Ejecutivo y Legislativo trabajan en las reformas legales que aún se requieren para que los municipios indígenas se puedan instituir con presupuesto y territorio propio y entren en funciones el próximo primero de enero, afirma diputado.

A contrarreloj, los poderes Ejecutivo y Legislativo deberán establecer las bases jurídicas para la operatividad de los nuevos municipios indígenas Hueyapan, Coatetelco y Xoxocotla, que entrarán en funciones el 1 de enero del 2019.

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, informó que se trabaja en coordinación con el Poder Ejecutivo, para concretar las reformas secundarias a leyes estatales que aún se requieren para que los municipios indígenas se puedan instituir con presupuesto y territorio propio.

Admitió que existe inexperiencia en el tema, pues nunca se había creado un municipio indígena en Morelos que trabajará bajo sus usos y costumbres, pero que tendrá bajo su responsabilidad un presupuesto y un número de población con su territorio al que le tendrá que prestar servicios públicos como Concejo Municipal.

Zapotitla Becerro dijo que les preocupa el tiempo que tienen para concretar las bases jurídicas necesarias para evitar una crisis en estos tres municipios el próximo año, ya que deben concretar ese trabajo antes del 15 de diciembre, plazo constitucional para la aprobación de las leyes de ingresos municipales.

"Estamos muy presionados en cuestión de temporalidad, es cierto, estamos prácticamente a un mes y yo espero que la próxima semana el Ejecutivo nos remita una propuesta muy específica, sobre la decisión que va a tomar sobre estas comunidades indígenas administrativamente hablando", explicó.

Por otro lado, el legislador informó que hoy se presentará finalmente una solución al conflicto que existe en Hueyapan por la integración del Concejo municipal. Aseguró que se planteará una salida que beneficiará a todo el municipio, aunque no especificó de qué trata.

Admitió que el Congreso del estado se ha tardado en atender el tema, pese a que los pobladores amenazaron con un conflicto mayor, al negarse a respetar al Concejo municipal que se eligió en julio pasado y que encabezaba David Montes Rosales, hermano del ex legislador perredista Javier Montes. 

 

 

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El Congreso busca destituirlo luego de que ayer se negó a informar a los diputados.

El Congreso del estado buscará remover al titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Vicente Loredo Méndez, por supuestamente haber protegido a exlegisladores y a autoridades del gobierno que encabezó Graco Ramírez en el mal manejo de recursos públicos.
Ayer, el auditor compareció ante los integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, ante quienes confirmó que la ESAF fue por muchos años una agencia de colocaciones y se aceptaron a aviadores del Congreso del estado y del Poder Ejecutivo.
De igual forma, admitió que de manera extraordinaria recibió más de dos millones de pesos al presupuesto de la ESAF del periodo de enero a junio del 2018, cuando se desarrollaba un proceso electoral, monto que nunca explicó a los legisladores en qué se ejerció.
El auditor Loredo Méndez fue citado por los diputados para que entregara información respecto a la revisión de las cuentas públicas a los municipios y al gobierno del estado, que durante los últimos dos meses se ha negado a entregar a los legisladores, pese dos exhortos hechos por el Pleno del Congreso. Sin embargo, ayer también se negó a responder a los legisladores la mayoría de las preguntas, con la justificación de que la ley le prohíbe aportar datos de las auditorías.
No obstante, los diputados señalaron al auditor no sólo las omisiones en las que ha incurrido en el cargo, sino que también lo acusaron de haber protegido a los exdiputados en un presunto mal manejo de recursos financieros.
José Casas González, diputado del Partido del Trabajo (PT), afirmó que el titular de la ESAF ayudó a exdiputados de la pasada legislatura a "salvar" auditorías aplicadas en el 2015 a las cuentas públicas de los municipios de los que fueron alcaldes, tal es el caso de Julio Espín Navarrete, en Puente de Ixtla; Hortencia Figueroa Peralta, en Jojutla; Alberto Martínez, en Tetecala; Javier Montes Rosales, en Tetela del Volcán, y Francisco Navarrete Conde, en Tepoztlán.
Además, la diputada Rosalina Mazari Espín puso en duda las auditorías que se aplicaron por la ESAF al ejercicio de un crédito por más de dos mil millones de pesos contratado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez al inicio de su administración estatal.
Al finalizar el encuentro, el titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización calificó como un "circo" la comparecencia a la que ayer acudió.
Mientras tanto, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, sostuvo que la comparecencia de ayer fue el inicio de un proceso para destituir a Loredo Méndez del cargo, aún y cuando fue designado en el 2015 por un periodo de ocho años.

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Morena propone quitar fuero a funcionarios.

Al menos cuatro alcaldes que terminarán su administración en diciembre próximo, plantearon incrementos en diversos conceptos de las tributaciones municipales, mediante las iniciativas de leyes de ingresos para el ejercicio fiscal 2019. Mientras que el ayuntamiento de Temixco solicitó la autorización de un crédito por 50 millones de pesos.

La diputada priista Rosalina Mazari Espín, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, informó que los ediles propusieron incrementar costos en licencias de funcionamiento de comercio, licencias de construcción e impuesto predial.

Se trata de los presidentes de Cuernavaca, Cuautla, Tepalcingo y Temixco. En el caso del último ayuntamiento también solicitó la aprobación de un crédito por 50 millones de pesos.

La legisladora local aseguró que no se aprobara más endeudamiento a nivel municipal ni estatal y tampoco se permitirá el cobro de tributos en perjuicio de la ciudadanía. 

 

Morena propone quitar fuero a funcionarios

Durante la sesión ordinaria de ayer, la coordinadora de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, propuso eliminar el fuero al gobernador, diputados, magistrados e integrantes de los cabildos.

La propuesta de reforma a la Constitución Política del Estado se presentó como parte de la agenda nacional que impulsó Morena. Sin embargo, en Morelos el fuero a los alcaldes y el resto de los integrantes del Cabildo fue eliminado en la LII Legislatura.

En el caso de los diputados locales, magistrados y el gobernador gozan de fuero federal y para ello se tendría que reformar la Constitución Política de México, facultad que compete al Congreso de la Unión. 

 

 

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El gobierno anterior también tenía 400 “aviadores” en la nómina de Unidos por Morelos y aumentó el gasto corriente en tiempo electoral.

Durante el gobierno estatal que encabezó Graco Ramírez, se habrían desviado 500 millones de pesos para la campaña del ex candidato a la gubernatura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rodrigo Gayosso Cepeda. 

El diputado de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, afirmó que existen documentos que comprueban dicho desvío de recursos, además del registro de 400 "aviadores" del Fondo "Unidos por Morelos" que nunca trabajaron por la reconstrucción del estado, tras el sismo del 19 de septiembre, pero prestaron sus credenciales de elector sin ninguna justificación.

Además, se detectó un incremento del gasto corriente de dos mil 500 millones de pesos a tres mil 500 millones, que coincidió con el proceso electoral del 2015.

Informó que dicha información fue presentada al gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo y en los próximos días serán elementos para sustentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Zapotitla Becerro adelantó que el Congreso del estado tiene proyectado aumentar el presupuesto de la Comisión Estatal de Seguridad, a solicitud de su titular José Antonio Ortiz Guarneros, a fin de impulsar una auditoría especial a la dependencia estatal por irregularidades cometidas en la administración pasada, como el haber informado de la contratación de cinco mil policías y sólo contar con mil 600 elementos.

El legislador de Morena sostuvo que no confían en el fiscal general Uriel Carmona Gándara, para el desahogo de las denuncias que se promoverán en contra de ex autoridades estatales, por lo que insistió en que buscan su remoción, a pesar que se amparó para que el Congreso no reformara la Ley Orgánica de la Fiscalía que le otorga beneficios como una pensión vitalicia. 

 

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Se propone establecer figuras como la revocación de mandato, plebiscito, referéndum, entre otras.

El Pleno del Congreso local conoció la iniciativa de reforma constitucional en materia de participación ciudadana con el fin de incluir las figuras de revocación de mandato, presupuesto participativo, congreso y gobierno abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de contraloría.

Durante la sesión del miércoles pasado, el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Héctor Javier García Chávez, presentó la propuesta de reforma al artículo 19 Bis de la Constitución Política del Estado de Morelos.

El legislador local sostuvo que es necesario reformar el tema de la participación ciudadana, a raíz de la reforma que aprobó la LIII Legislatura para eliminar la revocación de mandato.

Propuso establecer los siguientes mecanismos de participación ciudadana: revocación de mandato, presupuesto participativo, gobierno abierto, plebiscito, referéndum, iniciativa popular, consulta ciudadana, colaboración ciudadana, rendición de cuentas, audiencia pública, cabildo abierto, Congreso abierto, asamblea ciudadana, difusión pública y red de Contraloría.

"La transformación y evolución del modelo democrático no puede entenderse sin una participación popular plena, directa, sin mecanismos reales y tangibles en los que la sociedad no sólo sea protagonista de un desarrollo justo y equitativo, sino en el que el poder político esté integrado bajo una perspectiva colectiva y nacional", manifestó García Chávez.

Explicó que al establecer los mecanismos de participación antes citados, la ciudadanía podrá tomar decisiones en torno a la aprobación del presupuesto y también conocer de manera directa lo que se desarrolla en las sesiones del Congreso del estado y de las decisiones del gobierno estatal.

La propuesta fue turnada a comisiones para su análisis.

 

 

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El Congreso crea una comisión especial; indagarán sobre los ocho mil millones destinados a paliar los efectos del sismo.

El Congreso del estado iniciará una investigación en contra de la administración que encabezó Graco Ramírez, para esclarecer el uso de ocho mil 300 millones de pesos que fueron asignados por la Federación y el gobierno estatal para la reconstrucción de viviendas, escuelas e infraestructura hospitalaria y carretera, afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Ayer, diputados locales instalaron la Comisión Especial de Reconstrucción del Congreso del estado, que llevará a cabo la investigación y promoverá posibles acciones administrativas y penales en contra de las ex autoridades responsables de presuntas irregularidades.

La diputada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, como presidenta de la comisión dijo que se sospecha el mal uso de recursos financieros destinados para la reconstrucción, ya que de cada 100 casas afectadas sólo se reconstruyeron cinco y el mismo atraso registran en escuelas y hospitales.

La legisladora señaló que el gobierno federal entregó a Morelos, por medio del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), siete mil millones de pesos que se sumaron a los mil 300 millones que el estado aportó por medio del fideicomiso "Unidos por Morelos".

En total, en Morelos 31 mil viviendas resultaron afectadas por el sismo, de las cuales 5 mil 370 fueron daño total. Hasta agosto de este año el gobierno de Graco Ramírez sólo entregó 232 viviendas; de mil 831 escuelas afectadas,y sólo en 400 planteles se iniciaron trabajos de recuperación.

"Durante los trabajos de investigación que desarrolle está comisión estaremos facultados para iniciar procedimientos penales, civiles y administrativos que haya lugar ante las autoridades competentes y en contra de quien resulte responsable, en caso de encontrar actos de corrupción en el uso, destino y aplicación de los recursos públicos", manifestó la diputada de Morena.

De igual forma, dijo que retomarán los trabajos de reconstrucción para apoyar a los afectados por el sismo lo antes posible.

A la instalación de la comisión, acudieron alcaldes de los municipios afectados por el terremoto, como es el caso de Jojutla, Tlaquiltenango y Puente de Ixtla. 

El presidente electo de Jojutla, Juan Ángel Flores Bustamante, propuso a los diputados realizar un nuevo censo de los damnificados por el temblor, para que se garantice el apoyo a las personas afectadas.

Señaló que es urgente que se retomen los trabajos porque hay muchas familias en las calles, pero también que se esclarezca qué pasó con los ocho mil 300 millones de pesos, pues el presidente electo Andrés Manuel López se comprometió a asignar 700 millones de pesos a Morelos para el mismo fin. 

 

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A nombre de los ciudadanos de Morelos reprochó la corrupción en la fallida obra del Paso Exprés.

Exigió que, además de sanciones a implicados, se realicen las obras necesarias para subsanar fallas de seguridad.

Organizaciones civiles y empresariales respaldaron postura de legislador federal.

El diputado federal por Morelos de Morena, Alejandro Mojica Toledo, entregó el reconocimiento a  la “Ineptitud y Corrupción” al titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y reclamó los agravios cometidos contra los morelenses y los millones de personas que arriesgan su vida al cruzar por el mal llamado Paso Exprés.

Durante la comparecencia de Ruiz Esparza en el Congreso de la Unión, Mojica Toledo subió a tribuna para recriminarle de frente su ineptitud y que su historial como servidor público quedará manchado de sangre por las vidas que cobró la corrupta y fallida obra.

“Ineficiencia, corrupción, soberbia, ésa es la marca que usted, Gerardo Ruiz Esparza, dejó grabada en el pavimento del mal llamado Paso Exprés.

“Pero el peor agravio, del que usted es cómplice y que mantiene sus manos sucias de sangre, es el colapso del tramo 93+857 del Paso Exprés, en el que perdieron la vida dos personas, padre e hijo, al caer en un socavón generado en la cinta asfáltica debido a la estupidez de los ingenieros que usted puso a cargo de sus negocios”, dijo y le recordó que manera inexplicable mantuvo como delegado de la SCT en Morelos, José Luis Alarcón Ezeta, profesor de inglés en el Estado de Hidalgo.

Dejó claro que ciudadanos, vecinos afectados por las obras del Paso Exprés, ambientalistas y la sociedad civil organizada advirtió una y otra vez a la dependencia federal de las deficiencias y daños ocasionados por la obra fallida, pero que por negligencia y corrupción fueron desoídas.

Es así que, en nombre de los morelenses y todos los usuarios afectados, Mojica Toledo entregó el reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” al secretario de la SCT y afirmó que, pese a que Ruiz Esparza pretende dar carpetazo al asunto, buscará no sólo que haya sanciones y deslinde de responsabilidades en la cadena de corrupción, sino que la dependencia federal haga frente a la exigencia de los ciudadanos y subsane urgentemente  todas las fallas de seguridad que ponen en riesgo la vida de miles de jóvenes, padres de familia, trabajadores y turistas que atraviesan esta vía de comunicación.

“En su reciente comparecencia ante el Senado, declaró que la investigación del Paso Exprés es un asunto cerrado, a pesar de la existencia de la Recomendación 34/2018 de la CNDH, en la que señala la responsabilidad directa de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como del Gobierno del Estado de Morelos, en aquel momento a cargo de Graco Ramírez, en este asunto. 

“Recuerdo cuando lo vi aquel 12 de julio de 2017, bajando de su helicóptero y balbuceando en televisión nacional “Pido perdón a las familias de las víctimas por el mal rato que han pasado”; debe ser enorme la culpa que usted carga sobre sus hombros”, espetó.

El reconocimiento a la “Ineptitud y Corrupción” fue entregado con el respaldo de: Guardianes de los Árboles, Cámara Nacional de Comercio  de Cuernavaca (Canaco), Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Armando Comunidad A.C., Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra-Morelos), Asociación de Parque Acuáticos y Balnearios de Morelos (Apabam), Asociación Mexicana de Mujer (Amexme), Asociación de Discotecas y Centro de Espectáculos (Adice), G-19, Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive-Morelos), Consejo Cívico Ciudadano y Colectivo del Rescate del Paso Exprés. 

 

 

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La consulta estará abierta hasta el domingo en diez mesas receptoras en ocho municipios de la entidad.

Este jueves inició en Morelos, como en el resto del país, la consulta nacional sobre el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), convocada por el equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador. En la entidad fueron colocadas diez mesas receptoras a las que acudieron durante la jornada del primer día cientos de personas.

En Morelos se proyectó la instalación de una decena de mesas receptoras. Los organizadores informaron que se instalaron sin contratiempos y fueron distribuidas mil 500 boletas para cada una.

De acuerdo con la página de internet del equipo de transición, las mesas en Morelos se ubicaron en los municipios de Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Puente de Ixtla, Xochitepec, Tlaltizapán, Temixco y Yautepec.

Cabe recordar que el propósito es consultar a la ciudadanía qué proyecto prefiere en relación al proyecto de terminal aérea, si continuar con el de Texcoco y dejar de usar el de la Ciudad de México, o la propuesta de seguir usando el que ya está en operación y adecuar pistas en el de Santa Lucía.

La consulta nacional para definir el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estará abierta para todos los mexicanos mayores de 18 años hasta el 28 de octubre.

Las mesas serán ubicadas en el mismo sitio durante estos días, abrirán a las ocho de la mañana y cerrarán a las 18 horas, como ocurrió en la mayoría de las casillas ayer.

El único requisito para participar en la consulta es presentar la credencial de elector. Una de las personas que se encuentran en la mesa revisa la credencial y la coteja con un teléfono celular en el listado nominal; de coincidir, se entrega la papeleta que sólo contiene dos opciones.

De manera abierta a los ojos de los integrantes de la mesa, la persona debe marcar su elección, pues no hay posibilidad de realizar esta acción en secreto o de forma privada. Una vez que se vota, se coloca la papeleta en la urna y se solicita al ciudadano marcar el dedo pulgar de la mano derecha con tinta. Terminado el proceso, se entrega la credencial.

Las quejas recurrentes eran que algunas de las personas ubicadas en mesas aprovechaban oportunidades para incidir en la decisión del participante, por ejemplo, en el zócalo de la ciudad, donde un adulto mayor pidió más información para poder marcar y uno de los receptores hizo hincapié en las desventajas de una de las opciones.

Hasta el reporte del mediodía, los organizadores indicaron que la afluencia de los ciudadanos era mayor a la esperada.

El presidente del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Morelos, Gerardo Albarrán Cruz, acudió la mañana de este jueves a la mesa ubicada en los arcos del Palacio de Gobierno.

En entrevista, dijo que para los morenistas es fundamental que la ciudadanía participe, ya que en la construcción de la democracia es necesario promover la opinión de las y los ciudadanos y que ésta sea tomada en cuenta por quienes gobiernan.

Dijo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador está cumpliendo con este compromiso de campaña con esta primera consulta. Ante las críticas, dijo que la organización, ejecución y planeación de la actividad está vinculada al equipo de transición del próximo gobierno federal y añadió que respeta los puntos de vista de todas las personas.

 

 

 

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Existe desabasto en varios municipios: diputada.

La coordinadora del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, informó que impulsará un punto de acuerdo para que se apliquen auditorías a los organismos de agua potable en el estado, ante el desabasto que existe del servicio público en varios municipios.

De acuerdo a la legisladora, la carencia de agua que registran varias colonias de Cuernavaca se vive en otros municipios de la entidad, ya que la mayoría de los organismos operadores enfrentan problemas financieros severos.

Ante tal situación, dijo que impulsará un punto de acuerdo para que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) aplique auditorías en los sistemas de agua potable de manera urgente.

Mientras tanto, sostuvo que los alcaldes tienen que hacer frente al problema y resolverlo de inmediato, pues es su obligación cumplir con los servicios públicos que además pagan los ciudadanos.

"No es un tema exclusivo de Cuernavaca. Nos hemos enterado que varios municipios están en la misma situación y mucha gente está careciendo del vital líquido que es el agua potable. Es una bomba de tiempo que ya explotó y esperemos que el presidente cumpla, porque se puede complicar aún más si no dan solución y la solución es que se les lleve el agua de la manera que sea a los hogares", manifestó.

La legisladora local señaló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debe ser sensible y buscar una solución para que el municipio de Cuernavaca y otros gobiernos puedan pagar las deudas que tienen con la paraestatal. 

 

 

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Plantean volver a crear una legislación para erradicar las cuotas en escuelas de nivel básico.

El Congreso del estado analiza abrogar la Ley de Uniformes Escolares Gratuitos y volver a crear una legislación para erradicar las cuotas escolares en escuelas de nivel básico.

Ayer, integrantes del Movimiento Magisterial de Bases (MMB) y de los comités de padres de familia de distintas escuelas del estado, presentaron una solicitud a los diputados del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se cree una nueva ley que prohíba el cobro de cuotas escolares y obligue al gobierno del estado a aportar presupuesto para el mantenimiento de las escuelas.

Julita Villalba Arias, integrante del MMB, dijo que la Ley de Uniformes Gratuitos fue un fracaso y, a la fecha, se desconoce el uso del presupuesto etiquetado para apoyar a los alumnos.

Mientras tanto, sostuvo que en todas las escuelas se obliga a los padres a pagar por una cuota. Sin embargo, dijo que si se vuelve a crear una ley en la materia, también debe transparentarse el uso de los recursos financieros.

Al respecto, la diputada de Morena, Alejandra Flores Espinoza, aseguró que se analizará la propuesta de padres de familia y maestros, pues es un hecho que la Ley de Uniformes Gratuitos "sólo sirvió para avalar un negocio" de la pasada legislatura y administración estatal.

"Lo vamos a revisar con los abogados, lo vamos a analizar con los diputados para que sea otra vez y regresar la ley (de cuotas escolares). Estamos a un mes de revisar el presupuesto y es por ello la urgencia de que se analice crear esta ley", declaró. 

De igual forma, refirió que el Congreso del estado pedirá al gobierno del estado se aclare el uso del presupuesto que se destinó en un primer momento para las cuotas escolares y, posteriormente, para los uniformes, ya que nunca lo transparentó la administración estatal pasada. 

 

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