Son los que no presentaron su declaración patrimonial; representan el dos por ciento del total de obligados.

La Secretaría de la Contraloría del estado informó que sólo el dos por ciento de cinco mil servidores públicos que están obligados a presentar su declaración patrimonial no cumplieron, por lo que emplazará a los 100 funcionarios a registrar su situación económica, pues de lo contrario serán dados de baja del gobierno estatal.

De acuerdo con la nueva Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, personal de confianza (jefes de departamento hasta el gobernador) que hayan ingresado al gobierno hasta el 18 de julio de 2017 y todos los servidores que hayan sido contratados a partir del 19 de julio del mismo año estaban obligados a declarar antes del 31 de mayo.

La secretaria de la Contraloría estatal, Adriana Flores Garza, informó que hasta esa fecha cumplieron cuatro mil 900 servidores públicos; al resto se les notificará de su obligación para que acudan a la dependencia estatal a asesorarse.

La ley antes citada señala que la Contraloría está obligada a investigar las causas del porqué el dos por ciento de los funcionarios obligados no cumplió. Asimismo, señaló que en un plazo de 30 días deberán hacerlo; de lo contrario, serán separados del cargo por parte de su titular.

“A partir de la nueva ley, la Contraloría tiene la obligación de hacer un análisis de la evolución patrimonial. Anteriormente no se tenía esa obligatoriedad para la Contraloría, solamente en casos específicos en donde un juez nos lo solicitaba o en un caso específico. Pero ahora, de manera aleatoria, tenemos el sistema de cómo se va a hacer un análisis de evolución patrimonial y si hubiera un caso hablaríamos con los funcionarios”, explicó la funcionaria.

Ante la Contraloría, los sujetos obligados a declarar son los servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos, así como aquellos que manejan, custodian, administran y/o supervisan fondos al cuidado del gobierno estatal, considerados como personal de confianza. 

Servidores públicos de los ayuntamientos y del Poder Legislativo debieron hacerlo ante la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización.