La magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López, defendió su administración y sostuvo estar dispuesta a ser sometida a una auditoría, como lo solicitó un grupo de magistrados disidentes.

Negó que se haya “jineteado” el presupuesto adicional que fue transferido al TSJ para el cumplimiento de la sentencias de las controversias constitucionales relacionadas con el pago de las pensiones de los trabajadores jubilados, y dijo que está dispuesta a que su gestión sea revisable.

“Es respetable (la petición de los magistrados), yo estoy abierta y dispuesta, no hay alguna forma de esconder absolutamente nada (…) Nosotros hemos sacado muy buena calificación en cuestión de transparencia, les puedo hacer el informe.

“Nosotros hemos hecho oportunamente todos los pagos, en ningún momento hemos jineteado el dinero, porque en el Poder Judicial no tenemos dinero. Quiero que sepan que este 2019 nos recortaron 150  millones de pesos y nosotros hemos salido gracias a que se han recortado el propio personal, los excesos que antes había, juzgados completos que estaban sin trabajo  en donde los informes que rendían eran con cero productividad en el trabajo, y gracias a los ajustes que hemos hecho, es que hemos salido adelante”, dijo.

Ante ello, se pronunció porque los legisladores locales se apeguen a lo establecido legalmente en la Constitución Política del Estado de Morelos para garantizar la autonomía financiera del Poder judicial, conforme a los artículo 32, párrafo segundo, y  40, Fracción V, de la Constitución local, que establecen que se debe respetar y asignar al Poder Judicial el equivalente al 4.7 por ciento del gasto programable del ejercicio presupuestal, lo cual equivale a 850 millones de pesos.