Ahora será necesario obtener la aprobación de la mayoría de los cabildos para modificar la Carta Magna; ya no operará la “afirmativa ficta”, que permitía considerar como positivo el voto de los Ayuntamientos que en 30 días no se pronunciaban por una reforma constitucional

Los diputados locales clausuraron el último periodo ordinario de sesiones de la LIII Legislatura. Antes de instalar la Diputación Permanente modificaron la constitución local para dificultar que sus reformas sean desechadas, ya que ya no operará la llamada “afirmativa ficta” para obtener un voto favorable de aquellos ayuntamientos que en 30 días no se pronunciaran en el caso de alguna reforma constitucional.

Además aprobaron al menos siete jubilaciones "doradas" a favor de sus familiares y colaboradores, así como de funcionarios estatales.

Cerca de las dos de la mañana (ya en domingo) concluyó la última sesión ordinaria de la LIII Legislatura, en la que los diputados autorizaron las jubilaciones de Jorge Michel Luna, actual secretario de Hacienda; Beatriz Ramírez, secretaria de Educación, Stephanie Guzón André, secretaria ejecutiva de la gubernatura; Karina Arteaga Gutiérrez, ex directora de Recursos Humanos del Congreso; Denya Flores Rendón, esposa del diputado perredista Francisco Navarrete Conde, y de Francisco Velázquez Adán, ex director del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm),además de una lista larga de colaboradores de los diputados durante la última semana. 

Los decretos jubilatorios se establecieron como reservados, con la finalidad de que la ciudadanía no pueda conocer los montos que cobrarán los funcionarios en su retiro, que la mayoría se aprobaron por el 75 por ciento de sus ingresos mensuales actuales.

Ante ello, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Francisco Moreno Merino, deslindó a su bancada de la aprobación de los dictámenes jubilatorios, al señalar que las constancias laborales que acreditan los años de servicio pudieron haberse falseado, lo que sería causa del delito de fraude.

El diputado del Partido Encuentro Social (PES), Esaú Mondragón Corrales, declaró "de acuerdo a lo que sabemos en el caso de Francisco Hernández Adán acreditaba apenas seis años de servicio, por lo que no sabemos de dónde pudo justificarse las constancias". El legislador dijo que dicha situación se aplica para otros decretos a favor de funcionarios que presuntamente no cumplían con los requisitos de ley.

Los diputados autorizaron la venta de un inmueble de más de dos mil 500 metros de superficie, a favor de la empresa SEKISUIS-LEC México, S. a de C.

También autorizaron la donación de dos inmuebles a favor de la organización Arroceros de la Región Sur del estado de Morelos, Unión de Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, para que garantice un patrimonio para los productores de arroz morelense.

Con una adición al artículo 23D a la Constitución Política del Estado de Morelos, el Instituto de la Mujer dejó de depender del Poder Ejecutivo y se convirtió en un organismo autónomo.  

Ante tal acto, los legisladores abrieron un nuevo espacio de designación, pues una vez aprobada la reforma por los 33 cabildos, en un plazo de cinco días el Congreso local deberá iniciar el procedimiento de designación del nuevo titular del organismo, que durará en el cargo seis años y con oportunidad de ser ratificado por un periodo igual.

Los diputados también aprobaron reformas en materia de desarrollo sustentable para establecer como órgano desconcentrado la Comisión Estatal de Biodiversidad.

A fin de blindar las reformas aprobadas en los últimos días, los legisladores modificaron el artículo 147 de la Constitución Política del Estado, con lo que establecieron nuevos requisitos para poder reformar el mismo marco normativo y no se aplique la afirmativa ficta.

La propuesta fue impulsada por el grupo parlamentario del PRD y a partir de su aprobación, se eliminó el plazo de 30 días para que los ayuntamientos puedan votar una reforma constitucional. El Congreso del estado deberá esperar a que las dos terceras partes de los cabildos voten a favor la reforma, antes de emitir la declaratoria de validez.

Los legisladores también hicieron cambios en su estructura administrativa. Designaron a Aleyda Castro Díaz como Secretaría de Administración y Finanzas del Congreso local, en lugar de Martha Patricia Bandera Flores quien presentó su renuncia luego de que le fue aprobada su jubilación por los mismos legisladores.

Sin embargo,  la renuncia de Bandera Flores surtirá efectos hasta el 20 de julio, después de que haya concluido con la liquidación de todos los trabajadores de confianza del Poder Legislativo, a partir de hoy.

El 3 de agosto, los integrantes de la LIII regresarán de vacaciones, cuando se espera que convoquen a un periodo extraordinario para concretar la designación de dos magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa.