Involucran también a su hija, que es diputada.

Tlaquiltenango.- Las mascotas del excandidato a la presidencia de Jojutla y padre de la diputada Cristina Xochiquetzal Sánchez Ayala, Gerardo Sánchez Mote, agredieron a dos mujeres en apenas una semana, y ni siquiera ofrecieron disculpas ni pagaron curaciones, por lo que las víctimas piden que las controle para que no haya un problema mayor.

Las mujeres, que fueron afectadas en días diferentes, dijeron que se atrevieron a hablar porque la diputada local mencionada vive también en ese domicilio y ha hecho declaraciones, con respecto a ese tema, fuera de la realidad.

Coincidieron en que los perros de Sánchez Mote (quien vive en la calle Margaritas, en el fraccionamiento “Vista Alegre” de Tlaquiltenango), un gran danés, un bóxer y un mestizo, son “una amenaza” para quienes transitan por esa calle, especialmente niños.

Una de las afectadas, Yuritzi Daniel Menes, explicó que el miércoles 5 de junio pasado llegó al fraccionamiento a visitar a un familiar, cuando a lo lejos vio venir a los tres perros, que se le abalanzaron, y el bóxer la mordió.

A raíz de ese hecho, la agraviada solamente se desinfectó las heridas, no acudió al médico.

Lamentó que precisamente fue a la diputada a la que se le salieron los perros de la casa y supo que mordió a una mujer, pero no hizo nada más, se quedó esperando, ni fue a preguntar ni a ofrecer disculpas, por lo menos.

El segundo caso fue de Socorro Villegas Urbina, persona de la tercera edad, quien el 12 de junio fue atacada por los mismos perros.

“Yo iba caminando y vi que se acercaban; aceleré el paso, pero me alcanzaron, me mordieron, me rompieron el vestido; empecé a gritar, tenía mucho miedo y me desmayé”, recordó.

Por tal motivo, sufrió heridas en un brazo y una pierna, y se atendió por su cuenta.

Dijo que no tiene intención de demandar, pero lamentó que el esposo de la diputada y su madre fueron testigos, pero después del ataque, la legisladora declaró cosas que no eran ciertas.

“El sentimiento que yo tengo es que ni siquiera me vinieron a ver, a preguntar cómo estoy, y de hecho, la señora me dijo que me iba a llevar al doctor y no lo hizo”, comentó la víctima.

En el domicilio de Sánchez Mote (que vive en Tlaquiltenango, pero fue candidato a la alcaldía de Jojutla apenas el año pasado y generó polémica hace poco, al conocerse que trabajaría en el Congreso del estado con su hija) no se localizó a nadie, ni a las mascotas.

El pasado 13 de junio, la asociación de colonos le pidió a la diputada que se llevara a sus perros a otro lugar, por la amenaza que representan para los transeúntes.

 

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Tania Valentina exhorta a legislar para disminuir el problema financiero que eso significa.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, confirmó que impulsará una nueva legislación en materia de servicio civil para atender el problema financiero de las instituciones públicas por el pago de pensiones y jubilaciones. 
En rueda de prensa, la también presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso local convocó a las autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos autónomos y sindicatos a mesas de trabajo, a fin de impulsar políticas públicas para evitar un "caos" en un futuro próximo por la acumulación de solicitudes de jubilación en los últimos años. 
Rodríguez Ruiz sostuvo que es urgente trabajar en el tema, ya que el pago de pensiones absorbe el 60 por ciento de los ingresos del estado, lo que significa que para este 2019 se hayan destinado 672 millones de pesos para dicho rubro. 
Sin embargo, dijo que el problema crece, pues la comisión que preside tiene acumuladas mil solicitudes de jubilación, la mayoría admitidas en la LIII Legislatura. 
Invitó a los tres poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos a trabajar para generar soluciones, así como a los sindicatos que en legislaturas pasadas se han opuesto a una reforma a la Ley del Servicio Civil, por temor a que se afectaran sus derechos laborales. 
"Nuestro estado carece de una política pública para enfrentar el problema de las pensiones y que a la vez respete los derechos adquiridos de los trabajadores, ése es el problema. Las soluciones no son fáciles y solos, ni separados, podríamos resolver el problema en el corto y mediano plazo y se convertirá en un caos. Lo fácil es hacer como que no pasa nada", manifestó la coordinadora del grupo parlamentario del Partido del Trabajo. 

 

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el juicio de amparo indirecto es procedente contra omisiones legislativas.

Al analizar contradicción de tesis 54/2018, suscitada entre la Primera y la Segunda Sala de la SCJN en los amparos en revisión 1359/2015 y 1221/2016, el Pleno resolvió que en un amparo en revisión, la Primera Sala, en su momento, determinó que el amparo indirecto procede en contra de las omisiones legislativas, es decir, la inactividad de un congreso para expedir un ordenamiento, en desacato a un mandato de la Constitución Federal.

Ello, al considerar que la Constitución Federal y la Ley de Amparo no excluyen o impiden que el amparo pueda ser promovido en estos casos, además de que no afecta el principio de relatividad de las sentencias de amparo, en virtud del cual, las sentencias dictadas en estos juicios sólo protegen a quien los promueve.

Por su parte, la Segunda Sala había establecido un criterio en sentido opuesto, determinando que es improcedente el juicio de amparo contra una omisión legislativa, siendo procedente únicamente contra omisiones de las autoridades administrativas, además de que se afectaba el mencionado principio de relatividad de las sentencias de amparo.

Sin embargo, en asuntos posteriores, la Segunda Sala abandonó ese criterio y adoptó uno nuevo, en igual sentido que el de la Primera Sala.

Por tal motivo, al sostener ambas salas el mismo criterio, el Pleno resolvió que era inexistente la contradicción de tesis planteada.

 

 

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El Congreso abrogó pensión a Anahí Bahena López por incumplir requisitos.

Un juez federal otorgó una suspensión provisional a la ex directora general de consultoría en asuntos administrativos de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos, Anahí Bahena López, contra la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión por parte de la Fiscalía General del Estado o la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La ex funcionaria y esposa del otrora secretario de Gobierno, Ángel Colín López, promovió el juicio de amparo 745/2019 radicado en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Cuernavaca, contra cualquier orden privativa de la libertad, derivado los posibles procedimientos penales iniciados en su contra a solicitud del Congreso local, tras la abrogación de su decreto de pensión por jubilación, en el que los diputados encontraron irregularidades.

El juez federal solicitó informes tanto a la fiscalía estatal como a la fiscalía especializada, así como a los jueces de control del Primer, Segundo y Tercer Distrito Judicial, con la finalidad de conocer si existe alguna carpeta de investigación o juicio abierto contra la ex funcionaria graquista.

En tanto, otorgó la suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier orden de detención o aprehensión, y fijó una garantía de cinco mil pesos.

El pasado 12 de abril, el Congreso del Estado abrogó la pensión que la anterior legislatura autorizó a Anahí Bahena López, al 60% de su último salario como funcionaria de la Consejería Jurídica del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con el decreto de abrogación, tras una revisión al expediente de la ex servidora pública, los diputados concluyeron que ella habría obtenido un beneficio indebido para sí, al no cumplir con los requisitos de ley para obtener la pensión por jubilación.

Ante tal conclusión, el Congreso ordenó a su área jurídica iniciar los procedimientos administrativos y denuncias penales necesarias en contra de la ex funcionaria y todos aquellos que hubieren cooperado en la presunta comisión de un delito o falta administrativa.

 

 

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Miércoles, 12 Junio 2019 05:00

Ordenan corregir vicios de la ley del IMIPE

La SCJN mandata al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de Morelos legislar en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, para subsanar en el próximo periodo ordinario de sesiones los vicios detectados en la ley local.

Lo anterior, al resolver las acciones de inconstitucionalidad 38/2016 y su acumulada 39/2016, promovidas por la otrora Procuraduría General de la República (hoy Fiscalía General de la República) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que demandaron la invalidez de diversas disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de abril de 2016.

Ambas instituciones plantearon la inconstitucionalidad de la norma local por invasión del ámbito de competencia reservado exclusivamente al Congreso de la Unión y la violación al principio de certeza jurídica por cuanto hace a los medios de impugnación en materia de transparencia y acceso a la información.

De acuerdo con la resolución, cuyo proyecto estuvo a cargo del ministro Eduardo Medina Mora, se declaró la constitucionalidad de varios artículos de la ley de transparencia, pero a la vez se invalidaron diversas porciones normativas de los mismos referentes a los plazos de tramitación, notificación, respuesta y vencimiento de los recursos de revisión.  

También se invalidó el artículo 126, párrafo cuarto, en la porción normativa que dice: “el organismo garante, al resolver el recurso de revisión, podrá excepcionalmente divulgar los datos personales (de un particular), siempre que realice una valoración y emita una resolución debidamente fundada y motivada”.

“En caso de determinarse la publicidad de la información, la resolución deberá explicitar las razones por las que se afirma que los beneficios sociales de divulgar la información serán mayores a la eventual afectación de los intereses de los particulares”.

El Pleno, por mayoría de votos, declaró la existencia de la omisión legislativa respecto del artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Por ello, condenó al Congreso del Estado de Morelos a que en el siguiente período ordinario de sesiones legisle en cuanto a la omisión legislativa relativa respecto del artículo 118 de la ley en la materia, “en el sentido de que no contemple el supuesto establecido en el artículo 143, fracción XIII de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, relativo a la orientación a un trámite específico, así como la posibilidad de que la respuesta de los sujetos obligados como resultado de la resolución a un recurso de revisión interpuesto en contra de la falta de respuesta a una solicitud de acceso a la información dentro de los plazos legalmente previstos en el artículo 143, fracción VI de la ley general, pueda volver a impugnarse a través del recurso de revisión”.

 

 

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Miércoles, 05 Junio 2019 05:14

Reactivarán la Mesa de la Gobernabilidad

El gobernador Cuauhtémoc Blanco encabezó una reunión de trabajo con diputados e integrantes del gabinete estatal.

Diputados locales acordaron con el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, la reactivación de la Mesa para la Gobernabilidad, en la que los tres niveles de gobierno y los representantes de la sociedad civil atenderán los temas prioritarios para el estado.
La tarde de este martes, en la residencia oficial, se llevó a cabo una mesa de trabajo con los legisladores, en la que también participaron integrantes del gabinete del gobierno del estado, como fue el secretario de Hacienda Alejandro Villarreal Gasca, quien confirmó que ha realizado puntualmente la entrega de los recursos financieros que le corresponden a la Fiscalía General del Estado (FGE) y a la Comisión Estatal de Seguridad (CES).
Es que los diputados pretendían citar a comparecer al secretario de Hacienda, después de que en la primera mesa de trabajo en materia de seguridad, que se desarrolló el 22 de mayo en el Congreso local, los legisladores conocieron de los titulares de la CES y FGE la falta de presupuesto para operar.
Finalmente, se acordó que no habría comparecencia y que el encargado de las finanzas del estado entregaría en las próximas horas un informe sobre los depósitos hechos a las dependencias de seguridad y procuración de justicia.
No obstante, el mandatario estatal se comprometió a reinstalar la Mesa para la Gobernabilidad del estado, a propuesta de la presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Tania Valentina Rodríguez Ruiz, a fin de atender los temas urgentes para el estado.
La reactivación de dicho espacio de concertación entre los tres niveles de gobierno y representantes de la sociedad, se daría la próxima semana, así lo confirmó la también coordinadora del Partido del Trabajo (PT).
La legisladora refirió que también solicitó que se revise la necesidad de ampliar la aplicación de la Alerta de Violencia de Género (AVG) a los 36 municipios del estado, ante el incremento de feminicidios y desapariciones de mujeres en el estado. 

 

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Abogan por reforma legal correspondiente.

La Barra de Abogados del Estado de Morelos afirmó que el Congreso de la Unión y los Congresos locales deben debatir sobre la reducción de la edad penal, en virtud del contexto actual en que cada vez más menores cometen o participan en delitos de alto impacto.

Iván Velasco Alcoser, presidente de la Barra de Abogados, señaló que es un tema que los barristas han planteado desde tiempo atrás, y hasta hubo capacitaciones en Estados Unidos sobre el tema de justicia penal para adolescentes; sin embargo, hubo organismos de derechos humanos que pugnaron por un esquema de protección a favor de los menores en conflicto con la ley.

“La propuesta de la reducción de la edad penal la trajimos la Barra de Abogados cuando era fiscal general, en ese tiempo se le denominaba procurador general de justicia, Pedro Luis Benítez Vélez, ex presidente de la Barra de Abogados. Fuimos a una capacitación al estado de Arizona, en Estados Unidos; se propuso al Congreso y debido a que derechos humanos decía que no era procedente, no se pudo lograr”, explicó.

Sostuvo que ante las nuevas circunstancias, “esperamos trabajar en conjunto como se ha hecho con los diputados de la actual legislatura, para que se haga la propuesta para la reducción de la edad, por cuanto a los menores infractores, para cuando cometan delitos de alto impacto y éstos sean juzgados con las penas que se les impone a los adultos”.

Indicó que el tema está en el Congreso de la Unión y las legislaturas locales, pues se requeriría reformar la Ley General de Justicia Penal para Adolescentes y luego armonizar las leyes en las entidades federativas. 

 

    

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Vecinos del municipio indígena trataron de hacerse escuchar en el Congreso por la fuerza; durante horas retuvieron a quienes estaban en la sede del Poder Legislativo.

De manera violenta, un grupo de habitantes de Xoxocotla irrumpió en el Congreso del estado. Por más de nueve horas mantuvieron tomadas las instalaciones de la sede legislativa, retuvieron a los trabajadores administrativos y a representantes de los medios de comunicación y amenazaron a los diputados locales. 
Cerca de las 10 de la mañana, los vecinos arribaron a la calle Guillermo Gándara, número 101, donde se ubica el recinto legislativo, y manifestaron nuevamente su inconformidad por la integración del Concejo Municipal y los acuerdos que se han tomado para definir la delimitación territorial con Puente de Ixtla. 
Después de unos minutos, los pobladores decidieron derribar la puerta principal del Congreso del Estado. Lo intentaron, primero, con un lazo; posteriormente golpearon con un marro las cadenas que amarraban la entrada de metal, y tampoco les resultó. Finalmente lograron derribar un barrote, lo que permitió el acceso de al menos tres vecinos molestos. 
Tal situación obligó a los diputados que se encontraban en sesión ordinaria a suspender la asamblea de manera abrupta y decidieron permitir el acceso a una comisión de habitantes de Xoxocotla para abrir el diálogo, lo cual se logró cuatro horas después a causa de la violencia con la que actuaron los manifestantes. 
La Unión de Morelos pudo confirmar que los habitantes amenazaron de muerte directamente a la coordinadora del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, por lo cual la Mesa Directiva presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado. 
La gente de Xoxocotla responsabilizó a la legisladora de respaldar al Concejo Municipal que encabeza Leonel Ceferino Díaz, por lo cual dijeron sentirse engañados. 
Cerca de las 6 de la tarde, finalmente la comisión de pobladores fue recibida por diputadas locales, y pasadas las 7 de la noche acordaron que se realizarán foros de unidad y pacificación en el municipio de reciente creación. 
Para retirar su bloqueo, los manifestantes pidieron de comer a los diputados y después se fueron. 

Escapan trabajadores 
Cerca de las 4:30 de la tarde, y ante la cerrazón y agresiones constantes de los pobladores, los trabajadores administrativos del Poder Legislativo y reporteros escaparon por una barda trasera. 
Con una escalera y arriesgando su integridad, las personas saltaron de tres en tres una barda para salir por un estacionamiento público. En el Congreso sólo quedaron algunos colaboradores y sus diputados. 
Las instalaciones del Congreso local estuvieron siempre resguardadas por elementos de seguridad estatal, quienes sólo fueron observadores de lo ocurrido. 

 

 

 

 

 

 

 

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Militantes demandan auditorías, depurar padrón y convocar a elección de dirigencia “legítima”; se pronuncian por la salida del presidente estatal, Gerardo Albarrán Cruz.

Militantes del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) demandaron la salida del presidente del comité estatal, Gerardo Albarrán Cruz, y exigieron que se apliquen auditorías sobre el manejo de recursos del instituto político. Exigieron que se emita una convocatoria a elección legítima con un padrón actualizado, con la expulsión de personajes que aún sirven a intereses del exgobernador Graco Ramírez Garrido Abreu.

En conferencia de prensa, Raúl Iragorri Montoya, acompañado por el senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas Díaz, dio lectura a un documento firmado por morenistas integrantes del consejo nacional y estatal de Morena.

Destacó que están a favor de un movimiento de regeneración sin corrupción “y ya es momento de limpiar al partido para impulsar la Cuarta Transformación que ha impulsado el presidente y líder moral, Andrés Manuel López Obrador”.  Pero dejó en claro que “el buen juez por su casa empieza” y, por ende, denunció ante la opinión pública “que no se puede aceptar que en Morelos una banda de políticos corruptos se enquiste en la dirigencia, con personales identificados con el ex gobernador Graco Ramírez”.

A decir de Iragorri, “la dirigencia es ilegítima y corrupta”, ya que tras la renuncia de Miguel Lucia Espejo como dirigente estatal, por disposición unilateral del exsenador Rabindranath Salazar Solorio fue dejado “un encargado que ni atiende a la militancia ni despacha”. Por ello exigen la remoción inmediata de Gerardo Albarrán Cruz, “quien sólo obedece intereses de ese grupo, como sus maniobras hechas en el Congreso local para evitar la salida del fiscal anticorrupción, Juan Salazar Núñez”, a quien llamó “fiscal carnal de Graco”.

Aseveraron que desde el partido, Albarrán Cruz y el grupo de Salazar Solorio están operando para ir en contra del actual gobierno estatal, emanado de la coalición “Juntos Haremos Historia”.

Por su lado, Alejandro Rojas Díaz Durán aseveró que no se puede lanzar la convocatoria para la renovación de la dirigencia y el consejo nacionales, así como el comité estatal, sin contar con un padrón depurado, avalado por el Instituto Nacional Electoral.

Recordó que hay alrededor de tres millones de afiliaciones “guardadas en el cajón que tienen que ser desatoradas”, más tres millones de solicitudes que están en estado de espera.

 

  

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El senador morenista dice que los estados deben aprobar las leyes secundarias que regirán a ese cuerpo armado.

El senador Radamés Salazar Solorio informó que será hasta julio cuando entre en funciones la Guardia Nacional en todo el país.
Luego de que el Congreso de la Unión aprobó las leyes secundarias para la operación de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el senador refirió que ahora toca a las legislaturas locales armonizar la legislación estatal con la federal.
En tal razón, agregó, se espera que en un mes estén dadas las condiciones para que la estrategia empiece a operar en los estados, en donde habrá un despliegue de elementos, como es el caso de Morelos.
Además, Salazar Solorio sostuvo que es necesario que exista una mayor coordinación entre los gobiernos estatales y los municipales, para que pueda funcionar la Guardia Nacional.
"Nosotros tenemos mucha confianza en que la Guardia Nacional haga un excelente trabajo y obviamente en coordinación con todos los gobernadores y con los presidentes municipales, debe ser un esfuerzo conjunto; yo creo que los buenos siempre somos más", manifestó.
El senador aseguró que con el gobierno estatal existe un diálogo constante, toda vez que existe la disposición de trabajar en coordinación con el gobierno federal.

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