De acuerdo con el índice de controversias constitucionales pendientes por resolver por el pleno del Alto Tribunal, fueron enlistados como casos en espera de discusión y resolución un total de 145 asuntos.

De éstos, 32 fueron promovidos en su mayoría por Ayuntamientos del estado de Morelos en contra de actos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, y representan el 22 por ciento de las controversias constitucionales que quedaron pendientes de resolver por el pleno de la SCJN.

Con excepción de la controversia constitucional 66/2009 iniciada por el Poder Judicial, todas las demás en lista de espera fueron promovidas principalmente por los municipios de Xochitepec, Zacatepec, Jiutepec, Puente de Ixtla, Ayala, Tepoztlán y Tlayacapan.

Entre los casos relevantes, destaca la controversia constitucional 60/2008 promovida por el municipio de Tepoztlán en contra del Poder Ejecutivo federal y la expedición del Reglamento de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados publicado en el Diario Oficial de la federación el 19 de marzo de 2008.

En este caso, el Ayuntamiento consideró que dicha disposición viola lo dispuesto por los artículos 1, 2, 4, 14, 16, 25, 27, 73, 89, 115, 131 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos al no haberse dado intervención a los pueblos y comunidades indígenas asentados en su territorio tanto en el proceso de elaboración como en el texto finalmente aprobado, y vulnerar, además, su esfera de competencia en materia ambiental. Asimismo, se impugnó el proceso legislativo en torno al tema del maíz transgénico.

Otra controversia importante por resolver es la 66/2009 promovida por el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Rosas Pérez, en contra de la designación del Congreso de seis magistrados que durante un año no pudieron ejercer sus funciones hasta que en julio pasado el pleno del SCJN revocó la suspensión que lo impedía.

Aunque algunos juristas pronostican que se confirmará el nombramiento de los magistrados, el Congreso del Estado decidió no designar a un magistrado más (para cubrir la vacante que dejó Rosas Pérez) hasta en tanto no se resuelva el asunto.

Asimismo, un número importante de las controversias promovidas por los municipios son contra los decretos emitidos por el Congreso local sobre pensiones y jubilaciones concedidas a trabajadores de los Ayuntamientos con cargo al erario municipal.

Controversias similares resueltas con anterioridad han dado la razón a los Ayuntamientos, pero particularmente el pasado 9 de noviembre el pleno –al resolver conjuntamente cinco controversias- invalidó los artículos 24 fracción XV, 56 y 57, último párrafo de la Ley del Servicio Civil del estado de Morelos que facultaban al Congreso local para fijar o aprobar los casos en que procedía otorgar el pago de pensiones de los trabajadores municipales con cargo al presupuesto del municipio, toda vez que es contrario al principio de libre administración presupuestal municipal.

En otros asuntos, los municipios impugnan la Ley del Transporte del estado de Morelos y la Ley de la Administración Pública estatal.