El Congreso del estado repondrá 43 procesos de cancelación de las "jubilaciones doradas" que exdiputados autorizaron a excolaboradores de Graco Ramírez y de la LIII Legislatura, y que lograron conservar con el amparo de la justicia federal.

Los diputados locales tendrán que garantizar el derecho de audiencia a los ex servidores públicos, requisito que no se cumplió por el Congreso cuando se aprobaron los primeros decretos abrogatorios de las pensiones.

La diputada Tania Valentina Rodríguez Ruiz, presidenta de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, dijo que debido a esa omisión que se cometió, por acuerdo de todos los diputados que integran el Pleno del Congreso tendrán que reponer cada uno de los 43 procesos que la justicia federal anuló, con base en los  juicios de amparo promovidos por los exfuncionarios, por considerar que se violentaron sus derechos fundamentales.

La diputada petista defendió, una vez más, el trabajo que realizó la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social que preside, y aseguró que no se cometió ningún tipo de error en los procedimientos que se llevaron a cabo para anular las  llamadas "pensiones doradas".

"Nosotros seguimos el mandato que nos dio el Pleno para hacer inmediatamente las investigaciones y pedir las documentales a los municipios. Vamos a reponer los procedimientos; jamás nos dijo que estuvieron mal, sólo la justicia nos dijo que se revise todo el procedimiento por todos los amparos que ha habido", añadió la diputada.

En tanto el Congreso corrige sus fallas, los exfuncionarios podrán cobrar sus pensiones al gobierno estatal, aunque la diputada Rodríguez Ruiz insistió que es una determinación de la justicia federal.