Durante su comparecencia ante el Congreso, el titular de la CES reconoció que esa dependencia enfrenta un rezago en recursos que fue heredado por el gobierno de Graco Ramírez.

La Comisión Estatal de Seguridad (CES) enfrenta un grave rezago en recursos materiales y humanos, el cual fue heredado por el gobierno que encabezó Graco Ramírez, confirmó el vicealmirante y titular de esa dependencia, José Antonio Ortiz Guarneros, durante su comparecencia ante el Congreso del estado, en la que admitió que no hay un plazo para que el problema de inseguridad en Morelos se solucione.

El comisionado estatal de Seguridad fue cuestionado por los legisladores por la falta de resultados en combate a la delincuencia durante los primeros meses del gobierno estatal.

“Estamos cansados de tanta inseguridad”, manifestó la coordinadora del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Keila Figueroa Evaristo, al abrir la comparecencia.

El diputado sin partido político José Casas González señaló al comisionado que pese a su rango como vicealmirante de la Marina Armada de México no haya logrado detener a algún capo de la delincuencia y cuestionó al funcionario si ya pactó con el crimen organizado.

Ante ello, Ortiz Guarneros respondió al legislador: “Yo no pacto con la delincuencia” y sostuvo que trabaja para dar resultados; sin embargo, consideró que es urgente un cambio de estrategia en el combate a la inseguridad, mediante un plan de pacificación.

Sin embargo, el comisionado refirió a los diputados que sería irresponsable hablar de una fecha para terminar con la delincuencia, pero aseguró que trabajan para atender el problema y por ello solicitó su apoyo para contar con el presupuesto que necesita la CES a fin de abrir mil plazas más de policías y atender el rezago que heredó la pasada administración.

Ortiz Guarneros sostuvo que no cuentan con recursos ni para mandar a capacitación a sus policías a un curso en Chile. De igual forma, confirmó que no han podido pagar una deuda heredada por 25 millones de pesos a la empresa que vendió uno de los dos helicópteros al gobierno estatal para atender el problema de seguridad, motivo por el cual la aeronave se encuentra bajo resguardo, mientras que la otra presenta problemas para operar durante las noches.

Además de la falta de policías, el comisionado admitió que no todos los 636 elementos que tiene la CES cuentan con seguro, de ahí que se trabaja en un proceso de homologación de salarios.

Ante un faltante en el número de policías, el comisionado dijo que se solicitó el apoyo de la Policía Federal, que envió 200 agentes que podrían estar en Morelos varios meses.

Los legisladores locales manifestaron el respaldo al titular de la Comisión Estatal de Seguridad para asignar un mayor presupuesto a los mil millones de pesos que se etiquetaron para este año. No obstante, también advirtieron que serán observadores del trabajo y los resultados que realice la CES.

Posterior a la comparecencia del comisionado estatal de Seguridad se desarrolló la de los secretarios de Administración y Obras Públicas, con lo que concluyó dicho proceso, para que posteriormente se integre la glosa del primer informe de gobierno del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

 

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Se someterá a votación la iniciativa aprobada ayer en comisiones legislativas.

A partir del 2020, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podría gozar de un presupuesto del tres por ciento del presupuesto anual del gobierno del estado si el pleno del Congreso aprueba la propuesta que se dictaminó en una de las comisiones legislativas.
Durante la sesión de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, los legisladores integrantes aprobaron el dictamen con proyecto de decreto por el que se reformaría la Constitución Política del Estado, para aumentar de 2.5 al tres por ciento el presupuesto de la UAEM, correspondiente al presupuesto total del gobierno del estado.
La diputada panista Dalila Morales Sandoval informó que no se lograron los consensos para autorizar la propuesta inicial, que contemplaba un incremento del uno por ciento adicional. Sin embargo, confió en que el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación se apruebe en el Pleno, pues representaría un logro importante para rescatar las finanzas de la UAEM. 
"Yo espero también que se puedan mayores esfuerzos para terminar este año, que es el año más difícil para la universidad. El siguiente año nosotros ya tenemos este dictamen puesto en la mesa y estamos buscando los consensos para que 2020 sea mejor para ellos", declaró. 
Explicó que de aprobarse la reforma constitucional, sería hasta el próximo año cuando se aplique, pues el Congreso del estado ya aprobó el Presupuesto 2019 mediante un proceso político complicado.

La suma adicional involucrada se calcula en alrededor de 200 millones de pesos.

 

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Concesionarios acudieron al Congreso para solicitar que se modifiquen la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Transporte; también quieren que se extienda el periodo de vida útil de sus vehículos.

Transportistas de distintas agrupaciones del estado solicitaron a los diputados locales la reducción del costo por multas que se aplican al transporte público, que pueden alcanzar montos de hasta 16 mil pesos. Además, pidieron aumentar el periodo que deben operar las unidades del servicio público antes de considerarse "chatarra".
Líderes de agrupaciones como la Federación Estatal del Transporte, Transportistas en Acción por Morelos, la Federación de Transportistas del Estado, entre otras, acudieron ayer al Congreso del estado para solicitar a los legisladores que se reformen la Ley de Ingresos del Estado y la Ley de Transporte, a fin de reducir el monto de las multas que les aplican por diversas faltas, y que se aumente el periodo de uso de un vehículo que presta servicio público.
Los transportistas se reunieron con las diputadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Alejandra Flores Espinosa y Ariadna Barrera Vázquez, pues se quejaron de la falta de atención del diputado José Casas González, quien es presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Vías de Comunicación.
"Es aquí donde se legisla, donde se tienen que hacer las modificaciones, las cuales consideramos deben ser infracciones adecuadas a los ingresos del operador. Estamos pagando en algunos casos de 16 mil pesos, que quedan fuera de la capacidad del operador", explicó José Antonio Arizmendi Quintana, presidente de la Federación de Transportistas de Jiutepec.
El líder transportista dijo que la pasada legislatura engañó al sector, al haber reformado la Ley de Transporte del estado para aumentar de 10 a 15 años el período que deben prestar servicio los vehículos, pero no cumplieron con su entrada en vigor mediante la publicación del decreto en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad". 

 

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A pesar de que se había aprobado en el pleno del Congreso local el paquete presupuestal solicitado por el gobierno estatal, fue hasta el pasado 7 de marzo por la noche cuando se entregó al Poder Ejecutivo y eso, a juicio del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Jorge Mátar Vargas, debe mejorar sustancialmente la actividad oficial.

Recordó que para formalizar el presupuesto aún debe ser publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” del gobierno estatal, sin embargo, es un paso muy importante para que se puedan tomar decisiones en función de la aplicación de recursos a través de las distintas actividades inherentes al quehacer público.

El sector privado, abundó, tiene fundadas esperanzas en que vía los programas de gobierno, se abran oportunidades también para los empresarios, porque la economía no puede detenerse y menos cuando es urgente promover inversiones y empleo.

Mátar Vargas aplaudió que en aspectos como la prevención del delito y la persecución del mismo, por fin se observen pasos más contundentes, pues con el reforzamiento de cerca de 200 elementos de la policía federal y del Ejército, se contará con mayor posibilidad de reducir los graves niveles de delincuencia.

Pero recordó que ya prácticamente se le ha puesto fecha para que se aplique el modelo de la Guardia Nacional, que será la prueba de fuego, para ver si es la solución a este grave problema que vive Morelos y el país.

Y en el mismo contexto, se dijo satisfecho de que por fin el Poder Legislativo actuará con mayor prontitud, dando su aval a este modelo de estrategia contra el crimen, impulsado desde la presidencia de la república.

En concreto, abundó, como que se comienzan a ver señales de acuerdos entre los poderes públicos locales y eso genera algo de tranquilidad; la confrontación no es el mejor camino para resolver nuestras diferencias y lo que se venía apreciando era un desajuste de grupos y fuerzas políticas.

 

 

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Las mujeres son un factor fundamental para el progreso del estado, tanto en el sector social, político y económico: Guadalupe Isela Chávez Cardoso.

El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo participó en la sesión solemne de la LIV Legislatura local, donde se entregó la presea "Xochiquetzalli" a Guadalupe Isela Chávez Cardoso en el marco del Día Internacional de la Mujer.
El mandatario estatal acudió al salón de plenos del recinto legislativo, en compañía del jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, e integrantes del gabinete estatal.
Durante su mensaje, Guadalupe Isela expresó que tanto el Ejecutivo como el Legislativo estatal serán los principales aliados en la implementación de políticas públicas a favor del desarrollo integral de las mujeres, así como en las estrategias para prevenir, atender, erradicar y sancionar la violencia de género.
La ganadora de la presea, quien además preside la asociación civil "Mujer nunca permitas", coincidió con el gobernador, al asegurar que las mujeres son un factor fundamental para el progreso del estado, tanto en el sector social, político y económico.
Expresó que una vida plena y libre de violencia es posible con la participación social y no dejar la tarea únicamente a las autoridades.
La presea Xochiquetzalli se otorga, por medio de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de Morelos, a la persona que destaca por su trabajo a favor de las mujeres y la equidad de género.
Desde el inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco se fortalecen políticas públicas para garantizar la igualdad de derechos y mayores oportunidades para las mujeres en todos los sectores de la sociedad.

 

 

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El Congreso de Morelos aprobó por unanimidad el dictamen de creación de la denominada Guardia Nacional, propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la sesión ordinaria realizada anoche, con 16 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, los legisladores locales aprobaron la minuta de decreto que reforma diversas disposiciones de la Constitución de México para la creación de la Guardia.

“Por unanimidad ha salido hoy con los diputados y diputadas asistentes. De alguna manera, es un tema que ya nosotros traíamos a través de todo lo que se ha venido dando en medios nacionales, a través de lo que se hizo en el Congreso de la Unión, que de manera unánime fue aprobado este tema; por supuesto, la iniciativa por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, y Morelos no podía quedarse atrás, no podía de alguna manera no ir a favor de esta situación”, dijo Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente del Congreso de Morelos.

La minuta fue llevada a la sesión para ser votada como de urgente y obvia resolución, pues no se encontraba  inscrita en el orden del día.

Para el presidente del Congreso de Morelos, la Guardia Nacional propuesta por López Obrador logrará pacificar al país.

“Considero que -sobre todo- a poder pacificar, a poder -de alguna manera- generar una estrategia de manera conjunta. La presencia siempre del Ejército es importante y hoy la combinación que se hace a través de un mando civil, creo que es de alguna manera una propuesta que deja satisfechos a los diferentes integrantes de los diferentes congresos, de las legislaturas, también en el Congreso de la Unión, y creemos que esta estrategia, aunada a otras acciones, también de manera inmediata, puede bajar el clima de inseguridad que hoy vivimos en todo el país”, dijo Sotelo Martínez.

 

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“Paco Moreno y Hortencia Figueroa nos dejaron en la calle, no nos pagaron los servicios contratados y afectaron a nuestras empresas y a sus empleados, por lo que todo ese dinero que se llevaron debe recuperarse por los actuales diputados”, señaló un grupo de proveedores del Congreso, que durante la pasada legislatura se quedaron sin cobrar.

”Los actuales ‘congresistas’ (sic) tienen que llevar a la justicia a esos bribones… también a Beatriz Vicera, porque ella también les ayudó a robarse el dinero”, señalaron.

Explicaron que pese a que puntualmente se proveyó de insumos al Poder Legislativo, durante el periodo en que Francisco Moreno Merino encabezaba el Congreso se dejó de pagar sin explicación y sus sucesoras en esa responsabilidad también eludieron cumplir los compromisos.

“Ellos son ricos ahora, pero fue a costa nuestra, ese dinero lo tienen que regresar”, agregaron, al tiempo que aceptaron que en la actual legislatura han sido atendidos y tienen esperanzas de cobrar, pero a destiempo, cuando ellos –explicaron- ya tuvieron que hacer frente a compromisos como el pago de salarios y de insumos.

Culparon reiteradamente a Moreno Merino y a Hortencia Figueroa Peralta de su situación y señalaron que lo menos que esperan es que se les finquen responsabilidades, pero sobre todo, se recupere el presupuesto.

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La falta de acuerdos al interior del grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) podría permitir la permanencia de la petista Tania Valentina Rodríguez Ruiz al frente de la Junta Política y de Gobierno del Congreso del estado. 
La coordinadora de la bancada de Morena, Keila Figueroa Evaristo, confirmó este martes que no había acuerdos entre los integrantes de su grupo para presentar una propuesta al Pleno para sustituir a Rodríguez Ruiz, luego de que perdió su derecho a dicha representación tras la salida de José Casas González del PT. 
A pesar de que dos de sus compañeros, Javier García Chávez y Ariadna Barrera Vázquez, buscan sustituirla en la coordinación de Morena para presidir la Junta Política y de Gobierno, Figueroa Evaristo dijo desconocer tales intenciones. 
Sin embargo, afirmó que podrían llegar a un acuerdo con la coordinadora del Partido del Trabajo y otras fuerzas políticas para que Tania Valentina Rodríguez Ruiz permanezca en la presidencia de la Junta Política, bajo el argumento de que en septiembre pasado obtuvo el voto de 14 legisladores para ocupar dicha representación, y la determinación de un sólo legislador, que es José Casas González, al renunciar al PT, no puede afectar dicha determinación. 
Lo anterior, a pesar que la Ley Orgánica del Congreso del Estado señala que el grupo parlamentario que presida la Junta Política y de Gobierno deberá estar integrado con al menos el 20 por ciento de los legisladores del Congreso de estado. 
El grupo parlamentario del PT actualmente cuenta con tres legisladores, por lo que Rodríguez Ruiz no cumpliría dicho requisito para presidir la Junta. 
Por su lado, la líder de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza (Panal), Blanca Nieves Sánchez Arano, sostuvo que los legisladores deben atender lo que marca la Ley Orgánica del Congreso, sin embargo, no descartó que se anteponga un acuerdo político.

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Antes del inicio del próximo ciclo escolar estarán reparados los planteles afectados por el sismo de septiembre del 2017: Cornejo Alatorre.

En medio de señalamientos de familiares de víctimas del delito por la falta de resultados y opacidad, la titular de la Comisión de Atención y Reparación a Víctimas, Nadxieelii Carranco Lechuga, compareció ante diputados locales. 
“La razón para la cual fue creada la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas en el Estado no se ha cumplido, porque son pocas las respuestas que ha podido ofrecer a los familiares de las víctimas en el estado”, manifestó el diputado Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, presidente de la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención Víctimas, tras haber escuchado el informe que rindió la comisionada estatal.
Carranco Lechuga sólo se defendió de las acusaciones que las víctimas del delito han hecho en su contra por la falta de resultados, y aseguró que si no se ha apoyado a todas las víctimas, es porque los jueces no logran ejecutar los casos o, también, porque la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) no ha cumplido con su responsabilidad de tasar el daño ocasionado a las víctimas. 
Incluso, señaló que la falta de presupuesto ha limitado el actuar de la comisión que, aclaró, no es beneficencia pública. 
Sin embargo, familiares de víctimas que se encontraban en la comparecencia que se desarrolló en el Salón de Comisiones reaccionaron ante las declaraciones de la comisionada y exigieron resultados. 
"Entiendo que hoy no se le ha dado una respuesta exacta ni necesaria a las víctimas, hay cosas que nos toca entender a los servidores públicos y lo digo con mucho respeto, ha faltado mucho que hacer porque el intento no ha sido el suficiente”, sostuvo también el diputado Sotelo Martínez, al concluir la comparecencia que duró más de dos horas. 

Por su parte, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, garantizó que antes de que inicie el ciclo escolar 2019-2020, estarán totalmente reparados los 360 planteles educativos afectados por el sismo del 19 de septiembre del 2017, pese a irregularidades cometidas por la administración que encabezó Graco Ramírez.
Durante su comparecencia ante los legisladores locales que integran la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del estado, el funcionario confirmó que al inicio del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo encontraron diversas anomalías administrativas que retrasaron la reconstrucción y rehabilitación de las escuelas dañadas. Sin embargo, aseguró que se lograron resarcir dichas irregularidades.
Cornejo Alatorre garantizó a los legisladores que para el próximo ciclo escolar todos los estudiantes tendrán sus planteles listos para usar.
Por otro lado, informó que Morelos será "espejo" de la reforma educativa que se trabaja en el Congreso federal, con el fin de validar su efectividad, por lo que pidió el respaldo de los diputados para aprobarla.
Aseguró que dicha reforma no es punitiva, a diferencia de la que impulsó el gobierno de Enrique Peña Nieto, y se garantizará la protección de los derechos laborales de los maestros, así como una adecuada capacitación.
Habló también del problema financiero en los Colegios de Bachilleres de Morelos, sin embargo, dijo que se ha negociado con el gobierno federal para que el recorte de más de tres mil millones de pesos no afecte a los maestros.
No obstante, Víctor Nájera Medina, director del Cobaem, refirió que dicho recorte impactó en el presupuesto para el pago a jubilados y pensionados, pues el gobierno federal no contempló una partida, de ahí que el gobierno estatal deberá asumir dicho gasto, por arriba de 77 millones de pesos para más de 315 maestros en retiro.


 

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Diputados tendrán que responder de manera particular por casos de nepotismo, señala el presidente de la Mesa Directiva.

El presidente de la Mesa Directiva, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, confirmó que la nómina del Congreso del estado se incrementó de manera considerable durante los primeros cuatro meses de la LIV Legislatura. Sin embargo, aseguró que se trata de contrataciones temporales, con el fin de desahogar la carga de trabajo en comisiones.
En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) sostuvo que aquellos diputados que mantengan en la nómina del Poder Legislativo a sus familiares deberán responder por sus actos, pues refirió que se trata de acciones y decisiones personales.
De acuerdo con información que dio a conocer el Centro de Investigación "Morelos Rinde Cuentas" y que obtuvo a través de la Dirección de Recursos Humanos del Congreso, el número de trabajadores del Congreso aumentó de 315 a 407 de septiembre a enero. Y dentro de la nómina los legisladores locales incluyeron a familiares directos. 
El presidente de la Mesa Directiva admitió que sí hubo un incremento, aunque no precisó el porcentaje. Refirió que se tomó la determinación de contratar los servicios profesionales de trabajadores de manera temporal para desahogar el trabajo en las comisiones, como es la de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública. 
"Se ha trabajado a marchas forzadas con algunas comisiones, como la de Trabajo y Previsión Social, como la de Hacienda, que han tenido un trabajo extenuante y acordamos por conferencia el que pudieran entrar personas a laborar únicamente de manera temporal, seguramente por eso es el impacto que se ve de la plantilla de los trabajadores", explicó Sotelo Martínez. 
No obstante, afirmó que en las próximas semanas se dejará de contar con dichos servicios. Además, adelantó que también se buscará reducir la nómina de los 20 legisladores, mediante un acuerdo político. 

 

     

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