Un grupo de magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desconoció ante los tres Poderes del Estado la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, por considerar que los nombramientos fueron ilegales.
Mediante una misiva dirigida a la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, con copia entregada en cada una de las oficinas de los 20 diputados del Congreso local; el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo; el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda; los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y Tribunal Estatal Electoral, los inconformes expresaron su desconocimiento de los acuerdos tomados por el grupo de magistrados que encabeza Cuevas López en el Pleno del pasado lunes 3 de junio, en el que fue integrada dicha junta.
“Por este medio hacemos patente que los suscritos de ninguna manera reconocemos ni la validez de la sesión que fuimos convocados el pasado 3 de junio del año en curso, como tampoco los acuerdos y resoluciones surgidos de la misma, en particular la supuesta e ilegal elección y toma de protestas de la magistrada Elda Flores León y al juez Alejandro Becerra Arroyo como integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.
“Desde luego nos reservamos nuestro derecho a acudir a las instancias competentes y ejercer las acciones jurídicas conducentes en la defensa del Tribunal Superior de Justicia, de los magistrados que integran el Pleno y de los jueces”, recalcaron los magistrados Bertha Rendón Montealegre, Juan Emilio Elizalde, Carlos Iván Arena Ángeles, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Andrés Hipólito Prieto y Norberto Calderón Ocampo.
Así, con esta misiva firmada por nueve magistrados del TSJ, pasaron de expresar su inconformidad al interior del TSJ, a hacerla extensiva y del conocimiento formal al resto de los Poderes del Estado y actores políticos, con la finalidad de que pongan atención de lo que ocurre en una de las instituciones más importante de la entidad que, a decir de los magistrados, en lugar de velar por el cumplimiento de la ley, la rompe y pasa por encima de las normas y de la propia Constitución.
Para los magistrados inconformes, los acuerdos de esa sesión y la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina no fueron legales por tres razones esenciales. La primera por que no se cumplió con el quórum de dos terceras partes de los integrantes del Pleno. La segunda, porque Alejandro Becerra Arroyo no estaba en funciones de juez y se desempeñaba como colaborador cercano de la presidenta con el cargo de coordinador de asesores y representante legal del Poder Judicial. Y, la tercera, porque por lo menos una juez, Mireya Díaz Cerón, expresó su deseo de ser considerada en la terna para ser representante de los juzgadores ante la junta y su petición fue ignorada, por lo cual promovió un amparo y se le concedió la suspensión provisional.
En contraste, la presidencia del TSJ ha insistido –mediante un comunicado- que “las versiones que señalan que el pleno es ilegal son posiciones políticas y no jurídicas” y que si se cumplió con los requisitos legales para llevar a cabo la integración de la junta.
También insistió en que si hubo quórum para sesionar y que, los magistrados disidentes, al haber abandonado la sesión de Pleno no ejercieron su derecho a voz y voto.
