremio para recomponer las cosas, porque “hemos sido severamente golpeados por el gobierno anterior, que le dio uso electoral a todo tipo de trámites y gestiones”.

Se mostraron en respaldo del titular de la SMyT, Víctor Mercado Salgado, porque consideraron que cuenta con la experiencia para enderezar las cosas, pero insistieron en un diálogo directo con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. La posición unánime fue en el sentido de que se deberá seguir combatiendo la irregularidad, a pesar de resistencia de algunos sectores con intereses poco claros.

 

 

   

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Sábado, 17 Noviembre 2018 05:36

Divisionismo paraliza al Congreso local

El Congreso del estado se encuentra fracturado, derivado de una lucha entre las fuerzas políticas por los órganos de control. Dicha situación ha retrasado la aprobación de una prórroga, a favor del Poder Ejecutivo, para que presente la propuesta del Paquete Económico 2019 hasta el 15 de diciembre. 

Hasta hoy, la sesión ordinaria que inició el jueves pasado, y en la que el Pleno votaría la solicitud del gobernador del estado, se encuentra suspendida.

El Partido Encuentro Social (PES) rompió acuerdos con el Partido del Trabajo (PT) y sus aliados del Partido Acción Nacional (PAN), Nueva Alianza (Panal), Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC), lo que le ha valido perder los votos para aprobar la prórroga de 30 días al Poder Ejecutivo.

De manera extraoficial se ha informado que el bloque de los siete diputados que conformó el PT, pretende condicionar sus votos a cambio de tener mayor control en el Congreso del estado.

Por el contrario, el PES busca aliarse con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), no sólo por el tema presupuestal sino para remover de la Junta Política y de Gobierno a Tania Valentina Rodríguez Ruiz, coordinadora del PT. 

Ninguno de los tres bloques por sí mismos tienen los 14 votos necesarios para avanzar en la aprobación de temas importantes, de ahí que la sesión ordinaria del jueves podría prorrogarse hasta la próxima semana.

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Viernes, 16 Noviembre 2018 05:26

Confirman recorte de personal en el Congreso

Hasta cien empleados, en algunos casos con antigüedad mayor a los 10 años, podrían ser despedidos; los diputados argumentan austeridad.

El Congreso del estado inició el despido de trabajadores de base, cuya antigüedad, en algunos casos, es mayor a los 10 años. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que se debe a un plan de austeridad que determinó implementar la LIV Legislatura.

En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) informó que el acuerdo para despedir a trabajadores de base fue tomado en la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos con las coordinadoras de los grupos parlamentarios. Sin embargo, no especificó las cifras del recorte que, se ha especulado, será mayor a 100 empleados.

Refirió que a la fecha se ha dado de baja a 18 trabajadores, con quienes se llegó a un acuerdo para su liquidación, aunque dicho convenio contempla la terminación del pago hasta el 2019.

"Se va a buscar en qué áreas haya un poquito de exceso de personal. Veníamos diciendo desde el principio de la legislatura, pero definitivamente no tenemos un número bien identificado. Insisto, no se va a poner en riesgo la funcionalidad del Congreso", agregó el legislador local.

De acuerdo a información aportada por otros legisladores locales, la lista de trabajadores integra a quienes llevan más de 10 años laborando, lo que podría provocar demandas laborales en contra del Congreso del estado.

 

Presentan al Pleno legislativo iniciativa para aumentar presupuesto estatal a la UAEM

El Pleno del Congreso del estado conoció la iniciativa de reforma constitucional para aumentar el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) del 2.5% del presupuesto total del gobierno estatal a un 3.5.

Durante la sesión ordinaria de ayer, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN), Dalila Morales Sandoval, presentó la propuesta que plantearon hace varias semanas el Consejo Universitario y estudiantes de la UAEM, con la finalidad de fortalecer financieramente a la institución, que enfrenta una crisis financiera histórica.

La diputada explicó que el déficit financiero que enfrenta la máxima casa de estudios de Morelos supera los mil 600 millones de pesos, derivado de un plantilla académica no reconocida por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y prestaciones de maestros y administrativos tampoco reconocidas, un presupuesto federal por debajo de la media nacional y otros adeudos que enfrenta la institución.

Además, señaló, del año 2012 al 2017 la matrícula de estudiantes aumentó un 82.9%. 

La iniciativa plantea reformar el artículo 121, en su fracción V, de la Constitución Política del Estado de Morelos y establecer la obligación de asignar un presupuesto anual del 3.5% del gobierno del estado.

 

 

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Diputados locales dejaron en suspenso la aprobación de una prórroga para que el Poder Ejecutivo pueda presentar la propuesta del Paquete Económico 2019 hasta el próximo 15 de diciembre. Hasta la noche de ayer, las fuerzas políticas no lograron ponerse de acuerdo para votar a favor de la petición del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.
Ayer por la mañana, la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada priista Rosalina Mazari Espín, confirmó que el gobernador no presentaría en tiempo (15 de noviembre) la iniciativa de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2019, y solicitó una ampliación del plazo por 30 días. 
Refirió que el Poder Ejecutivo pidió tiempo para preparar el Paquete Económico de acuerdo al presupuesto que se apruebe a nivel federal. Explicó que requiere de los votos de las dos terceras partes del pleno (14 diputados) para aprobar la solicitud del gobernador.
Sin embargo, el Partido Encuentro Social (PES) fracasó este jueves en tres intentos por llevar a cabo la sesión ordinaria programada para las 10 de la mañana. El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sólo logró que la sesión se quedara abierta para no violar la constitución y votar en las próximas horas la prórroga de 30 días que solicitó el Poder Ejecutivo.
De manera extraoficial, se informó que el Partido del Trabajo (PT), que coordina Tania Valentina Rodríguez Ruiz, logró que la solicitud del gobernador no avanzara.

La diputada Rosalina Mazari Espín no descartó citar a comparecer al secretario de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, para que personalmente explique a los legisladores la prórroga solicitada, y es que, de autorizarla, el Congreso del estado tendría sólo 15 días para analizar y aprobar el Paquete Económico, mediante un periodo extraordinario de sesiones.

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Los diputados mantendrán sus ingresos y buscarán un incremento presupuestal respecto al año que termina.

Los diputados locales no contemplan reducirse el sueldo el próximo año y, por el contrario, analizan un aumento al presupuesto del Congreso del estado, a 500 millones de pesos, para el pago de deudas que dejó la pasada legislatura.

En el marco del análisis del Paquete Económico del Gobierno del Estado para el 2019, que iniciará hoy en el Congreso, cuando el Poder Ejecutivo presente su propuesta, la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, descartó que haya ajustes a la baja en sus ingresos mensuales como legisladores. 

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT) sostuvo que lo más importante es integrar un presupuesto social para el 2019, en base a la política que pretende impulsar el presidente electo Andrés Manuel López Obrador y aseguró que reducirse su sueldo no ayudaría en mucho para resolver las necesidades en el estado.

"No lo hizo en la Cámara federal (Andrés Manuel López Obrador), sus diputados de Morena siguen con el mismo salario, no creo que sea la vía; tú ganas 65 mil que te bajes a 30 mil, súmalo y no le quitas la pobreza a Morelos. Votemos lo que vale la pena, demos un presupuesto social, si eso quiere la gente que se baje el sueldo, no creo que sea el problema que no lo bajemos, sino que hagamos un presupuesto no de teatro, de payasos, sino que hagamos un presupuesto responsable", manifestó. 

No obstante, la legisladora señaló que reducirán los recursos en los rubros que no son prioritarios para el estado. 

Además adelantó que se analiza, eliminar la facultad que actualmente tiene el gobernador del estado para re-direccionar el presupuesto a los rubros que crea conveniente. Sin embargo, señaló que esa determinación se tomará en el análisis del paquete económico que deberá aprobarse antes del 15 de diciembre.

Dentro de la propuesta del Presupuesto de Egresos para el Estado se contempla un aumento a la partida que corresponde al Congreso para obtener un monto de 500 millones de pesos.

 

 

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A la mesa de trabajo instalada ayer por diputados sólo acudió el edil de Jiutepec; 19 ayuntamientos mandaron a un representante del alcalde y el resto ignoró el llamado.

Los alcaldes que terminarán su administración el próximo 31 de diciembre, mostraron el poco interés que tienen para colaborar con el Congreso del estado en la creación de las leyes de ingresos municipales correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

Ayer, el Poder Legislativo instaló mesas de trabajo para analizar las 33 leyes de ingresos con las autoridades municipales, que deberán aprobarse antes del 15 de diciembre, y sólo el alcalde de Jiutepec, Manuel Agüero Tovar, acudió al llamado de los diputados; 19 ediles más decidieron mandar a sus representantes y el resto no hizo caso al tema.

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, lamentó la postura de los presidentes municipales, pues cinco municipios simplemente no presentaron sus iniciativas de leyes de ingresos.

Sin embargo, dijo que aún y cuando el Congreso del estado aprobará las leyes de ingresos para el 2019, a propuesta de las autoridades salientes, los ediles electos tendrán la oportunidad de presentar su propia propuesta en enero próximo.

Refirió que en el análisis que se han hecho de las iniciativas, más de cinco municipios contemplan aumentos en el cobro de derechos, como es el caso de Cuernavaca y Cuautla, y reiteró que no se aprobará ningún ajuste a la alza que afecte la economía de los ciudadanos.

La legisladora priista consideró que las leyes de ingresos municipales podrían aprobarse antes del plazo constitucional, que es el 15 de diciembre, si se logran los consensos necesarios con el resto de los diputados para avanzar en el tema.

 

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Miércoles, 14 Noviembre 2018 05:31

Busca el Congreso citar al Fiscal

Los diputados pretenden también que la magistrada presidenta del TSJ explique la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal en un periodo de enero a la fecha.

Diputados locales analizan citar a comparecer al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, para que informe al Congreso del estado sobre los resultados de su trabajo durante el último mes.
La diputada del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno, dijo que en las últimas semanas no se le ha visto al fiscal general, ni tampoco se ha conocido sobre su trabajo, tras la conclusión de la administración estatal que encabezó Graco Ramírez.
Además, consideró que Carmona Gándara también debe explicar sobre la liberación de más de mil presos del sistema penitenciario estatal, en un periodo de enero a la fecha, como integrante del gabinete de seguridad y justicia en el gobierno anterior.
Rodríguez Ruiz dijo que propondrá en la próxima sesión de la Junta Política y de Gobierno, se cite a rendir cuentas a Uriel Carmona Gándara, para que con el resto de los coordinadores de los grupos parlamentarios acuerden la fecha del encuentro. 
Por su lado José Casas González, diputado del Partido del Trabajo, señaló que también buscarán una reunión con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Verónica Cuevas López, y proporcione información respecto a los motivos y fundamentos por los que se liberaron a más de mil presos.
Dijo que como Congreso del estado cuentan con información respecto a la liberación de los procesados y detalló que se trata de 180 liberaciones por compurgamiento, 350 por detención ilegal, 140 por libertad condicionada y 350 con medidas cautelares.

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El Congreso del estado también pretende reactivar el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos.

El Congreso del estado reactivará los Fondos de Promoción Turística (Fitur), el de Competitividad y Promoción del Empleo (Fidecomp) y el Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (Fifodepi), confirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.
En rueda de prensa, la coordinadora del Partido del Trabajo (PT) informó que este jueves presentará una iniciativa para anular el decreto 3250, por el que se modificó el presupuesto de Egresos 2018 del gobierno estatal para redireccionar los recursos financieros de los citados fondos a la Fiscalía General del Estado.
De igual forma, la propuesta plantea abrogar el decreto 2351, por el que los ex diputados también extinguieron el Fondo para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos, creado por la pasada legislatura para supuestamente impulsar obra pública municipal.
La presidenta de la Junta Política y de Gobierno dijo que buscará generar el consenso necesario entre los diputados, para que la iniciativa sea aprobada lo antes posible y que al finalizar el año operen con normalidad los fondos en materia turística y competitividad.
Por su lado, el diputado del PT, José Casas González, dijo que será un borrón y cuenta nueva en torno a los recursos que se designaron a la Fiscalía General del Estado y que de acuerdo a los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), de julio a la fecha sumarían cerca de 500 millones de pesos.
Al respecto Ángel Adame Jiménez, presidente del CCE, celebró la determinación del Congreso del estado y que fue respaldada por autoridades del Poder Ejecutivo. Sin embargo, consideró que los legisladores deben revisar, si los recursos de los fondos fueron asignados a la fiscalía o las ex autoridades estatales le dieron otro uso.

 

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El Congreso busca destituirlo luego de que ayer se negó a informar a los diputados.

El Congreso del estado buscará remover al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por supuestamente haber protegido a exlegisladores y a autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez en el mal manejo de recursos públicos.
Ayer, el auditor compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes confirmó que la ESAF fue por muchos años una agencia de colocaciones y se aceptaron a aviadores del Congreso del estado y del Poder Ejecutivo.
De igual forma, admitió que de manera extraordinaria recibió más de dos millones de pesos al presupuesto de la ESAF del periodo de enero a junio del 2018, cuando se desarrollaba un proceso electoral, monto que nunca explicó a los legisladores en qué se ejerció.
El auditor Loredo Méndez fue citado por los diputados para que entregara información respecto a la revisión de las cuentas públicas a los municipios y al gobierno del estado, que durante los últimos dos meses se ha negado a entregar a los legisladores, pese dos exhortos hechos por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ayer también se negó a responder a los legisladores la mayoría de las preguntas, con la justificación de que la ley le prohíbe aportar datos de las auditorías.
No obstante, los diputados señalaron al auditor no sólo las omisiones en las que ha incurrido en el cargo, sino que también lo acusaron de haber protegido a los exdiputados en un presunto mal manejo de recursos financieros.
José Casas González, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el titular de la ESAF ayudó a exdiputados de la pasada legislatura a "salvar" auditorías aplicadas en el 2015 a las cuentas públicas de los municipios de los que fueron alcaldes, tal es el caso de Julio Espín Navarrete, en Puente de Ixtla; Hortencia Figueroa Peralta, en Jojutla; Alberto Martínez, en Tetecala; Javier Montes Rosales, en Tetela del Volcán, y Francisco Navarrete Conde, en Tepoztlán.
Además, la diputada Rosalina Mazari Espín puso en duda las auditorías que se aplicaron por la ESAF al ejercicio de un crédito por más de dos mil millones de pesos contratado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez al inicio de su administración estatal.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización calificó como un "circo" la comparecencia a la que ayer acudió.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que la comparecencia de ayer fue el inicio de un proceso para destituir a Loredo Méndez del cargo, aún y cuando fue designado en el 2015 por un periodo de ocho años.

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La presidenta del Congreso dice que es complicado verificar los expedientes.

El Congreso del estado aún no tiene avances de la investigación que inició para anular las "pensiones doradas" aprobadas a favor de exfuncionarios del gobierno que encabezó Graco Ramírez y que autorizaron los exdiputados de la LIII Legislatura, afirmó la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz.

Mientras los ex funcionarios beneficiados intentan ampararse ante la justicia para no perder sus pensiones onerosas, cuya legalidad ha sido cuestionada por presuntamente haber entregar documentos falsos para cumplir con los requisitos que marca la Ley del Servicio Civil, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social dijo que se solicitó apoyo de la Consejería Jurídica del Gobierno estatal para revisar los expedientes.

Afirmó que el caso no se ha olvidado por parte de la LIV Legislatura pero sostuvo que la revisión de cerca de 10 expedientes que se encuentran dentro de la investigación es complicada. 

"Estamos trabajando para dar una solución rápida y general sobre el tema de las jubilaciones... no es fácil, checas expedientes, checas constancias, tienes que ir a los municipios, no es fácil", reiteró.

La diputada del Partido del Trabajo (PT) manifestó que el amparo que promovió el ex secretario de Finanzas Jorge Michel Luna contra actos del Congreso del estado no afectará en las investigaciones que inició el Poder Legislativo con apoyo del gobierno estatal.

Rodríguez Ruiz garantizó que ningún ex funcionario de la administración de Graco Ramírez ha cobrado su "Pensión dorada", pues se encuentran congeladas en tanto concluye la citada investigación.

Además del ex secretario de Finanzas, otros funcionarios que se beneficiaron con su pensión son:  Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; Fernando Pacheco Godínez, exdirector del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM); Francisco Velázquez Adán, del Instituto para el Desarrollo y Fortalecimiento Municipal (Idefomm); Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno Ángel Colín López; Karina Arteaga Gutiérrez, exdirectora de Recursos Humanos en la pasada legislatura; Denya Flores Rendón, esposa del ex diputado perredista Francisco Navarrete Conde; y Stephanie Guzón André. 

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