La presidenta de la Junta Política y de Gobierno sí tiene nexos con la asociación civil a la que le adjudicó diez millones de pesos.

Pese a que asegura no tener conflicto de intereses, la legisladora ha realizado actos en nombre de la asociación “Unidos por Morelos A.C.”.

La Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos a través de su vocero Gerardo Becerra Chavez Hita reprochó a los integrantes del Congreso del estado (conocidos como G-15) los actos de corrupción en que incurrieron al haberse aprobado un aumento de cien millones de pesos a su presupuesto e incurrir en anomalías como asignar 10 millones directamente a la presidenta de la Junta Política Tania Valentina Rodríguez Ruiz (PT).

Becerra manifestó que esa maniobra ha provocado una enorme indignación ciudadana, por utilizar las instituciones para favorecer intereses personales.

Aunque la diputada aludida asegura que no incurre en conflicto de intereses, la información disponible señala que  se usaron recursos  asignados al concepto  "Fortalecimiento a  la educación inicial" para entregarlos a la fundación "Unidos vamos por Morelos A.C.", ligada a la legisladora.

Al respecto, Tania Valentina Rodríguez dijo sobre el tema que  "es una fundación de la que fui presidenta pero con la que actualmente no tengo nada que ver".

 Sin embargo, en el acta constitutiva de la asociación -firmada el 30 de diciembre del 2010 y  cuyos documentos originales se encuentran en la Notaría Número Uno de la Novena Demarcación Notarial del estado de Morelos, con número de escritura 20,035 volumen DCXCV- el nombre de la legisladora aparece como presidenta de la misma.

Además, en diversos documentos se constata que la diputada ha realizado diversas operaciones en las que firma a nombre de la organización.

Por ejemplo, existen inmuebles pertenecientes a "Unidos vamos por Morelos A.C.", como el inmueble rústico denominado Ameyalco, ubicado en la calle sin nombre y sin número en el municipio de Atlatlahucan y el predio urbano ubicado en la calle de Río Frío en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla,  donde firma la diputada petista como representante de la misma asociación, lo que contradice su postura.

Luego de que al principio de la actual legislatura la diputada dio hace suyos los principios de austeridad y combate a la corrupción, con el paso de las semanas rechazó medidas adoptadas a nivel nacional, como reducir el sueldo de ella y sus homólogos o transparentar el presupuesto del Congreso bajo el argumento de que ese tema no era de su incumbencia, y ha ofrecido como explicación para la dotación millonaria que se asignó en el presupuesto que a través de la asociación se destinarán esos recursos a la educación inicial, cuando pudieron asignarse de manera directa al IEBEM, la dependencia que se encarga del tema.

 

 

 

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Estudio concluye que con base en el número de habitantes y, en comparación con otros estados, el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos, pues en la entidad viven más de un millón 903 mil personas y la LIV Legislatura tiene sólo 20 diputados.

De aplicarse el presupuesto de 498 millones programado para 2019, el Legislativo estatal costaría a cada habitante 262 pesos y, cada diputado, 24.9 millones de pesos al año.

La LIV Legislatura es una de las más caras a nivel nacional, ocupa el cuarto lugar por debajo de la Ciudad de México, de acuerdo con un estudio que el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" realizó en base al presupuesto que un grupo de diputados aprobó para el Congreso de Morelos -la semana pasada- por 528 millones de pesos.
Las estadísticas que emitió el centro de investigación señalan que de entrar en vigor el Paquete Económico 2019 que autorizaron los 15 legisladores, el Congreso del estado costaría a cada habitante 262 pesos, y por diputado 24.9 millones de pesos al año, tomando en cuenta que hay más de un millón 903 mil habitantes y son 20 los representantes populares.
"Morelos Rinde Cuentas" realizó un comparativo del presupuesto que gastarán las legislaturas locales de todo el país y, mientras a cada ciudadano de Quintana Roo le costará 312 pesos mantener a su Cámara de Diputados; en Baja California, 301 pesos, y en la Ciudad de México, 265; en Morelos, el costo será de 262 pesos.
El estudio concluye que tomando en cuenta el número poblacional y en comparación con otros estados, el Congreso de Morelos debería tener un presupuesto de 201 millones de pesos, pues en el estado viven más de un millón 903 mil personas y su presupuesto será de 498 millones (restando los 30 millones que corresponden al órgano auditor), mientras que Querétaro tiene más de dos millones de habitantes y su legislatura costará poco más de 305 millones de pesos.
A pesar de que el número de diputados en Morelos disminuyó de 30 a 20 legisladores, su presupuesto es de 100 millones de pesos más en relación con el año pasado, de acuerdo con el Paquete Económico aprobado la semana pasada.

 

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En un periodo extraordinario de sesiones también buscan destituir a Rosalina Mazari Espín como presidenta de la Comisión de Hacienda.

El grupo de los 15 legisladores en el Congreso del estado formalizó el proceso de remoción del presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, y de la presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, Rosalina Mazari Espín, a través de la Junta Política y de Gobierno, que solicitó un periodo extraordinario de sesiones para concretar dichos cambios en esta semana.
Siete de las 10 coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias en el Congreso local avalaron, ayer, en sesión de la Junta Política y de Gobierno la solicitud que "legisladores presentaron para proceder a la remoción del presidente de la Mesa Directiva y la presidenta de la Comisión de Hacienda.
"La principal razón es que incurrieron en desacato a lo que el Pleno ordenó la sesión del 8 de enero, donde se aprobó el presupuesto 2019 y otras leyes. En lugar de permanecer en el recinto y presidir la sesión, se ausentaron sin causa justificada, desobedeciendo lo que ordenó el pleno", explicó Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Junta Política y de Gobierno.
De acuerdo con lo que señaló la también coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), la Junta Política dio un plazo de 24 horas (contados a partir de ayer) para que la Diputación Permanente convoque a sesión extraordinaria y se proceda a la remoción de su actual representación al diputado del Partido Encuentro Social (PES) Alfonso de Jesús Sotelo Martínez y a la priista Rosalina Mazari.
Por otro lado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz sostuvo que defenderán la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobaron el martes pasado para el ejercicio fiscal 2019. 
Afirmó que aún y cuando el Poder Ejecutivo decida vetar el Paquete Económico mediante observaciones que realizará al mismo, el Poder Legislativo se mantendrá en su postura y no hará ningún cambio.
La petista defendió y justificó la asignación que hizo a la fundación "Unidos Vamos por Morelos" –que ella controla- por 10 millones de pesos, al señalar que es necesario se destinen recursos para educación inicial. 
Pese a que admitió que presidió la organización en el 2012, rechazó que haya un conflicto de interés. 

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El codirector de “Morelos Rinde Cuentas” considera que el anterior Ejecutivo y la anterior legislatura son los ganadores de esta aprobación.

El codirector del Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas", Roberto Salinas Ramírez, se pronunció a favor de que el Poder Ejecutivo haga observaciones al Paquete Económico aprobado por un grupo de legisladores y que se integre un presupuesto verdaderamente social. 
En conferencia de prensa, el investigador evidenció los abusos que cometieron los diputados locales al aprobar un presupuesto "a modo", pues asignaron recursos para la fundación "Unidos Vamos por Morelos" -que presidió la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz- y crearon un fondo de infraestructura de manera ilegal, además de que aumentaron en 100 millones de pesos más los recursos del Congreso del estado.
"¿Quiénes salen ganando aquí? La anterior administración y la anterior legislatura porque ya no se habla de esos temas; también la actual legislatura, sobre todo el G-15, y los más afectados son los ciudadanos porque la mala aplicación de los recursos y la poca transparencia les va a afectar", aseveró. 
El codirector de Morelos Rinde Cuentas consideró que el gobierno del estado debe dar reserva a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que aprobaron 15 legisladores, en uso de sus facultades, y avanzar en un Paquete Económico en el que la ciudadanía también participe para evitar más actos de corrupción.

 

 

 

 

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Diputados locales justificaron posibles abusos cometidos en la integración del presupuesto para el gobierno del estado y sostuvieron que se garantizó el beneficio de la sociedad. 
Luego de que se hizo público la asignación de 10 millones de pesos a favor de la fundación "Unidos Vamos por Morelos", que presidió la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo (PT), Tania Valentina Rodríguez Ruiz,  el diputado José Luis Galindo Cortés sostuvo que la determinación se tomó para fortalecer a la educación inicial en Morelos. 
"Es un sector, un tema que no tiene ningún tipo de apoyo a nivel estatal. Fue a propuesta de uno de los diputados", agregó.
El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que la creación de un Fondo de Infraestructura Municipal por 300 millones de pesos, se debió a la petición que las autoridades municipales hicieron al Congreso del estado para garantizar que los recursos de los municipios se asignaran directamente a obra pública.
"Es un fondo que se ha creado a petición de algunos ayuntamientos, considerando que se vuelve necesario incentivar el desarrollo de obra pública, tomando en cuenta que no hay equilibrio y/o proporcionalidad en la asignación de obra pública por parte de la secretaría respectiva", señaló Zapotitla Becerro.
Para el diputado del Partido del Trabajo José Luis Galindo el presupuesto que aprobó el grupo de 15 legisladores se basó en la legalidad, por lo que también descartó que proceda la controversia constitucional que promovió el Poder Judicial por el presupuesto asignado, cuyo monto fue de 647 millones de pesos. 

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Se cuenta con 10 días para hacer la contestación correspondiente: Sanz Rivera.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, señaló que tras ser recibida la notificación del dictamen del Paquete Económico para el ejercicio fiscal 2019, éste será analizado y de ser necesario se realizarán las observaciones correspondientes.

Expresó que el Paquete Económico recibido el jueves por la tarde por un grupo de diputados locales, en Palacio de Gobierno, es muy diferente al propuesto por el Ejecutivo estatal, por lo que ya se encuentra en manos de la Consejería Jurídica y de la Secretaría de Gobierno para su análisis.

Sanz Rivera indicó que el Gobierno de Morelos cuenta con 10 días para hacer las observaciones pertinentes y enviarlas a la LlV Legislatura local en un marco de absoluto respeto.

“Analizaremos toda esta situación y contestaremos de forma oportuna, como se tiene que hacer, con observaciones y todo; nosotros nos vamos a mantener dentro del orden”, refirió.

El jefe de la Oficina de la Gubernatura puntualizó que la administración que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo mantiene el compromiso de trabajar en beneficio de todos los sectores sociales, y así lo ha demostrado en las acciones desarrolladas durante los poco más de tres meses de gestión.

 

 

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Al parecer, los recursos provendrán de participaciones federales que corresponde ejercer directamente a los ayuntamientos.

Dentro del Presupuesto de Egresos del gobierno estatal para el ejercicio fiscal 2019, que el grupo de 15 legisladores (G-15) aprobó la madrugada del miércoles, se creó un "Fondo para la Infraestructura Municipal" por casi 300 millones de pesos.

Sin ningún fundamento legal o, al menos, alguna justificación técnica sobre su determinación, los legisladores crearon un fondo muy similar al que integró la LIII Legislatura y que ejerció a discreción por más de dos años. 

Sin embargo, el nuevo Fondo para Infraestructura se integró directamente en el Presupuesto de Egresos y los legisladores se ocuparon de etiquetar los recursos financieros a una lista de 57 obras para 30 municipios.

Los diputados tampoco explicaron de dónde se tomarán los 300 millones de pesos que, al parecer, provendrán de participaciones federales que corresponde ejercer directamente a los ayuntamientos.

No obstante, los legisladores permitirán -de acuerdo con el decreto aprobado el miércoles pasado- que los municipios definan el tipo de obra "cuando el rubro señale de manera genérica obras diversas de infraestructura".

El Fondo de Infraestructura Municipal que crearon los exlegisladores lo usaron para llevar a cabo obras en los distritos locales electorales que cada uno representó, y nunca transparentaron el uso de los recursos que pertenecían a los municipios del Fondo de Aportaciones.

 

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Para el Poder Judicial etiquetaron 647 millones 635 mil pesos, y para el Ejecutivo, tres mil 269 millones 377 mil pesos.

Diputados aumentaron el presupuesto del Congreso del estado en más de 100 millones de pesos y disminuyeron recursos para áreas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Oficina de la Gubernatura, que sólo recibirá 33 millones de pesos para este 2019.
En el Presupuesto de Egresos que un grupo de 15 legisladores aprobó -la madrugada de ayer miércoles- se asignó un monto de 528 millones de pesos para el Poder Legislativo. Para el Poder Judicial etiquetaron 647 millones 635 mil pesos y para el Ejecutivo, tres mil 269 millones 377 mil pesos.
Mientras tanto, los legisladores locales redujeron presupuesto a algunas de las áreas del Poder Ejecutivo, como es el caso de la Oficina de la Gubernatura, a la que le etiquetaron 33 millones de pesos, mucho menos  de los más de 200 millones que planteó el gobernador en su propuesta de Paquete Económico.
A la Secretaría de Gobierno -de 93 millones de pesos que se le asignaron en el 2018- sólo le etiquetaron 63 millones. En tanto, la Coordinación de Comunicación Social -de 122 millones en el 2018- recibirá 50 millones de pesos.
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) sólo recibirá 112.5 millones de pesos, de los cuales 80 millones son para los partidos políticos, mientras que en el 2018 el presupuesto fue de 138 millones de pesos.
La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, la diputada Rosalina Mazari Espín, cuestionó el aumento de 100 millones de pesos que sus homólogos autorizaron al presupuesto del Congreso del estado, ya que con 420 millones de pesos se podía solventar el déficit que heredó la pasada legislatura. 
"La pregunta es: ¿Esos 190 millones para qué, por qué, para quién. Qué no estamos hablando de austeridad a los de Morena y PT?", cuestionó la diputada priista.
Dijo que el próximo martes se reunirán en sesión de la Comisión de Hacienda para determinar las acciones legales a seguir, ante la aprobación del Paquete Económico que, aseguró, se hizo de manera ilegal.

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Cuauhtémoc Blanco invita a los diputados locales a trabajar por estado y buscar acuerdos en torno al Paquete Económico de este año.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, llamó a los diputados locales a trabajar a favor del estado y buscar acuerdos en torno al paquete económico para este año. Dejó ver que el Ejecutivo podría ejercer su derecho de veto o, en un momento dado, aplicar el presupuesto correspondiente al 2018.

En conferencia de prensa realizada al mediodía, el gobierno estatal fijó su postura respecto a la decisión de los legisladores de dar por aprobado el presupuesto del 2019 con diversas modificaciones a la iniciativa.

En primera instancia, se dejó en claro que la población puede estar tranquila por que el gobierno estatal seguirá operando y no se detendrá ninguna función esencial.

El consejero jurídico Samuel Sotelo Salgado subrayó que hasta ese momento no se había oficializado la aprobación del presupuesto, pero adelantó que el Ejecutivo tiene opciones legales para hacer observaciones y devolverlo al Congreso, pero especificó: “Todavía es un proyecto, es un proceso legislativo y surge a la vida jurídica una vez que se publique; incluso, si el Congreso nuevamente resuelve en el mismo sentido, hay un procedimiento especial; entonces, vamos a conocer primero el contenido de ese proyecto y, en su caso, recibir las instrucciones del gobernador y determinar cuál sería la vía que seguiríamos. Si hay observaciones, claro que se van a hacer y devolver el proyecto al Congreso del estado; hay un plazo para ello”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, indicó que el Ejecutivo tendrá 10 días para analizar el documento y decidir -en su momento- si ejerce derecho de veto o qué curso legal tomará.

 

“Me da tanta tristeza que parece una romería en el Congreso”: CBB

Pero el gobernador fue contundente y mostró su desacuerdo, al sostener que él y su gabinete no harán daño a la ciudadanía y llamó a los 15 legisladores (en clara alusión a quienes votaron a favor del proyecto modificado) a buscar acuerdos por el bien del estado. “Si los diputados no quieren probar y ahora se quieren hacer víctima diciendo que la ciudadanía, que ellos son de Morelos, pues mejor que se pongan a trabajar. Hay que ponernos de acuerdo, pero siempre va a pasar esto por intereses de muchas personas. Lo que yo le digo a la gente es que no les voy a fallar; todo esto es decisión de ellos, no es de nosotros; si es con el paquete del 2018, con ése nos vamos a ir, porque creo que ha pasado desde diciembre lo mismo…”.

“Me da tanta tristeza que parece una romería en el Congreso y traen acarreados, traen gente que realmente sirve para gritar y apoyar algunas decisiones de estos 15 diputados, pero yo les vuelvo a repetir que estamos firmes. Les reitero: hay que ponerse a trabajar por la gente. Nosotros no le haremos daño a la gente, pero creo que estamos cansados de lo mismo”, aseveró tajante.

Blanco Bravo expresó que ya sabían que esto podía suceder y, por lo tanto, estaban preparados. Lamentó que no haya acuerdos, porque en cada propuesta enviada al Poder Legislativo hay divergencia y no hay avances. “Imagínate, escuché a un diputado que dijo que los 15 son quienes mandan, ¿dónde estamos parados entonces…? En verdad les digo a los diputados, hay que ponernos de acuerdo, hay que ponernos a trabajar porque así vamos a estar, un conflicto y otro y otro, y así vamos a estar hasta abril”.  

El Jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, reconoció a las y los legisladores de la Comisión de Hacienda del Poder Legislativo, quienes han trabajado en la revisión a fondo de la propuesta del paquete económico con el secretario de Hacienda y han trabajado por actuar en apego a la ley.

El titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, dejó en claro que en lo referente a los montos globales de ingresos, todavía no se tiene la certeza total de los recursos que llegarán al estado por parte de la Federación. Se hizo una estimación de alrededor de 22 mil 600 millones de pesos, pero la cifra no está asegurada, pues no se consideran los proyectos específicos del orden federal.

Cabe recordar que más del 90% del presupuesto del estado proviene de las participaciones federales.

De igual manera, hizo notar que en la propuesta del Ejecutivo se consideraron para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recursos estatales por aproximadamente 620 millones de pesos, conforme a lo que establece la ley, y a esa suma se tiene que agregar lo que asignará a la casa de estudios el gobierno federal, cuyo monto no se ha dado a conocer de manera formal. De tal manera que rechazó tajante que el gobierno haya propuesto un recorte en ese rubro.

 

 

 

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Miércoles, 09 Enero 2019 05:25

G-15 aprueba Paquete Económico 2019

Autorizaron Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos por un monto de 25 mil 699 millones 963 mil pesos, en un proceso calificado como ilegal por la contraparte legislativa.

Un grupo de 15 legisladores se impuso en el Congreso del estado y aprobó la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 por un monto de 25 mil 699 millones 963 mil pesos, mediante un proceso legislativo que se acusó de ilegal y que podría ser impugnado.

La madrugada de este martes, en sesión extraordinaria, los diputados de los Partidos del Trabajo (PT), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Social Demócrata (PSD), Nueva Alianza (Panal), de la Revolución Democrática (PRD), Humanista (PH) y Movimiento Ciudadano (MC), hicieron mayoría a sus homólogos de los Partidos Encuentro Social (PES), Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y rechazaron la propuesta de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos que presentó el Poder Ejecutivo.

Por la tarde de este martes reinició la sesión que se abrió el 29 de diciembre pasado en un periodo extraordinario. Inmediatamente, el grupo de los 15 legisladores solicitó un receso para convocar a reunión de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública y dictaminar el Paquete Económico.

La priista Rosalina Mazari Espín advirtió ante tribuna que la dictaminación del Paquete Económico sería ilegal y, por tal motivo, podría impugnarse. Explicó que como presidenta de la Comisión de Hacienda, es la única facultada para convocar a sesión del órgano para emitir un dictamen, para lo cual convocó a reunión hasta el próximo martes. 

Sin embargo, la mayoría de los 15 legisladores logró el receso y José Casas González, como secretario de la Comisión, aprobó la dictaminación del presupuesto y reformas en materia hacendaria junto con otros siete diputados integrantes del órgano.

Los cinco diputados que se abstuvieron de aprobar ayer el Paquete Económico se retiraron del Congreso del estado, incluido el presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, por lo que la sesión extraordinaria fue presidida por la vicepresidenta Blanca Nieves Sánchez Arano.

Dentro de lo que se pudo conocer del dictamen aprobado, los legisladores rechazaron el programa de reemplacamiento; tampoco autorizaron la concesión del servicio de confinamiento final de la basura, la venta de bienes inmuebles del gobierno estatal y que el gobernador del estado pueda  transferir a su consideración el presupuesto 2019.

En la modificación al Código Fiscal rechazaron autorizar el manejo de los recursos financieros y la recaudación totalmente a la Secretaría de Hacienda.

En la Ley de Coordinación Hacendaria se incluyó a los municipios indígenas que se instalaron el 1 de enero para que puedan recibir aportaciones federales y estatales.

 

 

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