Ante crisis financiera, un grupo de magistrados pide al Congreso del estado investigar el uso de fondos durante la gestión de la presidenta María del Carmen Cuevas; se retrasó el pago de jubilaciones a pesar del suministro extraordinario de recursos.

Se pretende preparar a operadores y litigantes en torno a la extinción de las Juntas de Conciliación y la transición hacia salas especializadas en materia laboral.

Argumentan que la decisión es ilegal e inconstitucional.

Magistrados disidentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) promovieron un amparo contra la prórroga, por un año más, de la adscripción  asignada a los magistrados en 2019, por considerar que fue una decisión ilegal e inconstitucional.

Por oficio, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, comunicó que en sesión extraordinaria de Pleno de fecha 13 de diciembre de 2019, se determinó mantener las adscripciones de los magistrados hasta el 31 de diciembre de 2020, sin perjuicio de que durante el año puedan hacerse modificaciones.

En los casos de los magistrados Andrés Hipólito Prieto, Rocío Bahena Ortiz, Nadia Luz María Lara Chávez, Luis Jorge Gamboa Olea y Carlos Iván Arenas Ángeles, los juzgados de distrito Segundo, Tercero, Sexto y Noveno admitieron las demandas de amparo, mientras que en el caso del magistrado Ángel Garduño González, fue desechada por el Juzgado Primero de Distrito –por lo cual ya promovió recurso de queja- y en el caso de la magistrada, Bertha Rendón Montealegre, se le realizó una prevención.

Los magistrados inconformes consideraron ilegal la determinación de prorrogar por una año más las adscripciones, pues la decisión se tomó en una “sesión de Pleno” que no reunió el quórum de dos terceras partes de los magistrados del TSJ, como lo exige la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Ambos impugnaron en 2011 el concurso de oposición para la designación de 13 jueces orales.

El TSJ argumenta que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Un grupo de jueces y secretarios de acuerdos denunciaron que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no les pagó el aguinaldo completo, con el argumento de que no hay presupuesto para liquidar la prestación.

Los afectados pidieron el anonimato por el temor a represalias por parte de la magistrada presidenta del TSJ, María del Carmen Cuevas López, quien rechazó dar una solución al problema y condicionó el pago a que el Congreso sesione y resuelva el tema del presupuesto para este año.

De acuerdo con los juzgadores, no hay precedente en el Poder Judicial de adeudos en el pago del aguinaldo.  

“Este hecho jamás había ocurrido en el Poder Judicial y el argumento es que el presupuesto del 2019 se agotó y que pagarán con el presupuesto del 2020”, señalaron.

Explicaron que la administración del TSJ les insistió en que, de acuerdo con la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, el aguinaldo se les pagaría en dos partes, una en diciembre y otra en enero, pero esta normatividad no les es aplicable a estos funcionarios judiciales.

Instaron a la magistrada presidenta a cubrir la prestación a la brevedad posible, ya que, en teoría, el pago debía estar contemplado en el presupuesto de 2019 y no estar sujeto al presupuesto del siguiente año.

La Fiscalía Anticorrupción acusó a la exfuncionaria de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

Un juez federal ordenó la suspensión del procedimiento penal iniciado en contra  de la ex secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, a quien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) acusó de presuntas irregularidades durante su gestión en el sexenio pasado.

De acuerdo con el juicio de amparo 1971/2019, promovido por la defensa legal de la ex funcionaria, el Juez Octavo de Distrito del Decimoctavo Distrito admitió la demanda y concedió la medida cautelar que “ordena al juez la suspensión del procedimiento hasta en tanto se resuelva el presente juicio en lo principal”.

Y es que hace un par de semanas, la FECC logró que una sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) confirmara el auto de vinculación a proceso Patricia Izquierdo, Topilzin Contreras Macbeth, ex secretario de Desarrollo Sustentable,  y varios de sus ex colaboradores, por el supuesto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

A los ex servidores público se les acusó de haber pagado 34 millones de pesos a una empresa por la construcción de una planta valorizadora de residuos en el municipio de Jiutepec, la cual no fue terminada.

También los ex funcionarios enfrentan dos procesos más. Uno en el que la FECC los acusó de haber pagado más de 13.8 millones de pesos por otra planta recicladora en el municipio de Yautepec, cuya construcción quedó trunca; y otro relacionado con el pago de la demolición y construcción de la Escuela de Estudios Superiores (del Jicarero) en el municipio de Jojutla, por un monto superior a los 75 millones de pesos, a la empresa “fantasma” Ago Operaciones S.A. de C.V.  y cuya obra se otorgó directamente, sin licitación de por medio.

Sobre ésta última acusación, la fiscalía apeló ante la justicia federal el resolutivo de una sala del TSJ que determinó revocar el auto de vinculación a proceso dictado contra Izquierdo Medina, por considerar que no existieron indicios para imputarle el delito de ejercicio abusivo de funciones.  

A la exdiputada se le imputó el delito de peculado en agravio del Poder Legislativo.

El gobierno federal asignará presupuesto para implementar la reforma laboral.

El estado de Morelos estará entre las primeras entidades en implementar la reforma laboral, que básicamente consistirá en la extinción de las Juntas Federal y Locales de Conciliación y Arbitraje y el traspaso de la justicia laboral al Poder Judicial de la Federación y al Poder Judicial estatal.

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Carmen Verónica Cuevas López, informó que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Fernando Franco González gestionó presupuesto federal para las entidades que serán las primeras en la implementación de dicha reforma y estos recursos adicionales serán un aliciente para el tribunal local, que ya trabaja en el proyecto que se pidió a los estados para la transición de la justicia laboral a los tribunales de justicia locales.

 “Una noticia que tuvimos la semana pasada, una reunión con el ministro que está  encargado de la reforma laboral, en el sentido de que nosotros vamos a ser de los diez estados de la República que iniciamos la reforma laboral, que tenemos que tenerla establecida para octubre de 2020.

“Hay recursos federales que se van a establecer para cada estado y este fin de año, aunque salimos de vacaciones hacia los justiciables, pero nosotros internamente tenemos que hacer este programa de cómo se va ir gestionando para que ya nosotros arranquemos en octubre con la reforma laboral”, dijo.

Indicó que todavía no se sabe la cantidad de recursos que se entregará a cada estado, pero pese al recorte presupuestal se recibirán recursos ex profeso para aterrizar la reforma.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno (JPyG), Alejandra Flores Espinoza, reiteró que el Congreso del estado actuó apegado a la legalidad en torno a la ratificación de la magistrada del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Guillermina Jiménez Serafín.

La magistrada no podrá tomar posesión del cargo hasta que se resuelva el recurso interpuesto por el TSJ.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió la suspensión solicitada por el Poder Judicial del Estado de Morelos para efecto de que la recién ratificada por el Congreso local como “magistrada numeraria”, Guillermina Jiménez Serafín, no sea adscrita a sala y dada de alta en la nómina del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) hasta la resolución de la controversia constitucional 354/2019.

El tribunal constitucional concedió la suspensión porque “no estamos ante un supuesto donde la medida cautelar implique afectar sucesos consumados” y “el único efecto de la suspensión es que no se lleven a cabo los actos de instalación o adscripción y/o alta en nómina de la Magistrada hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto”.

En la controversia constitucional, la magistrada presidente del TSJ, Carmen Cuevas López, argumentó que la ratificación de Jiménez Serafín fue ilegal por tres razones.

La primera, se estableció en la demanda, porque el Congreso local realizó la designación sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución Política del Estado de Morelos.

Y es que ante la reciente polémica legislativa sobre si la mayoría eran 13 o 14 votos, hace unas semanas fue modificado el Reglamento Interior del Congreso local para establecer como mayoría calificada 13 votos, número con el cual fue ratificada la magistrada y cuya votación es cuestionada ante la SCJN, por considerar que “ello conllevaría transgredir la autonomía e independencia del Poder Judicial del Estado de Morelos, al obligársele a incorporar a una Magistrada que ha sido ratificada sin cumplir con la votación de las dos terceras partes que señala la Constitución”

Un segundo argumento, fue que una vez más el Poder Legislativo realizó una designación sin dotar al Poder Judicial de los recursos suficientes para hacer frente “al costo de dicha plaza”, que permanecía vacante desde el 11 de junio de 2014, cuando Jiménez Serafín solicitó licencia para separarse de la magistratura.

El tercer argumento de impugnación fue que Jiménez Serafín fue ratificada  como “magistrada numeraria” del TSJ por un periodo de ocho años, “sin que se haya satisfecho el requisito sine qua non que refiere el párrafo quintó de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, esto es, que haya desempeñado el cargo de magistrada supernumeraria por los seis años que se le fijaron para tal efecto”.

Y es que la magistrada había solicitado en 2014 licencia a su cargo para ocupar la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Judicatura, cuyo órgano desapareció tras la reforma judicial realizada por el Congreso local en diciembre de 2017.

A la postre, Jiménez Serafín litigó ante los tribunales, hasta obtener la protección de la justicia federal su derecho a ser evaluada para obtener su ratificación por un segundo y último periodo de ocho años como magistrada.

“Atento a lo solicitado, a las característica particulares del caso y a la naturaleza de los actos impugnados, sin prejuzgar respecto del fondo del asunto que será motivo de estudio de la sentencia que en su oportunidad se dicte y con el fin de preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente la situación jurídica, el derecho o el interés de la parte actora y evitar se le cause un daño irreparable, procede conceder la suspensión solicitada para que no se ejecuten los efectos del decreto reclamado, aprobado por el Congreso del Estado de Morelos en sesión de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve”, estableció la SCJN, cuya resolución mantendrá la tensa calma al interior del TSJ, cuyo Pleno esta fracturado.