La presidenta del TSJ ha impugnado todas las pensiones aprobadas anteriormente, por lo que esperan que haga lo mismo con su familiar.

Con su publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, entró en vigor el decreto de pensión por viudez a favor de  Ana María de Jesús López Enríquez, madre de la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carmen Cuevas López. Sin embargo, trabajadores judiciales en activo y en retiro cuestionaron si éste decreto será impugnado por el Poder Judicial, como el resto de los decretos de los trabajadores que en los últimos años tramitaron su pensión por jubilación.

El decreto fue aprobado por el Congreso en la sesión del 1 de mayo y fue hasta este miércoles que fue publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, en el que se otorgó a la beneficiaria una pensión al 100%  de la última de que hubiere gozado Juan Manuel Cuevas Jiménez, padre de la titular del TSJ, quien se jubiló como oficial mayor del TSJ  y falleció el pasado mes de febrero.

Trabajadores activos y en retiro, así como algunos funcionarios del TSJ, coincidieron que, si bien la pensión es un derecho que tiene la madre de Cuevas López, la interrogante es si la magistrada hará uso de su influencia o si impugnará el decreto pensionario para exigir al Congreso presupuesto para su pago, como lo hizo con decenas de trabajadores que durante su gestión tramitaron su retiro y hasta ahora no han recibido sus pensiones por las controversias constitucionales que promovió.

Los trabajadores solicitaron el anonimato por posibles represalias por tratarse de un tema que toca la esfera familiar de Cuevas López, y recordaron que por los menos tres trabajadores del TSJ jubilados fallecieron sin poder gozar de los frutos de su trabajo y sufriendo penurias económicas porque no recibían su pensión, ya que la magistrada presidente impugnó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sus decreto de retiro, para exigir al Congreso una partido para el pago de jubilaciones.  

Hay elementos para enjuiciar a María del Carmen Cuevas López, insiste Leonel Díaz Rogel.

El abogado Leonel Díaz Rogel promovió un juicio de amparo por el desechamiento del Congreso de su solicitud de juicio político contra la magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Cuevas López.

El litigante insistió en que aportó al Poder Legislativo elementos suficientes y fehacientes para acreditar la responsabilidad de la representante del Poder Judicial por violaciones a la Constitución Política del Estado, usurpación de atribuciones, violación grave a las garantías y derechos fundamentales de magistrados, y el abandono o desatención injustificada de sus funciones.

Recalcó que un ejemplo de las irregularidades cometidas por Cuevas López fue mantener ilegalmente en funciones a la Comisión Transitoria (integrada por ella y dos magistrados más) y la resistencia a instalar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, órgano sustituto del extinto Consejo de la Judicatura y que por disposición constitucional debió entrar en funciones desde el 5 de abril del año 2018, pero fue hasta el día 3 de junio que se instauró en condiciones legales cuestionables.  

Recordó que su solicitud de juicio político estuvo soportada por 57 pruebas y 28 anexos que acreditaban la responsabilidad política de la magistrada presidente, pero el Congreso decidió desecharla sin fundamentación ni motivación.

Por tal razón, promovió el juicio de amparo 949/2019, radicado en el Juzgado Sexto de Distrito, para impugnar el desechamiento dictado por los diputados integrantes de la Junta Política del Congreso del Estado de Morelos.

Participó activamente en la sesión para integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, pero es posible que careciera de las facultades legales.

Magistrado disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solicitaron a la magistrada presidente Carmen Cuevas López convocar a una sesión urgente de Pleno para aclarar bajo qué condiciones jurídicas la magistrada, Leticia Taboada Salgado, emitió el pasado 3 de junio su voto para instaurar e integrar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial,  ya que en esa fecha aparentemente no surtía efecto la sentencia de amparo en la que se le reconocía su calidad de magistrada de número.

Nueve magistrados, por escrito, solicitaron convocar en un plazo de 48 horas la sesión de Pleno urgente, “con el propósito de atender tema relativo al requerimiento realizado al Congreso del Estado de Morelos por la autoridad federal, en términos del acuerdo emitido el día 5 de julio del año en curso, en el juicio de amparo número 556/2018.

“Reservándonos el derecho para acudir a las instancias competentes y ejercer las acciones jurídicas conducentes en defensa del Tribunal Superior de Justicia”.

La solicitud surgió debido a que, aparentemente, Taboada Salgado habría ejercido derecho a voz y voto como magistrada de número con el argumento de que tenía una sentencia de amparo a su favor, pero en la fecha en que se convocó la sesión para instaurar e integrar la Junta de Administración (órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura) la resolución aún no surtía efecto o no había ejecución de la misma, porque hasta ese momento el Congreso local no le había expedido su nuevo nombramiento en términos de la sentencia de la autoridad judicial federal.

De acuerdo con fuentes del TSJ consultadas, en caso de corroborarse esta sospecha podría configurarse una violación a la Constitución y hasta dar lugar a un proceso administrativo, por haber ejercido un voto sin tener facultades constitucionales para ello.

Exigen ministros que se paguen completas las pensiones, conforme al calendario previamente ordenado.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aumentó la presión al Poder Ejecutivo de Morelos para que transfiera al Poder Judicial el total de los recursos para cubrir las pensiones de los trabajadores judiciales jubilados cuyos casos fueron resueltos en controversia constitucional.

El máximo tribunal del país emitió un acuerdo en el que advirtió que la orden, dentro del cumplimiento de sentencia de 116 controversias constitucionales (que dividió en 11 bloques) fue el pago del total de la pensiones conforme a los bloques indicados en el acuerdo del 25 de febrero pasado y no en “mensualidades”.

La SCJN requirió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que “indique en qué medida, proporción  y, respecto a qué bloque abona al pago de pensiones otorgadas por el Poder Legislativo con cargo al Poder Judicial las transferencias realizadas, en la inteligencia de que este Alto Tribunal no ordenó el pago en mensualidades del monto total de los bloques del anexo del Acuerdo General Plenario de referencia, sino el pago total del valor pecuniario asignado a cada bloque por el Poder Judicial de Morelos, o bien manifieste lo que a su derecho convenga en relación con lo informado por el Delegado del Poder Ejecutivo de Morelos, bajo el apercibimiento que, de no hacerlo, se decidirá lo que en derecho proceda con los elementos que obran en autos”.

En consecuencia, “se apercibe al Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para que en lo sucesivo, cubra el monto total asignado a las pensiones a las cuales refiere el anexo del Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de 25 de febrero de 2019, so pena de incurrir en desacato a los lineamientos aprobados por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

El requerimiento es para que el gobierno de Morelos transfiera inmediatamente la totalidad los recursos correspondientes a los tres primeros bloques, que equivale al cumplimiento de 30 sentencias de controversias constitucionales relacionadas con pensiones de trabajadores en retiro del TSJ.

Actualmente, las autoridades estatales han dado cumplimiento parcial a 50 sentencias y están 66 más enlistadas para su cumplimiento. En total, el Poder Ejecutivo deberá de transferir al Poder Judicial 105 millones de pesos para evitar que la SCJN le aplique sanciones, que incluye hasta la destitución de las autoridades responsables.

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia se ampara en criterio jurídico de la SCJN.

La magistrada presidenta del TSJ busca retrasar resolutivo de recursos interpuestos contra actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

La magistrada Carmen Verónica Cuevas López busca retrasar el resolutivo las controversias constitucionales que interpuso contra actos de los poderes Ejecutivo y Legislativo, pero ya fue conminada por los ministros a definir sus reclamos.

La Corte conmina a la presidenta del Poder Judicial de Morelos que aclare si en su escrito está planteando una nueva controversia constitucional o se trata de una queja por repetición del acto reclamado, luego de que la magistrada inició otro procedimiento contra la pensión a Héctor González Popoca, que ya había reclamado en otra controversia constitucional bajo otro número de decreto pero con el mismo nombre del beneficiario.

De acuerdo con abogados consultados, aparentemente la presentación de una nueva controversia constitucional lo que en realidad pretende es atrasar el resolutivo de la anterior, luego de que se acercaba el plazo para que la Corte resolviera y con el nuevo documento el trámite para acumularlas aumenta el tiempo para que los ministros resuelvan. 

La controversia está dirigida en contra de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como del Secretario General de Gobierno, todos de la entidad.

“…se advierte que en la narración de los antecedentes del acto reclamado señaló a la controversia constitucional 244/2017 como precedente, ya que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de Decreto número mil ochocientos ochenta y cinco, publicado el veintiséis de julio de dos mil diecisiete en el periódico oficial Tierra y Libertad, número 5516, mediante el cual el Congreso del Estado de Morelos otorgó pensión por jubilación, precisamente, a Héctor González Popoca con cargo al presupuesto del Poder Judicial del Estado de Morelos, mismo vicio que ahora atribuye al Decreto número setenta y tres. Por lo tanto, constituye un hecho notorio que en la sentencia de la controversia constitucional 244/2017 figuran los mismos poderes y autoridad que ahora señala como demandados, y que en ella se declaró la invalidez del Decreto número mil ochocientos ochenta y cinco”, señala el escrito de la Corte dirigido a Cuevas López.

En el documento, se le pide a la magistrada presidenta que “aclare si en su escrito está planteando una nueva controversia constitucional o se trata de una queja por repetición del acto reclamado, ya que ésta última conlleva un trámite diferente y en última instancia puede dar lugar a la destitución del cargo y a la consignación ante juez de distrito por la responsabilidad penal correspondiente”. 

Todo lo anterior fue calificado por observadores externos como un intento por retrasar el resolutivo de la controversia constitucional, lo que se podrá determinar una vez que haya respuesta al citado documento.

Demanda de abogado no cumplió con los elementos suficientes.

La Junta Política y de Gobierno del Congreso del Estado declaró improcedente la demanda de juicio político en contra de la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María del Carmen Verónica Cuevas López, presentado por el abogado Leonel Diaz Rogel.
En sesión de dicho órgano político, este jueves, las coordinadoras de los grupos y fracciones parlamentarias consideraron que la demanda no cumplió con los elementos suficientes para turnarla a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.
El 3 de mayo pasado, el doctor en derecho Leonel Díaz solicitó iniciar un juicio político en contra de la magistrada por las causales de ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, impunidad, supuestos actos de corrupción, nepotismo, acosó laboral, usurpación de funciones del extinto consejo de la judicatura local, así como violación a los derechos humanos y laborales de jubilados y pensionados de la mismo órgano.
El abogado informó que presentó 57 pruebas con 28 anexos que detallaban las supuestas violaciones constitucionales cometidas por Cuevas López.
De acuerdo con el dictamen, que tuvo un voto en contra -aunque no se reveló de qué partido político- las coordinadoras parlamentarias sustentaron su resolución en la fracción VII del artículo 4 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que señala que "En caso de que el quejoso o denunciante cuente con elementos de prueba, deberá adjuntarlos a la queja o denuncia. Tratándose de Juicio Político, la aportación de dichos elementos será esencial."
Para las diputadas, la demanda en contra de la magistrada presidenta del TSJ no presentó las "pruebas contundentes y explícitas" relacionadas con las causales de delito que argumentó, "así como medios legales que nos lleven a la verdad histórica de la hipótesis planteada, pues resulta esencial como requisito de procedencia como lo establece la disposición citada", se añade en el dictamen. 

El TSJ considera que carece de validez la decisión de abrogar el periodo de 20 años en el cargo.

El Poder Judicial desconoció el acuerdo aprobado por el Congreso local para abrogar la extensión del periodo de los magistrados a 20 años y anunció medidas legales para contrarrestar la decisión legislativa.

A través de un breve comunicado, el Tribunal Superior de Justicia recalcó que el acuerdo aprobado por la mayoría de los diputados, legalmente solo tiene un alcance de pronunciamiento, exhorto o recomendación, y de ningún modo está por encima de lo que establece la Constitución del Estado de Morelos.  

“Debemos recordar que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, es jerárquicamente superior a un punto de acuerdo, por lo tanto, lo resuelto por el Congreso del Estado es de absoluta invalidez, no solo por lo señalado por la propia Ley, sino también por la lógica jurídica”, recalcó y advirtió que “el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos está preparando las acciones legales pertinentes con el objeto de proteger al Poder Judicial de los actos realizados por el congreso del Estado, los cuales han violado la autonomía e independencia de este máximo órgano de justicia”.

Agregó que  TSJ respeta la división de poderes, pero está comprometido con la defensa de la autonomía e independencia, el estado de derecho y principalmente la Constitución.

La legislatura anterior realizó una reforma constitucional para extender de 14 a 20 años el periodo de los actuales magistrados, lo cual fue criticado por diversos sectores sociales.

Incluso, a petición de organizaciones de abogados, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos promovió una acción de inconstitucionalidad contra esa reforma.

Afirma que no hay marcha atrás al punto de acuerdo por el que se redujo de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.

El diputado del Partido del Trabajo (PT) José Luis Galindo Cortez sostuvo que no hay marcha atrás al punto de acuerdo por el que se redujo de 20 a 14 años la permanencia de los actuales magistrados del Poder Judicial.
En entrevista, afirmó que no atenderán a ningún tipo de amenaza o presión de los magistrados para evitar que se publique en el periódico oficial "Tierra y Libertad" y entre en vigor el acuerdo político aprobado en la sesión del lunes por mayoría de votos.
"¿Juicio político a los diputados que lo estén considerando en base a la ley orgánica? Lo que hice es facultad del Legislativo claramente lo dice, una; y, dos, es un punto de acuerdo que se vota por 16 votos a favor, tres abstenciones, un compañero no estaba y creo que todo mundo sabemos en el estado de Morelos que el Pleno es la máxima autoridad", manifestó. 
Rechazó que el asunto tenga dedicatoria y mucho menos que se deba a un asunto de revancha, ya que los actuales magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) respaldaron el juicio político que inició la LIII Legislatura en contra de Cuauhtémoc Blanco Bravo, cuando era alcalde de Cuernavaca, por supuestamente no haber cumplido con los requisitos de elegibilidad para esta en el cargo. 
Manifestó que la norma transitoria por la que se fijó un período de 20 años a favor de los magistrados se generó también mediante un acuerdo político y por ello se determinó anularla por otro acuerdo.
"Es hacer entrar en vigor una vez más la ley del 2018 que fue derogada por un punto de acuerdo, no hay mucho que buscarle y ese punto de acuerdo cómo lo podíamos quitar con otro punto de acuerdo, que es lo que hicimos ayer", añadió. 

El punto de acuerdo aprobado el lunes pasado afecta a 22 magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA) y del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA).

Objetan la forma en que se integró la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial.

Al menos ocho magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron amparos contra la integración de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y para reclamar la invalidez del artículo 92-A de la Constitución local, que otorga al magistrado presidente en turno la facultad de elegir unilateralmente a los candidatos a representar a magistrados y jueces ante el órgano colegiado.

Los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Quinto, Sexto y Séptimo admitieron las demandas de amparo de los magistrados Ángel Garduño, Bertha Rendón Montealegre, Nadia Luz Lara Chávez, Jorge Gamboa Olea, Carlos Iván Arenas Ángeles, Rocía Bahena Ortiz, Juan Emilio Elizalde y Andrés Hipólito Prieto.  

Loa juzgadores esencialmente impugnaron la inconstitucionalidad del artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, que faculta al titular del TSJ conformar unilateralmente las ternas de los aspirantes a representar a los jueces y magistrados en la Junta de Administración, órgano que sustituyó al extinto Consejo de la Judicatura, pues a su consideración la facultad debe recaer en el Pleno como órgano máximo del Poder Judicial.  

Con excepción de Rocío Bahena y Carlos Iván Arenas, los magistrados reclamaron por la vía del amparo no haber sido considerados en la terna de magistrados. Otros de los argumentos es que no hubo quórum legal para llevar a cabo las designaciones e integración de la junta, y que la magistrada presidenta del TSJ, Carmen Cuevas, no rindió protesta como presidenta del nuevo órgano colegiado el pasado 3 de junio.

Cabe destacar que previo a estos amparos, la juez Mireya Díaz Cerón impugnó la designación de Alejandro Becerra Arroyo como representante de los juzgadores ante la junta, por no haber sido incluida en la terna, pese a que solicitó por escrito ser considerada,  y porque la designación recayó sobre una persona que presuntamente no cumplía el perfil, ya que no ejercía el cargo de juez porque estaba de licencia y desempeñando el cargo de coordinador de asesores y apoderado legal del TSJ.

A la juez se le concedió la suspensión para efecto de que Becerra Arroyo no ejerciera el cargo, sin embargo, funcionarios del Poder Judicial aseguran que no hay impedimento legal para que se desempeñe como represente de los jueces ante la junta.

Pese a que se pidió entrevista con la magistrada presidenta Carmen Cuevas López y Alejandro Becerra Arroyo, para abordar el efecto jurídico de la suspensión y obtener su versión, la solicitud ha sido denegada.