El Congreso del estado tipificó como robo calificado el que se cometa en contra de los usuarios y cuentahabientes de las instituciones bancarias, así como la conducta de los  empleados de las mismas que avisen a otra persona del retiro de dinero. 

Durante la última sesión ordinaria del primer año de la LIV Legislatura, el pasado lunes, los diputados reformaron el artículo 176 del Código Penal del Estado de Morelos, a fin de establecer sanciones más severas en contra de quienes roben a un usuario o cuentahabiente de un banco, así como en contra de los trabajadores bancarios que –al dar información sobre el cliente que retira dinero- participen de dicho delito. 

De acuerdo con el dictamen aprobado por el Pleno legislativo, las sanciones para quienes cometan dicho delito serán superior a la mitad del delito de robo simple. 

El Código Penal, en su artículo 174, señala que quien cometa el delito de robo tendrá de seis meses a un año de prisión, de quince a noventa días de trabajo en favor de la comunidad, así como de diez a cincuenta días-multa, cuando el valor  de la cosa no exceda de veinte veces el salario mínimo, o no sea posible  determinar su valor; de dos a cuatro años de prisión y de cincuenta a ciento veinte días de multa cuando el valor de la cosa exceda de veinte pero no de doscientas cincuenta veces el salario mínimo. 

Así mismo, de cuatro a diez años de prisión y de ciento veinte a cuatrocientos días multa cuando el valor de la cosa exceda de doscientas cincuenta pero no de  seiscientas cincuenta veces el salario mínimo; y de diez a catorce años de prisión y de cuatrocientos a seiscientos días- multa cuando el valor de la cosa exceda de seiscientas cincuenta veces el  salario mínimo.

Los diputados establecieron en el mismo Código Penal que se considerarán como  “lesiones calificadas”, las que se cometan contra personas mayores de 60 años de edad.

En la exposición de motivos, los diputados justificaron la reforma aprobada, al señalar que en los últimos años se ha incrementado el robo en contra de usuarios de instituciones bancarias, por lo que resultaba necesario legislar el respecto.