Es necesario desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia, plantea el magistrado.

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia ((TJ), Carlos Iván Arenas Ángeles propuso reactivar paulatinamente las labores en la institución para desahogar asuntos prioritarios en la administración de justicia.

Señaló que la contingencia sanitaria por el covid-19, evidenció la escasa modernización y digitalización del Poder Judicial de Morelos, que ante situaciones excepcionales como la actual debería estar preparado para realizar juicios en línea y desahogar los procesos en curso con el uso de tecnologías de la información.

Expresó que la experiencia de la cuarentena debe ser analizada y considerada para reflexionar sobre la urgencia de revitalizar la administración de justicia y dar a los operadores nuevas herramientas tecnológicas que les permitan desarrollar su trabajo con eficiencia.

“Hoy más que nunca se pone en evidencia la falta de modernización del Tribunal Superior de Justicia, porque una formula eficaz en estos momentos serían los juicios en línea y la firma electrónica. Estamos llamados a reflexionar respecto a la urgente necesidad de implementar las herramientas tecnológicas en beneficio de la justicia”, dijo.

A unos días de fenecer el acuerdo por el cual el TSJ declaró la suspensión de labores hasta el 5 de mayo y ante la posibilidad de que el plazo se amplíe hasta el día 31 de ese mes -como lo ha determinado el gobierno de Morelos y otras instancias- consideró que el tribunal debe reanudar poco a poco sus actividades.

Lo anterior, con el fin de atender los juicios y procedimientos prioritarios o urgentes en materia penal, como el ejercicio de la acción penal con detenido; el ejercicio de la acción penal sin detenido por delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa; diligenciación de comunicaciones oficiales y exhortos necesarios para que resuelva sobre la situación jurídica; solicitudes de orden de cateo; la calificación de detenciones; las vinculaciones a proceso; la implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva; los procedimientos abreviados; la apelación contra autos de plazo constitucional que afecte la libertad; la ejecución penal, entre otras medidas urgentes.

También consideró necesario atender urgentemente los temas relacionados con la materia familiar, como son las resoluciones sobre la guardia y la custodia, y  las medidas provisionales en donde esté en riesgo los menores y los incapaces.

Dijo que la reactivación progresiva de la actividad jurisdiccional podría iniciarse con el personal mínimo indispensable y con todas las medidas sanitarias de protección.