Buscan evitar que se repitan hechos como el enfrentamiento ocurrido la madrugada del lunes entre policías y presuntos delincuentes, en el Hospital General de Tetecala.

El gobierno del estado e instituciones federales revisan los protocolos de seguridad en hospitales, para evitar que se repitan hechos como el de la madrugada del lunes, cuando un grupo armado, después de un enfrentamiento con policías, liberó del nosocomio de Tetecala a un hombre vinculado a proceso que se encontraba internado como paciente.

Además, se informó que once jueces son investigados, debido a la liberación de 64 personas que habían sido detenidas por secuestro.

El secretario de Gobierno Pablo Ojeda Cárdenas confirmó que en la madrugada del lunes una persona vinculada a proceso por secuestro se encontraba hospitalizada, luego salir herido al enfrentarse con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional el pasado 17 de enero. En esa ocasión resultó muerto uno de los presuntos delincuentes y el otro herido.

El lunes a temprana hora, un grupo de personas con armas de alto calibre y que viajaban a bordo de dos vehículos se presentó en el hospital de Tetecala, donde se enfrentaron con los dos guardias que custodiaban al enfermo y lo liberaron.

Al respecto, Ojeda Cárdenas dijo que en la mesa de coordinación para la seguridad y la paz se ha establecido el acuerdo de que todas las instituciones federales y locales coadyuvarán para revisar los protocolos de seguridad en hospitales y apoyarán en la vigilancia en esos casos, para prevenir que se registre de nueva cuenta una situación similar y que se ponga en riesgo a personal y usuarios de los hospitales.

Admitió que los custodios sólo eran dos, de tal manera que fueron rebasados en número por los atacantes, por lo que se tendrán que generar condiciones de seguridad en tales situaciones.

“Esta persona llevaba un mes en el centro hospitalario desde su detención e iba a ser trasladado a la Ciudad de México. Por su nivel de peligrosidad se consideró que con dos elementos era suficiente, pero claramente no lo fue, pero lo más importante es que ya se están tomando acciones”.

Explicó que por esta razón el pasado fin de semana se montó un operativo de fuerzas federales y estatales en el hospital general de Cuernavaca “José G. Parres”, donde estaba internado como paciente un hombre relacionado con los hechos en los que fueron privados de la vida dos elementos de la Fiscalía General de la República. Aseguró que en todos los casos donde haya heridos en condiciones similares se desplegará la presencia de elementos locales y federales para dar seguridad a las instituciones de salud.

En otro orden de ideas, el secretario de Gobierno informó que existe disposición para que todos los integrantes del gabinete acudan al Congreso del estado cuando sean requeridos a comparecencer para el análisis del informe de gobierno.

Respecto a las versiones no oficiales sobre posibles cambios en el gabinete, dijo que desconoce cualquier información relacionada. Comentó que esa decisión está en manos del gobernador y todos los servidores públicos se mantienen en constante evaluación.

Cuestionado en torno a la atención de la alerta de violencia de género, Ojeda Cárdenas mencionó que en la secretaría de Gobierno se reforzará este año el área encargada de ese tema y este año se va a crear la comisión estatal para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero no dio más detalles de este proyecto.

Pablo Ojeda expresó que hay 64 personas señaladas como secuestradores que fueron dejados en libertad en procedimientos judiciales “por error de criterio”,  pues esas resoluciones fueron revocadas en segunda instancias.

Mencionó que el Poder Ejecutivo hace un “respetuoso exhorto” al Poder Judicial, porque no es posible que se den liberaciones de personas que están relacionadas con delitos, sean puestos en libertad en juzgados y continúen delinquiendo. Apuntó que están bajo investigación once jueces por conductas como las ya expuestas.

Finalmente, el funcionario estatal informó que el viernes se llevará a cabo una reunión de alcaldes con legisladores para analizar el tema de las leyes de ingresos y, hasta donde tiene conocimiento, hay diez diputados que están dispuestos a aprobar modificaciones a dichas leyes.