El proceso impulsado por el Ejecutivo para remover a Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez perdió validez legal desde diciembre, por desidia de diputados: Zapotitla Becerro.

El proceso de destitución que inició el Poder Ejecutivo ante el Congreso del estado en contra de los fiscales general y anticorrupción, Uriel Carmona Gándara y Juan Salazar Núñez, perdió validez legal desde diciembre pasado, por desidia de los mismos diputados que lo respaldaron.
El diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Marcos Zapotitla Becerro, confirmó que el proceso de remoción caducó en diciembre del año pasado, pues los integrantes de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas no le dieron seguimiento "por alguna extraña razón" y, ahora, el Poder Ejecutivo deberá promover uno nuevo, mediante otras causales, si pretende la salida de los dos fiscales.
"Vale la pena que le pregunten al presidente de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por qué la detuvo, que le pregunten a los iniciadores de esta situación. Tenían un plazo de 15 días hábiles para resolver y se venció este plazo el 18 de diciembre. De tal manera que la Comisión de Justicia que tanto buscó tener en sus manos una resolución de este dictamen, pues de repente paró el tema, llama la atención. Lo cierto es que legalmente se venció el plazo", agregó. 
Cabe recordar que fueron los diputados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES) quienes impulsaron el proceso para remover del cargo a los llamados "fiscales carnales".
Zapotitla Becerro informó que la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación continúa la investigación que inició en contra de los fiscales, para sustentar su destitución y evitar que permanezcan en el cargo dos funcionarios que fueron designados por el gobierno que encabezó Graco Ramírez.