La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso dictaminó el asunto.

La Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado rechazó las observaciones del Poder Ejecutivo y dictaminó, por segunda ocasión, a favor de que se tipifique como delito la violencia política por condición de género.
El dictamen será votado en la próxima sesión ordinaria de Pleno para su aprobación, según lo acordaron los diputados que integran la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación, con el fin de que no se postergue más tiempo la publicación y entrada en vigor del nuevo delito.
Las observaciones del Ejecutivo se basaron en el decreto aprobado el 16 de julio pasado, en las que argumentó  que ya existe un marco normativo para castigar la violencia política en materia electoral. Sin embargo, la reforma que planteó el Ejecutivo se basa en la violencia política para impedir a una mujer postularse o ejercer el servicio público.
Se espera que este jueves se vote el dictamen, para que Morelos se convierta en el cuarto estado en tipificar dicho delito, después de Oaxaca, Estado de México y Veracruz.
Con la adición al Código Penal del Estado de Morelos, se establecería el capítulo V denominado "Violencia Política por Condición de Género" y el artículo 213 Sextus, que a la letra dice: " Comete el delito de violencia política por motivo de género, quien por sí o a través de terceros, hostigue, acose, coaccione o amenace a una o varias mujeres o a cualquier miembro de su familia, con el objeto de menoscabar, restringir, obstaculizar, condicionar, suspender o nulificar el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos, el ejercicio de su cargo o funciones públicas en el ámbito en el que las ejerza".
Dicho delito "se castigará con una multa de 100 a 1000 veces el importe del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el momento de la comisión del delito y prisión de uno a siete años según la gravedad del contexto. Si el delito es cometido por servidores públicos, además, se le impondrá la destitución e inhabilitación para el desempeño de cualquier cargo, empleo o comisión públicos, por un plazo de uno a siete años", se añade en el dictamen.