Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez se abstienen nuevamente de comparecer ante la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas del Congreso estatal.
A unas horas de que concluya el periodo ordinario, diputados locales buscarán concretar la remoción del fiscal general y del fiscal anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, respectivamente.
Por la vía rápida y a puerta cerrada, los legisladores del Partido Encuentro Social (PES) y José Casas González, del Partido del Trabajo (PT), convocaron a sesión de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, en la que comparecerían los fiscales, que fueron citados con tan sólo 48 horas de anticipación (el 10 de diciembre).
Sin embargo, Carmona Gándara no acudió a la cita y Salazar Núñez determinó enviar un escrito en el que señaló los elementos por los que considera es improcedente su destitución.
Ante la ausencia de los dos funcionarios, los legisladores citados acordaron proceder a la dictaminación del caso, con el voto en contra de la legisladora del Partido Humanista (PH), Cristina Xochiquetzal Sánchez Arano, tercera integrante del órgano legislativo, y quien también se opuso a que la sesión se realizara en privado.
El presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, sostuvo que no se violentó ningún derecho de los fiscales, pues se les garantizó audiencia para presentar sus alegatos en el proceso de destitución que solicitó el Poder Ejecutivo.
Pol tal razón, la comisión antes citada presentará este jueves ante el Pleno un dictamen en el que se establecerá si hay motivo o no para la destitución de Uriel Carmona y Juan Salazar.
Casas González informó que el dictamen se integrará en base a si los fiscales cumplieron o no con los requisitos para estar en el cargo, luego de que no se sometieron a los exámenes de control de confianza.
Mientras tanto, diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) reiteraron que votarán en contra de la remoción de los funcionarios mencionados, por tratarse de un proceso viciado de origen.
