Los expedientes de las "pensiones doradas" que aprobó la LIII Legislatura forman parte de los documentos que desaparecieron desde septiembre del año pasado, según confirmó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez.

En entrevista, el legislador del Partido Encuentro Social (PES) admitió que al no contar con los expedientes completos, el Congreso local carecería de los elementos legales para combatir los amparos que promovieron los exfuncionarios a los que la LIV Legislatura les anuló su pensión.

Sin embargo, insistió en que la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso realizó una investigación a fondo para que, con la información que logró recabar el Poder Legislativo, se fundamentaran bien los dictámenes aprobados para la cancelación de las pensiones que se concedieron de manera ilegal.

"Iniciamos nosotros con la abrogación con lo que se tenía, con lo que se pudo recopilar, porque dejaron algunos expedientes incompletos y, en otros casos, documentos, pero finalmente con lo que se tenía se echó a andar el procedimiento. Nosotros pedimos que los decretos se sustentaran bien desde un inicio para que no pudieran tumbarse", explicó.

Sin embargo, hasta el momento los 30 amparos promovidos por los exfuncionarios han sido admitidos por la justicia federal y el Congreso del estado ha tenido que iniciar una lucha legal para evitar un revés a su determinación de abrogar las "pensiones doradas" que se aprobaron en beneficio de excolaboradores de Graco Ramírez y de los integrantes de la LIII Legislatura.

"La Comisión (del Trabajo) que es la encargada de poder tener la documentación, el respaldo, estará muy al pendiente de exhibir los documentos que sean necesarios... Yo espero que se tenga la seguridad (de que se puedan combatir) porque tampoco puedo dar por hecho algo que depende del órgano jurisdiccional", añadió el diputado Sotelo Martínez.